El 29 de setiembre de 2016 se promulgó la ley de acceso a la información pública, norma fundamental a la hora de consolidar y promover avances en materia de transparencia y avanzar hacia el Gobierno abierto.

Esta nueva legislación se basa, fundamentalmente, en dos ejes: 1) obligar a los organismos públicos a utilizar las nuevas tecnologías, para transparentar de modo activo, los datos de la gestión de gobierno; 2) crear un sistema administrativo, que incluye la designación de una autoridad de aplicación en y ante el Poder Ejecutivo Nacional y otros 5 obligados a crear órganos “idénticos” a aquel (en el Poder Legislativo, el Judicial, los dos ministerios públicos y el Consejo de la Magistratura), para que los ciudadanos requieran y obtengan la información pública que deseen.

La ley estableció dos plazos que son fundamentales para su correcta implementación. En primer lugar, un plazo de 90 días, vencido en los primeros días de enero, para que las cabezas de cada poder del estado dicten la reglamentación. En segundo lugar, un plazo de un año que vencerá al comenzar el día 30 de setiembre de 2017. Momento en que se producirá entrada en vigencia de la ley.

El Presidente de la Nación dictó, el 30 de enero de 2017, el Decreto 79/2017. Dicha norma sólo está destinada a modificar el decreto del presidente Kirchner (N° 1172) que regula el acceso a la información pública desde el año 2003. El cambio introduce parte del articulado de la ley que entrará en vigencia en setiembre de este año.  

Sin embargo, eso no es una reglamentación de dicha norma, sino simplemente adelantar -decretazo mediante - su vigencia parcial. Para ese entonces (30 de setiembre del corriente año), debería haberse elegido al Director de la Agencia. Pero no tenemos convocatoria para su selección ni reglas para ella.

 

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En efecto, la ley 27.275 prevé en su artículo 21, inc. d) la necesidad de reglamentación de la audiencia pública en la que se harán observaciones al candidato a ocupar la Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de aplicación que intervendrá en el ámbito de la administración pública nacional. Este aspecto esencial de la norma no ha sido reglamentado.

Dentro del plazo de 90 días (que venció hace dos meses), las restantes áreas del estado (el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura), deberían haber reglamentado y creado sus propias agencias de aplicación, según lo establece el art. 28 de la ley de acceso a la información pública. No lo han hecho.

Asimismo, no puede dejar de advertirse que la obligación de transparencia activa que se le ha impuesto a las entidades públicas, consistente en “facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros”, requiere necesariamente de reglamentación. En efecto, los aspectos técnicos necesarios para cumplir con esta elevada aspiración legal, lógicamente, no forman parte de la legislación, sino que deben definirse por la cabeza de cada poder del estado.

La transparencia ha sido una de las promesas principales del Presidente de la Nación; que se vio corroborada con la sanción de la ley de acceso a la información pública. Sin embargo, la demora en su implementación podría generar un grave daño al gobierno. Fundamentalmente, porque su mandato electoral es luchar contra la corrupción.

El mencionado retraso no es justificable, aun cuando la entrada en vigencia de la Ley 27.275 y la mayor transparencia que ello supone, podría generar algún contratiempo al propio gobierno que la implementó. Y, desde ya, lo mismo ocurriría con el resto de los jerarcas de los demás poderes y órganos de la República.  

Ante ello, el gobierno de “Cambiemos” puede optar por el temor a la transparencia, y en consecuencia demorar o tergiversar la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información. Incluso en el marco de un “pacto” con los demás morosos públicos; o ir por el bronce. Promover una transformación profunda de las estructuras de poder instituido, como lo espera la gran mayoría de los argentinos, o seguir igual, en el mismo lodo todos manoseados.  

 

 

José Lucas Magioncalda

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