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“A partir de este momento no entra ni sale nadie”. Así se presentaron los sabuesos de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense (AI) en la Jefatura Departamental La Plata. Un buchón había denunciado que el primer día de cada mes llegaba la plata de la recaudación ilegal por brindar seguridad a los comerciantes de la ciudad que ya pagaban sus impuestos para tener ese servicio. De inmediato preguntaron por su titular, Darío Camerini. Mientras la recepcionista afirmaba que ya no estaba, el comisario intentó esfumarse, pero un hombre de la AGAI, que fumaba habano en el portón, lo reconoció de un operativo anterior. En paralelo, otros detectives encontraron y decomisaron 36 sobres con $ 153.700 en un despacho clave.

Por eso, Guillermo Berra primero interrogó a Camerini y luego al superintendente de Seguridad Región Capital, Fernando Grasso. El dilema del prisionero no funcionó. El careo entre ambos, tampoco. Ninguno dijo nada. El auditor general se sorprendió de que los comisarios no se sorprendieran de la existencia de esa plata denunciada por un oficial de la propia dependencia. Caía la tarde del viernes 1 de abril del 2016, hace ya un año, cuando en la Gobernación de María Eugenia Vidal empezaron a dudar del jefe de la Policía Bonaerense: ¿Pablo Bressi estaba al tanto del supuesto sistema de coimas que subía hasta al menos el número tres y cuatro de su fuerza?.

El fiscal de la UFI n°3, Marcelo Martini, avisó a este medio que en los próximos días elevará la causa a juicio contra los imputados por “asociación ilícita”: Camerini, Rodolfo Carballo (subcomisario), Ariel Huck (jefe de Operaciones), Walter Skramowskyj (secretario); Sebastián Velázquez (titular de la comisaría segunda); Sebastián Cuenca (tercera); Juan Retamozo (cuarta), Julio Sáenz (sexta) Raúl Frare (duodécima) y Federico Jurado (decimosexta). Todos, menos Retamozo, fueron detenidos entre septiembre y noviembre del año pasado. Todos, menos Jurado, fueron excarcelados el 24 de enero de este año por un fallo de la Sala V de Casación Penal. Cinco días antes, el subcomisario de la Comisaría n°16 Villa Ponsati había sido encontrado muerto en su celda de la Unidad Penal n°9 La Plata.


Levantó su mano derecha hasta la altura de su hombro, puso la palma hacia el frente, los tres dedos centrales hacia el cielo, el pulgar sobre el meñique y juró: “Yo, Federico Maximiliano Jurado, por mi honor, prometo hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios, la Patria, con los demás y conmigo mismo, ayudar al prójimo y vivir la Ley Scout”. El hombre, de por entonces 35 años, también se prometió en ese instante de felicidad del 2010 abandonar “la fuerza”. La Policía Bonaerense. De a poco. Para que no le faltara nada a su esposa y dos hijos. Quería escapar.

Dos años más tarde, por fin, inauguró un local de venta de artículos para la caza y la pesca. Duró sólo dos años. Encima, los turnos interminables arriba del patrullero lo obligaron a alejarse cada vez más de la Comunidad Guía Scout Sagrado Corazón de Jesús, de City Bell, donde fue jefe de grupo de chicos. Así, en vez de colaborar con el movimiento, creado por Robert Baden-Powell para combatir la delincuencia en la Gran Bretaña de 1907 a través del desarrollo espiritual de los jóvenes, debió soportar las leyes no escritas de la fuerza: la portación de cara, el gatillo fácil y la recaudación ilegal. Hacer la “vista gorda” no alcanzaba: sus jefes se lo pasaban de una dependencia a la otra por su resistencia al sistema.


El subcomisario de Berisso fue trasladado el 1 de marzo del 2016 a Villa Ponsati. Cada vez más lejos del centro platense. “Carpincho Cordial”, como lo bautizaron en los Scout, pintó una de las paredes de su nuevo despacho de violeta, el color del movimiento, y colgó un retrato de Baden-Powell junto al del General José de San Martín, ambos bajo la protección del crucifijo. A sólo un mes de haberse hecho cargo de la Comisaría n°16 cayó en desgracia porque su apellido figuraba en uno de los sobres del denunciado el 29 de febrero sistema de recaudación ilegal desarticulado luego por Asuntos Internos. El 23 de noviembre fue alojado en la Comisaría nº5 El Pato. “Ese día empezó a morirse por dentro”, lloró ante este medio su viuda Natalia Cabrera. El 6 de enero ingresó a la Unidad Penal nº9 La Plata. “La crónica de una muerte anunciada”, insistió. Allí, sólo trece días después, apareció muerto.



