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Entre las PASO y la elección del próximo domingo 22 de octubre,  Argentina sufrió los vaivenes de un caso que estremeció a la sociedad. Nunca antes, como en los últimos 78 días, parte de la clase dirigente mostró sus miserias y utilizó a un joven desaparecido, para ganar una elección. Quiénes orquestaron la creación del mito de “la desaparición forzada” desde el minuto 1. Qué intereses escondieron. Cómo se organizó el gran engaño que le vendieron al mundo entero.

 

 

Los datos científicos señalaron que el cuerpo hallado el martes pasado en el río Chubut era Santiago Maldonado. Sin signos de violencia, posiblemente, su cuerpo estuvo más de 70 días en el mismo lugar en el que perdió la vida. Este portal adelantó, hace 45 días, que Maldonado podía haberse ahogado. No sabía nadar. Dato que nadie quiso advertir. Ni los testigos y supuestos compañeros de sus últimos días en este mundo a autoridades de un gobierno que tuvo impericia –al igual que la justicia- para resolver un intrincado caso que conmocionó al país.   

 

Lógica Binaria. Malos y buenos.

Nunca antes periodistas, comunicadores, políticos, dirigentes, militantes y una ex Presidenta estuvieron hermanados por la convicción de que el Estado de Derecho había desaparecido, de la noche a la mañana, llevándose a un joven llamado Santiago Maldonado. A pesar de que sólo existía un video que lo registraba el 31 de julio, día anterior de su desaparición, en el corte de la ruta 40 a la altura del Pu Lof, todos estaban convencidos que a Santiago se lo había llevado la Gendarmería Nacional por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien, a su vez, obedecía a Mauricio Macri. Pero, lo primero que se necesita para resolver un crimen, es un crimen. No había cuerpo ni sangre, fotos, videos o pruebas del “violento accionar de los gendarmes”. Ni siquiera un herido de bala de goma. Diez días después, en los escuadrones de Gendarmería en Esquel y El Bolsón los rastros de ADN de un pelo y un rastro de sangre, daban negativos. “Lavaron los camiones”, gritaron los comunicadores de un canal de noticias en el que, una de sus estrellas se lamentaba, detrás de cámara, que el gobierno de Cambiemos había pasado el agitado mes de marzo sin un solo muerto en las calles. “Pero ahora tienen su desaparecido”, festejaba delante de los caníbales irresponsables de partidos de izquierda que agitan el caos y juegan a la revolución con banderas negras con rostros de jóvenes asesinados en conflictos sociales. Cristina Fernández de Kirchner se olvidaba de “las víctimas del modelo M” y empezaba a preguntarse dónde estaba Santiago Maldonado. La preguntaba cruzaba los Andes, el Atlántico y la Puna.

La cara del joven artesano resurgía en todas las remeras. Escogida, ingeniosamente, una fotografía suya, mezcla entre Jesús y el Che como definió la colega Teresita Dussart, nacía el mito del joven idealista perseguido y desaparecido por un gobierno neoliberal, fascista y de derecha. Un rostro que hacía imposible encontrarlo pues la fotografía estaba retocada y desactualizada. Vaya a saber por qué motivos, Sergio, su hermano mayor, compró desde el primer momento la versión de un sector minúsculo de los mapuches argentinos. Mapuches repentinos que dos años atrás salían a bailar en Palermo Soho, comían sushi, le cantaban el feliz cumpleaños a Cumbio mientras actualizaban su fotolog, se disfrazaban de tangueros o mostraban su rebeldía imitando a los británicos The Clash. “En el 2015 nos corrieron a nosotros, a Jones Huala nadie lo conocía” explicó en Ahora es Nuestra la Ciudad, Jessica Cayecul oriunda de la zona.       http://argentinatoday.org/2017/01/26/en-cushamen-nadie-lo-conoce-a-jones-huala-porque-no-es-del-lugar/ Cayecul confesó algo imperdonable para muchos: “Si a Santiago le pasó algo en la protesta, Jones Huala es responsable”.

 

MALDOMUJER

 

La familia de Cayecul reclamaba por sus tierras desde hacía décadas. No simpatizaba con ningún gobierno pero desconfiaba de la repentina revolución violenta de la familia de Facundo Jones Huala, detenido por el mismo juez Guido Otranto que había impedido su extradición al vecino país de Chile. Tan “promapuche” había sido el juez que el gobernador chubutense, Mario Das Neves, lo denunció por mal desempeño acusándole de ser “un oportunista de La Cámpora”. Meses después, ante la tarea más difícil de su vida, Otranto cometió el pecado de decir la posible, triste y desilusionante verdad: “Maldonado pudo ahogarse”.

