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En los comicios de 2015, cuando Máximo Kirchner fue elegido Diputado Nacional y Alicia gobernadora de Santa Cruz, el Estado contrató a través del Correo a una compañía de recursos humanos para procesar la información que llegaba del centro de cómputos durante el transcurso de las elecciones. Esta misma empresa tuvo negocios comerciales con la familia Kirchner en el mismo período que trabajó para el Estado.

 

Esto se desprende de las fuentes de la causa Los Sauces, según una nota del diario Clarín publicada el 2/4/2017. Se investiga un posible delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.  Bayton SA había alquilado dos inmuebles en Rio Gallegos (ubicados en la calle Chacabuco 86 y 88), y las tratativas de dicha operación la llevó a cabo un importante responsable de la firma y “Negocios Inmobiliarios”,  la compañía de Osvaldo Sanfelice, socio eterno de los  K y de Máximo, que formó parte de dicha empresa. El dinero fue recibido por el administrador de la Sucesión de Néstor Kirchner, que se formó tras la muerte del ex Presidente. Es el propio Máximo. Los negocios que se hicieron con la sucesión del ex presidente están siendo también investigados por la justicia.  La causa de Los Sauces en la que CFK fue procesada, está a cargo del Juez Claudio Bonadio.

 

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La firma Bayton SA tuvo la responsabilidad de proporcionar el personal para cargar los datos de las elecciones de 2015 al sistema. En 2007 la misma firma participó en los comicios de Córdoba, en la denunciada contienda electoral que consagró a Juan Schiaretti gobernador. Según un artículo de Miguel Jorquera, del diario Página 12, (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-91349-2007-09-14.html), Bayton obligó a una empleada contratada a firmar un acuerdo de confidencialidad para cobrar por su trabajo. El acuerdo consistía en no contar lo sucedido en el recuento provisorio.

“María, una odontóloga desocupada de 34 años que prefiere mantener en reserva su apellido, denunció “irregularidades” en el escrutinio del correo, para el que fue convocada a trabajar por la empresa Bayton SA a las 20 del mismo día de los comicios”. “La mayoría de los telegramas tenían cifras ilegibles, el 80 por ciento marcaba diferencias en la carga de datos y el sistema, que no estaba preparado para tantas máquinas, era lentísimo”, sostiene la nota. Y agrega: “María decidió hacer públicas las irregularidades cuando Bayton le hizo firmar, una semana después, y como condición para cobrar su trabajo, un contrato que le exigía “confidencialidad” sobre lo sucedido en el recuento provisorio”.

El documento exclusivo de Periodismo y Punto es una transferencia bancaria electrónica entre Bayton SA y la Sucesión de Néstor Kirchner, que prueba definitivamente el vínculo comercial que podría ser incompatible. Más allá que sea posible que la compañía no haya influenciado en el resultado final de los comicios, es poco transparente que el Estado (ocupado por los K en 2015) decida contratarlos cuando existía previamente un nexo comercial directo. Así, claramente, pueden surgir las sospechas de ciertos favoritismos a la hora del “conteo”, además que los antecedentes no ayudan.

Los alquileres de la familia Kirchner han estado en el ojo de la tormenta judicial por presentar incompatibilidades con la función pública y posibles coimas, en el caso del zar de la obra pública Lázaro Báez y el hombre fuerte del juego y los medios, Cristóbal López. Ambos hoy en problemas y en un aparente ocaso.

La mezcla pornográfica entre el aprovechamiento de poder que generan los cargos públicos en el ámbito privado parece incontrolable y más aún en los últimos años en Argentina. No fue magia. Alquileres para todos y todas. Mientras tanto, el cerco judicial arrincona a los creadores de la "década ganada" en una película que cada día suma un triste capítulo más.

 

Sebastián Turtora

@sebiturtora

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