Calle 76, entre 9 y 11, 7 de la mañana del 19 de enero del 2017, Unidad Penal nº9 La Plata. El subcomisario nunca se levantó esa mañana de la cucheta superior. Estaba acostado, boca abajo, con la cabeza azulada. No respiraba. Desde el Servicio Penitenciario primero afirmaron que lo encontraron los guardia cárceles, pero luego, que fue su compañero de celda, un ex agente preso por homicidio. La familia, en cambio, aseguró que fue un amigo del pabellón, condenado por gatillo fácil. Era jueves de visita. Su esposa, hijos, madre, hermana y cuñado se alistaban para verlo cuando Natalia escuchó por celular las dos palabras de la asistente social: “paro cardiaco”.

Mientras los peritos forenses de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial La Plata revisaban el cuerpo, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se apuró a decir públicamente que no había “nada irregular” en la muerte de Jurado. El fiscal Martini reforzó la versión oficial al hablar de “muerte natural” por la diabetes grados dos que sobrellevaba. La autopsia, concluida luego, sugirió otro final: “Síndrome asfíctico y un edema agudo de pulmón hemorrágico asociado a una hemorragia digestiva alta y páncreas hemorrágico”. Tenía hematomas en la región frontotemporal izquierda y en el tercio externo del párpado superior del ojo izquierdo. En el cuello, además, tres improntas en la piel de forma semilunar localizadas a nivel subangulomandibular izquierdo.

El abogado de la familia, Daniel Mazzocchini, recreó para este medio lo que dice haber sido una escena del crimen: “Lo golpearon para dejarlo indefenso y lo asfixiaron con la almohada”. La viuda, además, agregó detalles que no fueron tenidos en cuenta: “Federico dormía boca arriba porque tenía miedo de que le pasara algo, pero lo encontraron boca abajo. Su celda, que estaba abierta como beneficio por ser un pabellón de ex hombres de la fuerza, era la más cercana al ingreso del módulo. Ahora me doy cuenta de que ese privilegio fue parte de la crónica de una muerte anunciada”. El fiscal archivó la causa luego de que la autopsia complementaria asociara el fatal desenlace de Jurado a sus problemas cardíacos que su familia rechaza, pero su superior, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, solicitó seguir investigando la aún dudosa muerte de uno de los imputados por “asociación ilícita” en el corazón de la Policía Bonaerense.


La viuda no tuvo dudas en la inocencia de quién conoció en la adolescencias: “Es obvio que las cámaras grabaron el ingreso de Federico a la Departamental porque es parte de su trabajo como cuando yo entro a la escuela donde enseño”. E insistió: “La letra del sobre de la comisaría es suya porque se usan para diligencias”. Por eso, su abogado acusó al fiscal de ordenar las detenciones sin pruebas directas. Martini reconoció ante este medio que hizo un uso al menos flexible, por no decir ilegítima, del recurso de la prisión preventiva: “Los internos estaban cerca de quebrarse, arrepentirse y contar lo que sabían”. Camerini, luego de que la Sala V de Casación Penal ordenara excarcelar a todos, rompió el silencio en El Día, pero no para contar lo que sabe sino para amenazar veladamente al fiscal: “El fiscal me pidió un favor en una causa penal que involucraba a su hijo, pero esa vez tuve que ponerle un freno. El sabe muy bien por qué”.


La Auditoría General de Asuntos Internos (AI) decidió meterse en el barro: investigó cada 24 horas a 22 agentes de la Policía Bonaerense. Es que, entre el 10 de diciembre del 2015 y el 15 de marzo del 2017, Berra ordenó abrir 10.291 sumarios contra hombres de la fuerza, apartar a 4.095, suspender a 1.059, aprehender a 338 e investigar por enriquecimiento ilícito a 873 hombres de la fuerza. En ese contexto, la AI envió al fiscal las declaraciones juradas de los imputados -y sus familiares- por los 36 sobres con $ 153.700. De hecho, Martini consideró posible ante este medio sumar una causa contra los integrantes de la “asociación ilícita” por sus situaciones patrimoniales: algunos declararon tener cero pesos, pero otros, en cambio, hasta caballos de carrera.

En la Gobernación de María Eugenia Vidal, quién una vez electa había prometido “controlar a la Policía Bonaerense para que rindiera cuentas de lo que hace”, sospecharon que los imputados recaudaban $ 600.000 por mes. Así lo explicaron ante este medio: “Un cuarto, que fue lo decomisado, subía, pero el resto se repartía hacia los costados”. Por eso, seguían dudando del jefe de la fuerza, que, como si fuera poco, luego fue acusado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por supuestamente encubrir a bandas narco que respondían a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Pocos saben que, citado a declarar para el 6 de marzo ante Asuntos Internos, el superintendente de Seguridad Región Capital, Fernando Grasso, rompió luego de un año el pacto de silencio: “Camerini estuvo en la Jefatura de Policía la mañana en que encontraron los sobres”.

 

 

Agustín M. Ceruse

 

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