El 12 de septiembre, Periodismo y Punto publicó el testimonio de un familiar de Santiago que recordó el día que casi se ahoga en unas vacaciones y recordó que Maldonado no sabía nadar. Alicia Panero y Sebastián Turtora fueron los “canallas” que se animaron a contarlo.

http://www.periodismoypunto.com.ar/index.php/investigaciones/270-audios-santiago-maldonado-como-nunca-lo-viste-habla-su-amigo-de-la-infancia-por-primera-vez.

Pero esa no podía ser la verdad. No. Horacio Verbitsky alimentaba las afiebradas mentes que necesitaban alimentar el odio hacia un gobierno opresor que “persigue al que piensa distinto” como denunciaba la mujer que se candidateaba a senadora para gambetear la cárcel y el fin de su interminable carrera política.

  

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¿En qué se basaban? Se lo pregunté a Facundo Jones Huala en “Liberman en Línea”. Sus respuestas cayeron en slogans repetidos. “Quieren perseguirnos, gobiernan para los ricos, el pueblo se levantará contra estos fachos neoliberales, Santiago era un anarquista”. ¿Pero cuándo y cómo se conocieron? Jones Huala jamás quiso responder esa pregunta. A mediados de septiembre, el grueso del periodismo argentino había dictaminado que el Estado, por acción u omisión, era culpable. Lo discutí con varios colegas de renombre. Los gendarmes que ganan sueldos miserables no podían tener voz. Son contados los programas que relataron su versión. Canales de televisión, uno de ellos,  propiedad de un empresario procesado por evadir millones de pesos al fisco, sólo daban voz y voto a un pequeño grupo de mapuches que se habían adueñado del colectivo de los pueblos originarios. Matías Santana, o el joven que dice llamarse así, cambiaba su relato sobre la marcha. De la corrida hacia el río pasó a divisar con sus binoculares que, después perdió, vendió o permutó (según su estado de ánimo),  cómo golpeaban al compañero Santiago para subirlo a una camioneta de gendarmería rumbo a Esquel. Santana es sobrino de Jones Huala, el único protagonista de esta historia que tenía un interés concreto en culpar al Estado y que conseguía lo que antes no había obtenido a pesar de protestas violentas, cortes de ruta, incendios de campos y delitos varios: Presencia en los medios e instalar su lucha. Nadie explicaba cómo un artesano había logrado ingresar al RAM y a una comunidad en la que sólo la familia Huala y un pequeño grupo de su extrema confianza, pertenecían.

 

Todos ellos tuvieron, desde el primer momento, una aversión por la presencia de la justicia en esa tierra sagrada atravesada por un caudaloso y helado río Chubut. Lo más conveniente, para resolver un intrincado caso policial, es mirar y escuchar los dichos de los testigos en las primeras 72 horas.

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Ariel Garzi es un personaje clave. Fue uno de los que posibilitaron que Maldonado estuviese casi tres meses desaparecidos. Desviaron la investigación en sincronía con los integrantes de la comunidad Pu Lof que recibían órdenes del detenido Jones Huala. Garzi inventó que era un testigo de identidad reservada. Obvió mencionar que había estado detenido con el hermano menor de Huala, Nicolás. “La causa de los siete” –otros siete detenidos por disturbios varios que provocó el terror en el sur patagónico- estaba integrado por los hermanos Seguí, el “docente” Gustavo Jaime y la familia Huala.

Buchili Jose Luis

Huetelaf Ivana Noemi

Gustavo Jaime

Daniela Gonzalez

Huencapan Javier

Huenchupan Ruiz Javier

Pablo Y Gonzalo Segui

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Garzi posteó en Facebook que lamentaba que Santiago no había podido atravesar el río a pesar de la ayuda de “Peque” –¿será el famoso arrepentido?- pero, a pesar de tener esa información relató otra historia ante el juez Otranto: A Santiago se lo llevó la Gendarmería. Al igual que los hermanos Seguí, Garzi era un ferviente simpatizante del kirchnerismo y tenía relación con el partido de Martín Sabbatella. Todos se conocían previamente al corte del 31 de julio y el del fatídico día siguiente.

 

GARZI

 

El 27 de julio, fueron a ver a una banda musical en El Bolsón donde tocaban los Seguí. Allí dice haber visto, la docente Adriana Dory Baigorria, al joven artesano. Ella, junto con Fausto Jones Huala, Andrea Yanina Millañanco –pariente de un ex concejal del FPV y pareja del detenido Jones Huala- y Alejandro Morales Godoy, salieron del país en un Renault Sandero AA866ZB, rumbo a Chile. Ocurrió el 15 de octubre. Regresaron raudamente, dos días después, cuando les avisaron que alguien se había quebrado, dentro de la comunidad, y había informado dónde estaba el cuerpo sin vida de Maldonado. Es la información que tenía Elisa Carrio, por la que creía que el artesano podía estar en el país trasandino. Le habían vendido pescado podrido. La dirigente que buscaba a Maldonado con vida mientras otros hacían política con su desaparición y posible muerte, hoy desconfía de que la falsa información haya salido de su propio gobierno para deslegitimarla. Miserias de la irresponsable política local.

