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A principios de 2017 la ciudad de La Plata quedó convulsionada por la detención del hermano de Pablo Bruera, el ex-jefe comunal platense. Se trata de Mariano Bruera, que ocupó un cargo en la Secretaria de Gestión Integral de Residuos y Mantenimiento Urbano. Está acusado de asociación ilícita y coimas junto a otros funcionarios. Pero sus problemas tienen un respiro: hace pocos días fue liberado en medio de un escándalo judicial.

 

En 2014 un vecino denunció que le pidieron una coima de 200 mil dólares para avanzar con  trámites de rezonificación de unos terrenos de su propiedad, con el fin de lotearlos y ofrecerlos para la construcción de viviendas del programa ProCreAr.  Se abrió una causa y la Justicia realizó una serie de escuchas telefónicas sobre los sospechados de delitos.

Los implicados son Mariano Bruera y los ex funcionarios Gustavo Petró, Roberto Moreno, Enrique Sette y Jorge Tomassi, formando una supuesta asociación ilícita para pedir coimas a vecinos que pedían habilitar lotes para ProCreAr.

 

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El juez Martín Manuel Ordoqui firmó la liberación del hermano del ex intendente sin la intervención del fiscal de Cámara, quién mostró su rechazo por el accionar.  A Ordoqui se lo menciona en las escuchas y su - increíble - rol era pasar  información a los funcionarios investigados sobre los allanamientos que se tenían previsto realizar desde la fiscalía. El juez tiene vínculos con la ex-procuradora de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falbo y con el ex-jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Piden que sea apartado de la causa.

 

Según los documentos judiciales, entre los días 4 y 7 de Julio de 2014,  basado en los llamados verificados, los empleados municipales fueron avisados de las "diligencias de registro y secuestro ordenadas el 4/7 y que finalmente se realizaron el día Lunes 7 de Julio".  Se señala, según las fuentes, que el 5 de Julio se registraron comunicaciones telefónicas entre los investigados, situación que llamó la atención por tratarse de sábado, día que las oficinas municipales están cerradas.

 

 

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Esto demuestra el funcionamiento impune sobre los procesos de corrupción en la provincia de Buenos Aires, dónde las causas se estancan o se definen de forma express. El mismo juez sospechado de darle una "manito" a los funcionarios municipales sigue decidiendo sobre los destinos de la causa.

Sebastián Turtora

 

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