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Garzi fue el autor de la llamada al celular chileno de Maldonado, un día después de que –según su posteo en Facebook- había visto como su amigo no había podido cruzar el río. ¿Para qué plantó esa llamada? ¿Participó en las pruebas introducidas en la comunidad mapuche como ropa que supuestamente Maldonado había usado en El Bolsón? ¿Quién es capaz de ir a buscar pertenencias de un amigo desaparecido a su casa ese 2 de agosto en el que aún nadie lo buscaba? En esa única y primer llamada al celular de Maldonado, Garzi dice que escuchó, en 22 segundos, los pasos de las botas de un uniformado. La familia Maldonado no conocía a eserepentino amigo.  Él sí conocía a Claudina Inés Pilquiman, mujer que declaró que un grupo de gendarmes cargaron un bulto a una camioneta. Los presentadores de C5N trataban de disimular las increíbles contradicciones que expresaban sus fuentes de información. Elizabeth Loncopan, la agresora de Otranto y protagonista de la toma de la municipalidad de Esquel, le contó a Víctor Hugo Morales que habían rastrillado la zona del río Chubut buscando a Maldonado pero … que se lo había llevado la Gendarmería. ¿Si se lo llevó, para qué lo buscaban en los primeros días de agosto en los márgenes del río? El plan de encubrimiento estaba en marcha…

 

 

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El lugar donde yacía Santiago sin vida, resultaba inexpugnable para el Estado argentino. Sin embargo, fue ese Estado el que lo encontró por la valiosa información recibida por parte de un integrante de la comunidad Pu Lof de forma anónima. El entorno de Jones Huala no quiso colaborar con el saliente juez Otranto ni con su sucesor. Soraya Guitart, referente de la comunidad elegida vaya a saber de qué forma, se negó a dar los nombres de los encapuchados que habían participado del corte del 1 de agosto y que, posiblemente, habían visto por última vez a Maldonado. “Tengo que consultarlo con el CELS”.

 

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El Centro de Estudios Legales y Sociales parece funcionar como un centro de inteligencia paraestatal, ideólogo de dudosas denuncias contra el gobierno actual, otrora condescendiente del democrático gobierno de Sergio Berni, el proyecto X, César Milani, Jaime Stiuso y Fernando Pocino. Mientras que la progresía internacional –y gran parte de nuestro querido periodismo- debate si en Venezuela se violan los derechos humanos, en la Argentina se había decretado, desde el día 1, que el Estado era responsable por la desaparición de un ciudadano argentino. Misma conclusión arribó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, Victoria Donda, desde el primer momento. Sus certezas no tuvieron el mismo peso ante la multiplicidad de denuncias contra Milagro Sala que escuchó, personalmente, de sus víctimas.

La mal llamada ideología no resuelve un crimen –haya o no existido. Se da de frente contra el sentido común que no comprende en qué le podía convenir a un gobierno que tenía ganadas las elecciones de medio término descubrir el cuerpo sin vida a cinco días de una votación trascendental. La falsa ideologización de nuestra profesión invitó a decenas de colegas a abrazarse a la teoría del Estado opresor y de una Gendarmería sedienta de muerte equiparándola con las Fuerzas Armadas de Videla y compañía. Otra vez, los “buenos” de la sociedad, repitieron frases hechas y argumentos vacíos. Todo aquel que trató de informar, cuestionar sus fuentes de desinformación, fueron unos malnacidos, insensibles que no se ponían en el lugar de la familia de Santiago. Extraña sensibilidad ante la víctima que durante 12 años no supieron o quisieron tener ante los muertos de la interminable “década ganada”. Allí esperan respuestas Ledo, Alberto Nisman, Cromañon, Arruga, los inundados de La Plata, los caídos en la represión de los saqueos en Tucumán del 2013, los masacrados en el Parque Indoamericano o los 52 muertos en Once. Doble moral. La muerte de Santiago es el peor final. Para los que buscaron la verdad, sea quien sea el responsable y/o asesino, y para los otros: Los que lucraron con él.

 

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla

 

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Por primera vez hablan empresarios que fueron hostigados durante años por supuestos agentes de inteligencia, denunciantes crónicos y serviciales operadores mediáticos. Así funcionaba la red del apriete.
En septiembre pasado, el autoexiliado Mariano Martínez Rojas denunció desde Estados Unidos la trama oculta de la aduana paralela durante el kirchnerismo. Lo que ocultó relatar ante la prensa era cómo algunos empresarios entraban o salían de sus comprometedoras denuncias. Es el caso de Clemente Zavaleta, marido de una de las trillizas de oro. El marido de María Emilia grabó el mensaje previo al escarmiento público que recibió del arrepentido K: “Acordate que sé dónde vivís, qué hacés, adónde vas y adónde venís". Zavaleta no dudó en denunciarlo en la justicia. El Juzgado de Instrucción Nº15 investiga el hecho. Karina Zuconi y la Fiscalía Nº4 también investiga si otros empresarios como Luis Malek Fara o el dueño de una clínica en Belgrano, Roberto Erusalimsky, también fueron sus víctimas.
Uno de ellos relata a PeriodismoyPunto: “Antes de aparecer en sus denuncias, me llamó y me advirtió que si no ponía tanta guita la pasaría mal. Lo llamativo es que, antes de aparecer mi nombre en la fiscalía dos periodistas ya lo habían publicado”. Los medios son de tirada nacional. Las denuncias nunca se confirmaron en la justicia. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie sabe qué empresarios sí aceptaron las reglas del juego y pagaron lo que les exigían.
Erusalimsky, investigado por la causa conocida como “la ruta del dinero K” sufrió otros aprietes similares. La mano negra de los servicios de inteligencia residuales lo acosaba. Leonardo Fariña, el primer y único arrepentido de la corrupción kirchnerista, admitió el manejo oscuro de la red de extorsionadores. “A Fariña no le creo porque me llamaron de su parte para pedirme medio palo. Les dije que no y ahora no duermo esperando cuándo me va a ensuciar”. El que habla es uno de los contratistas más importantes del país. Ese rumor circuló en decenas de los pasillos de las empresas de obra pública del país. A fines del año pasado, Fariña relató ante las cámaras de TN a un grupo de abogados y servicios de inteligencia residual que extorsionaban en su nombre. Horas antes le había exigido la renuncia a sus abogados defensores: Giselle Robles y el oculto Franco Bindi. El ex juez Luis Yrimia, denunciado por el fiscal Alberto Nisman antes de morir, también sufrió “la red de la extorsión”. Su nombre apareció mencionado en una de las tantas escuchas realizadas por Jorge Yussuf Khalil.
Otro de los empresarios que denunció ante el juez Luis Rodríguez y el fiscal Guillermo Marijuan que lo estaban extorsionando fue el titular del Grupo Emerger. A Mario Clemente le advirtieron que le harían la maldad de escracharlo en los medios si se negaba a aportar una jugosa suma de dinero. Dos periodistas oficiaron de mensajeros. Su nombre apareció en los medios obviando un dato clave: Clemente había sido sobreseído, previamente, por la justicia argentina, en la causa que lo investigaba por lavado de activos. Más aún, la causa por la que el empresario rosarino había sido sobreseido se había basado en una publicación periodística que la justicia le reconoció que no tenía sustento alguno. Otra vez, el mismo modus operandi: informante trucho que enloda a una víctima con importante poder adquisitivo, la información llega a la prensa, se abre una causa judicial que no prospera aunque el acoso continúa.
A los extorsionadores del titular de Grupo Emerger, poco les importó. Conocían sus movimientos financieros y negocios. “Ellos saben cómo y a quién apretar” confiesa uno de los arrepentidos que conoció por dentro el manejo. “Cuentan con información preferencial y saben cómo ensuciar a una persona hasta llevarlo al límite de la locura” concluye.
Otro caso fue el de los dueños de la Joyería Homero de Patio Bullrich. Lucía Adams y Juan Ignacio Pereyra sufrieron las intimidaciones de Mariano Martínez Rojas. El local recibió cheques falsos del empresario mediático. Fue la puerta de entrada al engaño. En uno de los audios presentados en la justicia, Rojas le dijo a Pereyra: "Che, Juani. yo te quiero comentar una cosita porque parece que no estamos muy claros todavía. Si me vas a poner ladrón, por lo menos tenés que tener las pelotas para venir y decírmelo en la jeta. Y aguantarte lo que te venga después, ¿ok? Cuando quieras decime y si no podés venir te busco, ¿está? Y si no sentate a charlar como una persona, que te dije 20 veces que te sientes a charlar... Y no atrás de una mujer, como hacés siempre estando atrás de tu mujer. ¿Escuchaste? Conmigo tenés que tener pelotas. No te confundas. Estás totalmente equivocado. Acordate que sé dónde vivís, qué hacés, adónde vas, adónde venís. ¿ok?"
En Corrientes, localidad en la que nació Martínez Rojas, tiene dos causas por estafas iniciadas por vendedores de autos de alta gama, Ricardo Sodo Toranzo y Pedro Kaenel. No fueron los únicos.
 
Por Ricardo Vázquez 
Especial para Periodismo y Punto
 

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La empresa contratista del Estado más beneficiada de San Luis, durante el kirchnerismo, fue Rovella Carranza. Ubicada en el puesto Nº12 de la obra pública según Cristina Kirchner, Mario Ludovico Rovella supo enlazar una relación estrecha con Andrés Galera, supuesto valijero de José López. Los hermanos Rodríguez Saá, Alberto y Adolfo, fueron suaves críticos de los Kirchner. En materia de obra pública se llevaban muy bien con el ministerio de Planificación. Lo hacían a través de Galera. De Vido aceptaba que el empresario favorito de la provincia se quedase con importantes licitaciones como la construcción del parque La Pedrera en Villa Mercedes–con un valor de 2.000 millones de pesos- a diques, planes de vivienda, puentes, rutas como la 3 en Buenos Aires y la casa de gobierno y parque cívico de la provincia conocida como “Terrazas de Portezuelo”. Construyeron una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto internacional de las Cataratas del Iguazú en Misiones, represas y diques en San Luis, y tramos de la ruta 40 y de la ruta 71, en el recorrido que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. También ganaron la licitación para la pista con estándares de seguridad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), diseñada en Villa Mercedes para la Fórmula 1.

Según las investigaciones del diputado provincial Alejandro Cacace, opositor a los Saá, la firma amiga del poder se “caracterizaba por la falta de competencia” que el propio José López se encargaba de llevar a cabo. Fuentes políticas  sospechan que el secretario y algunos de colaboradores habrían utilizado a esta empresa para hacer sus propios negocios, asegurándole los mencionados concursos como pagos de certificados realizados, incluso, antes de su vencimiento. Las otras empresas más beneficiadas fueron Green y Alquimac.

El nombre de la empresa remite a sus dos creadores. Sin embargo, Carranza se alejó a fines del siglo XX para crear Premoldeado San Luis. Rovella es oriundo de La Toma. Incursionó en el mercado de la obra pública con el monumento puntano a la Independencia. Según Cacace, es un “protagonista de la carterización de la obra pública de San Luis”. El salto económico de su firma se dio cuando se privatizó la distribución eléctrica en su provincia. Entre Exxel Group y Panamerican Energy, Rovella terminó ganando gracias al lobby de los Rodriguez Saa a su favor. Según fuentes consultadas, “del tema se conversó en Casa Rosada con Néstor Kirchner que acababa de asumir la Presidencia”. Adolfo y Alberto se caracterizan por negociar a corto plazo, no hacen “obediencia debida ni se oponen fuertemente a ningún gobierno”. Para Cacace, los dueños de la empresa “no son testaferros de nadie sino que demuestran la relación política que existió entre el kirchnerismo y los hermanos Saá”. En el 2016, la empresa fue allanada, justamente por estas sospechas.

Uno de los motivos era la investigación por la repavimentación de la ruta 7 que es de juridiscción nacional pero, a través de un convenio, entre Cristina Kirchner y los Saá, la provincia se hizo cargo mientras que la Nación le pagaba los certificados de obra. El precio por kilómetro cuadrado superó los estándares normales. En la firma del convenio participó el Estudio Barra -del ex ministro de Justicia de Carlos Menem, Rodolfo Barra- junto con Carlos Cernese “un todoterreno de Saá” según Cacace. Cernese fue secretario de inteligencia durante el breve período de Adolfo Rodríguez Saá en Casa Rosada. Cernese habría cobrado como gestor honorarios por el 4% del total de la obra; o sea 25 millones de pesos.

En el año 2010, Alberto Rodríguez Saá dispuso el pago de 285 millones de pesos a Rovella Carranza para hacer dos diques con fondos nacionales, pese a que la empresa Merco Vial, adjudicataria inicial de la obra, había ofrecido realizarlas por 130 millones de pesos, cuatro años atrás. La adjudicataria empezó las labores pero, más tarde, el gobierno provincial, desfinanció la obra. Los sobreprecios solo pueden ser razonados por un fuerte vínculo político. Cuando la empresa Merco Vial realizó presentaciones judiciales para reclamar su indemnización, el gobierno provincial la denunció y, por si fuera poco, el gobierno nacional, pagó los platos rotos. ¿Por qué los hermanos Rodríguez Saá pagarían el doble por una obra? ¿Por qué el gobierno nacional, supuestamente enfrentado con la provincia, aceptaría el sobreprecio aceptando avanzar con esa obra?

Ese año -2006-, Rovella Carranza figuraba entre las 30 empresas más importantes de las obras públicas otorgadas por el gobierno anterior. Ascendería hasta el puesto 11. El 1 de Noviembre de 2015, entre las propuestas políticas de Cambiemos, se habló espefícificamente de la obra pública y de José López. Los diputados radicales de San Luis, sospechaban de sus vínculos con la empresa puntana, investigación judicial que dormía el juez Daniel Rafecas. En 11 años, recibió contratos por casi $ 17.000 millones. En los últimos años, Rovella Carranza salió de la provincia y construyó en Formosa, La Rioja, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y Chubut, provincias gobernadas por el FPV. Una de las obras más polémicas de la actualidad es la ruta La Rioja-Chilecito, con un valor de 5.700 millones de pesos. El fiscal, Federico Delgado, sospecha que la relación Rovella-López no sólo es de amistad. Cree que López podría haber sido quien, en las sombras, manejaba la firma.

De Panamá al metrobús porteño

Cuando dejó el poder, el kirchnerismo festejó la aparición de los Panamá Papers. Eran la excusa perfecta para enlodar a todos y equiparar la supuesta evasión impositiva de la familia Macri con los sobreprecios en la obra pública, los bolsos voladores y los videos en “la Rosadita”. Pero en la fiesta panameña también aparecían dos empresarios puntanos: Mario Rovella y Carlos Arroyo de la constructora Green, ambos con sociedades offshore a partir de la información filtrada de Mossack Fonseca & Co.

Rovella es propietario de la empresa Bohemian Victory LLC con domicilio en Florida, más precisamente en 1.000 Brickell Avenue, 400, Miami, FL 33131. En el caso de Arroyo, es Director de la empresa Compañía Skyros SA, donde Julián Arroyo y Víctor Adrián Arroyo tienen el mismo cargo de Director; como Agente figura el estudio Mossack Fonseca & Co; y como Suscriptor a Winsley Inc. La diferencia con el Presidente, es que en las empresas de Rovella, ellos fueron accionistas. Vale recordar que Mario Rovella, no solo es dueño de la constructora que lleva su nombre, sino también de la distribuidora eléctrica Edesal que brinda el servicio eléctrico a la provincia de San Luis. Rovella Carranza es controlante de Edesal Holding, la empresa distribuidora de electricidad de San Luis, que fue la primera empresa de energía eléctrica privatizada en el interior del país. Tiene el 78,44% de las acciones de la distribuidora eléctrica, mientras que el resto está en manos del Anses y otra pequeña porción en otros grupos inversores. Actualmente, Rovella Carranza ya no se presenta como una simple constructora sino como holding de empresas dedicadas al petróleo, la energía, la cría de ganado bovino, el agro y el negocio inmobiliario merced a la gran cantidad de torres y edificios levantados en la capital puntana. El vicepresidente de la firma es León Zakalik. Sus directores son Nidia Valeria Arena Gómez, Diego Omar Gerlo, Guillermo Luzza y Miguel Ángel JeanMaire y Fabricio Cattaneo. Su génesis empresarial se remonta al año 2001 cuando realizaron las primeras obras de bacheo y repavimentación en San Luis. Luego llegaría la construcción de una planta de efluentes y del sistema cloacal en La Punta.

Hoy, la supuesta protección política al empresario es denunciada por Cambiemos en la Cámara de diputados local. Durante esas sesiones el Frente Para La Victoria se cayó la boca. Misma actitud tuvo el partido Compromiso Federal de los Saá. 

Alejandro Cacace, jefe de bloque de Cambiemos, recuerda la reticencia del poder político de su provincia para responder a su pedido de informes para que se diera a conocer quiénes eran, realmente, los miembros del directorio de Rovella Carranza. Ese escrito, provocó que los hermanos Rodríguez Saá aumentasen sus críticas contra el gobierno de Macri generando una inocultable tensión entre ambos gobiernos.

Cacace está convencido que "la expansión económica de esta firma en los últimos años no hubiera sido posible sin contar con estrechos e interesados vínculos con los hermanos Rodríguez Saá que manejan la provincia de San Luis. Lo  hicieron con el consentimiento del kirchnerismo". Para el diputado nacional del PRO, Walter Oio, la ruta 7 que va de la ciudad de Fraga a Desaguadero, incluye 120 km que debían realizarse “mantenimientos que costaron 900 millones de pesos. Implicaban un fresado de la superficie asfáltica y la colocación de cinco centímetros de carpeta asfáltica. Ese trabajo, en el peor escenario, podía costar dos millones de pesos el kilómetro”. Costó mucho más. Agrega que “con esos 600 millones de diferencia que hay podríamos haber construido 1.200 viviendas a lo largo de la ruta".

La información oficial dice que en total son más de 43 los proyectos aprobados y llevados a cabo por Rovella Carranza en San Luis. A la lista de obras se agregan: El aeropuerto regional Santa Rosa, puente colgante sobre el Dique Paso de Las Carretas, puente carretero sobre el Río V, la Presa en boca del Río Sierra de los Comechingones, el acueducto Nogolí, el canal revestido Paso de Las Carretas y un complejo penitenciario de Seguridad Mixta “Pampa de Las Salinas”. El negocio pudo construirse durante años por la complicidad necesaria en Vialidad Nacional. Según Cacace, en San Luis operaba el hijo de Gladys Bailar de Solari, ex ministra de los Saá. Actualmente, Alberto Rodríguez Saá tiene su casa en El Durazno. Cuentan sus vecinos que decidió expropiar 200 hectáreas para crear la municipalidad de Estancia Grande. Así construyó una escuela y un hospital ubicado a 20 kilómetros de la capital de San Luis. La familia del ex diputado nacional, Rafael Flores, fue a la justicia ya que tenían unos terrenos en la zona. Recuerdan que apareció un emisario de parte de Rovella Carranza para comprar sus tierras. “Nos querían arreglar”. Tuvieron que vender las tierras. “Nunca supimos a nombre de quién estaba ese campo” recuerda Flores. Rovella lo habría comprado a nombre de un tercero.   

La influencia de Rovella fue tan grande que llegó a la ciudad de Buenos Aires gobernada por el opositor Mauricio Macri. Su holding participó en el Metrobus porteño construido sobre la avenida 9 de Julio. Intervino en la obra por 26.171.151 de dólares e incluyó el uso de 3.020 toneladas de concreto asfáltico, según el testimonio de su dueño. 

 

 

Por Luis Gasulla

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Autor de El negocio político de la obra pública (Sudamericana 2017)

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Tras la detención del jefe de la delegación de UOCRA La Plata, Juan Pablo "Pata Medina", acusado de extorsionar empresarios de la construcción y lavar dinero en empresas fantasma, el castillo de naipes se empezó a desmoronar. Pero faltaba uno de sus grandes socios comerciales: Horacio Homs, el "Pata" mendocino. Cómo anticipaba su entrega a la justicia en las redes sociales, después de estar prófugo.

Bajo la lupa de la justicia está Abril Catering, la empresa vinculada al Pata Medina y acusada de lavar fondos obtenidos ilícitamente. Sus directivos son, entre otros, Homs, su mujer Gabriela Masselos y Liliana Frontan. La compañía, además, tenía a su nombre vehículos de alta gama, camiones utilitarios, un avión y un barco. Sorprenden los autos de alta gama de Abril, entre ellos un Mercedes Benz valuado en 2.000.000 $, semiremolques, una Toyota Hilux y un Jeep Grand Cherokee de 1.000.000 $.

 

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El empresario gastronómico junto a Julio Cobos, ex-vicepresidente.

 

La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, sostuvo que los fondos de Abril Catering provenían de maniobras financieras ilegales y extorsiones de Medina y su pareja, María Fabiola García, que figura como socia de Abril.

Horacio "Hory" Homs tiene fuerte participación en negocios gastronómicos en Mendoza, es el socio y presunto testaferro del jefe de la UOCRA en aquella provincia.

 

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El empresario con el "doble" de José López, el ex funcionario K detenido. Ironías del destino.

 

Más empresas. El matrimonio de Mendoza, Homs y Masselos, regentean H Pizza y el restaurant Pulpería La Filomena, según lo publicado en la red social Twitter por el periodista de TN Marcos Álvarez. Además son dueños de Aprile Gelato, -heladería y restaurant- con sede en Mendoza, City Bell y Capital Federal. Aprile y Pulpería la Filomena organizan eventos y fiestas.

El "Pata" cuyano deberá dar explicaciones y probar si puede justificar su fortuna.

 

Sebastián Turtora

 

 

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 Maurice Closs junto a la ex-presidenta CFK.

 

El negocio político de la obra pública llegó a Misiones. Allí, su ex gobernador, Maurice Closs, controla a través de su empresario insignia, Carlos Enríquez, la concesión más jugosa de toda la provincia: Las Pasarelas de las Cataratas del Iguazú. El rol de dos financistas de la city porteña de Arpenta.

Hubo un tiempo en que el negocio de la obra pública, en la provincia de las tierras coloradas, pasaba por sólo un par de manos: Maurice Closs y su empresario favorito. El actual diputado nacional y candidato a senador por el kirchnerismo, nació el 10 de junio de 1971 en Aristóbulo del Valle. Abogado y empresario, presidió la juventud radical en los últimos cuatro años del siglo pasado pero comenzó a jugar en las grandes ligas de la política misionera cuando asumió la jefatura de gabinete del ex gobernador, el ingeniero Carlos Rovira. Fue senador a los 35 años. A los 37, ya era gobernador. En el 2011, sería reelecto con el 75% de los votos. Lo tenía todo. Su familia es dueña del grupo Valle. Su sede principal está ubicada en el pueblo natal de Maurice. Entre las empresas que conforman en grupo económico del “estadista” se encuentran Petrovalle SAT -dedicada al transporte -, Petrovalle SA -concesionaria de YPF- y principal distribuidor de combustible en Misiones, Macovalle, venta de materiales de construcción y representante local de Loma Negra. Pero la gran contratista de obra pública durante su gestión pertenece a Carlos Enríquez (Carlos Enríquez SA). Closs fue uno de los gobernadores preferidos de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante su gestión, proliferaron los negocios turísticos. El símbolo de Misiones son las cataratas del Iguazú con sus pasarelas. La familia de Closs es dueña del lujoso hotel Amerian en Puerto Iguazú y, desde hace diez años, de la concesión que explota  una de las maravillas naturales más sorprendentes de América Latina: Las Cataratas del Iguazú. Todo lo que allí se factura -merchandising, comidas, refrigerios, fotografías, videos, excursiones, remeras y accesorios sumados a las costosas entradas que se pagan a precios internacionales- pasa por los dueños de la concesión. Se trata de una facturación estimada en 50 millones de dólares.

El boletín oficial del 21 de diciembre del 2004 –durante la presidencia de Néstor Kirchner que ensayaba la reelección con Carlos Rovira-, no miente. Esa tarde se modificó la estructura original de la concesión de las pasarelas de las Cataratas. Carlos Enríquez pasó a controlar el 41,0013%, Petrovalle –familia Closs- 21,2751%, Soleil Tour SRL (2,7024%), Mario Alberto Santacruz (2,5486%), Miguel Eduardo Iribarne (12,650782005%), Héctor Luis Scasserra (el mismo porcentaje que su socio en Arpenta), Edgar Manuel Sosa (0,50056%), Claudio Blaistein (1,11590799%) y Juan Lucas Geofredo (el 1,076928 % restante). Iribarne y Scasserra son los ex socios del fallecido, en circunstancias aún no esclarecidas, Aldo Ducler. ¿Qué hacían los ex financistas que manejaron los fondos de Santa Cruz en Misiones?. Plata.  

 

 

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Nueve años después, los pocos opositores que resistían al “vamos por todo” del gobernador Closs, denunciaban que sólo el 7% de los ingresos por el negocio turístico de las Cataratas quedaban en Misiones. Closs nacionalizaba la promoción de las Cataratas con fondos públicos pero las ganancias se las llevaba un privado: Él mismo. En Puerto Iguazú aún no hay agua potable. Al dejar la gobernación, Closs siguió manejando el negocio de ambos lados del mostrador. Asumió como Presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Ya gobernaba Mauricio Macri. El tarifazo fue la excusa perfecta para aumentar el valor del ingreso el acceso a las Cataratas: la entrada general pasó de 260 pesos a 330. El 93% de lo recaudado se lo lleva la firma Iguazú Argentina SA.

 

CATARATAS

Belleza natural. En manos del hombre fuerte del kirchnerismo en Misiones.

 

El “gobernador hotelero” como lo llamaba La Política Online, cinco años atrás, monopolizaba los alojamientos de Puerto Iguazú. Además del Amerian, en el 2012, adquirió en seis millones de dólares el hotel Continental de Posadas. Su hermano, Omar, era el artífice de la transacción con la tradicional familia Radzichowsky. Frente a sus habitaciones, lo saludaba el gobernador desde LA Rosadita.

Otra de las contratistas ganadoras durante sus años como gobernador fue Spotorno SA, propiedad de Nelson Spotorno, padre de su mujer Roxana. Asociada con una compañía francesa, la firma se quedó con la señalización inteligente de la capital misionera. Construyó el Palacio de Justicia, el Hospital Madariaga en Posadas que se licitó por 10 millones pero costó el doble, el Teatro Lírico que inauguró Cristina en videoconferencia y viviendas sociales. Ramón, su padre, constituyó la sociedad que explota las Cataratas desde 1998, La formó con sólo 120 mil pesos.

En el 2001, los diarios misioneros relataron la negativa del gobierno local de integrar a Mercado Abierto en la concesión de las Cataratas. El apellido Ducler era mala palabra. Sin embargo, sus socios aparecerían en las acciones. Una década después, la financiera de Iribarne y Scasserra sería allanada por la AFIP. Los sabuesos de Echegaray se llevarían una sugestiva carpeta ilustrada por las Cataratas.

 

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla   

          

 

 

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