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La empresa contratista del Estado más beneficiada de San Luis, durante el kirchnerismo, fue Rovella Carranza. Ubicada en el puesto Nº12 de la obra pública según Cristina Kirchner, Mario Ludovico Rovella supo enlazar una relación estrecha con Andrés Galera, supuesto valijero de José López. Los hermanos Rodríguez Saá, Alberto y Adolfo, fueron suaves críticos de los Kirchner. En materia de obra pública se llevaban muy bien con el ministerio de Planificación. Lo hacían a través de Galera. De Vido aceptaba que el empresario favorito de la provincia se quedase con importantes licitaciones como la construcción del parque La Pedrera en Villa Mercedes–con un valor de 2.000 millones de pesos- a diques, planes de vivienda, puentes, rutas como la 3 en Buenos Aires y la casa de gobierno y parque cívico de la provincia conocida como “Terrazas de Portezuelo”. Construyeron una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto internacional de las Cataratas del Iguazú en Misiones, represas y diques en San Luis, y tramos de la ruta 40 y de la ruta 71, en el recorrido que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. También ganaron la licitación para la pista con estándares de seguridad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), diseñada en Villa Mercedes para la Fórmula 1.

Según las investigaciones del diputado provincial Alejandro Cacace, opositor a los Saá, la firma amiga del poder se “caracterizaba por la falta de competencia” que el propio José López se encargaba de llevar a cabo. Fuentes políticas  sospechan que el secretario y algunos de colaboradores habrían utilizado a esta empresa para hacer sus propios negocios, asegurándole los mencionados concursos como pagos de certificados realizados, incluso, antes de su vencimiento. Las otras empresas más beneficiadas fueron Green y Alquimac.

El nombre de la empresa remite a sus dos creadores. Sin embargo, Carranza se alejó a fines del siglo XX para crear Premoldeado San Luis. Rovella es oriundo de La Toma. Incursionó en el mercado de la obra pública con el monumento puntano a la Independencia. Según Cacace, es un “protagonista de la carterización de la obra pública de San Luis”. El salto económico de su firma se dio cuando se privatizó la distribución eléctrica en su provincia. Entre Exxel Group y Panamerican Energy, Rovella terminó ganando gracias al lobby de los Rodriguez Saa a su favor. Según fuentes consultadas, “del tema se conversó en Casa Rosada con Néstor Kirchner que acababa de asumir la Presidencia”. Adolfo y Alberto se caracterizan por negociar a corto plazo, no hacen “obediencia debida ni se oponen fuertemente a ningún gobierno”. Para Cacace, los dueños de la empresa “no son testaferros de nadie sino que demuestran la relación política que existió entre el kirchnerismo y los hermanos Saá”. En el 2016, la empresa fue allanada, justamente por estas sospechas.

Uno de los motivos era la investigación por la repavimentación de la ruta 7 que es de juridiscción nacional pero, a través de un convenio, entre Cristina Kirchner y los Saá, la provincia se hizo cargo mientras que la Nación le pagaba los certificados de obra. El precio por kilómetro cuadrado superó los estándares normales. En la firma del convenio participó el Estudio Barra -del ex ministro de Justicia de Carlos Menem, Rodolfo Barra- junto con Carlos Cernese “un todoterreno de Saá” según Cacace. Cernese fue secretario de inteligencia durante el breve período de Adolfo Rodríguez Saá en Casa Rosada. Cernese habría cobrado como gestor honorarios por el 4% del total de la obra; o sea 25 millones de pesos.

En el año 2010, Alberto Rodríguez Saá dispuso el pago de 285 millones de pesos a Rovella Carranza para hacer dos diques con fondos nacionales, pese a que la empresa Merco Vial, adjudicataria inicial de la obra, había ofrecido realizarlas por 130 millones de pesos, cuatro años atrás. La adjudicataria empezó las labores pero, más tarde, el gobierno provincial, desfinanció la obra. Los sobreprecios solo pueden ser razonados por un fuerte vínculo político. Cuando la empresa Merco Vial realizó presentaciones judiciales para reclamar su indemnización, el gobierno provincial la denunció y, por si fuera poco, el gobierno nacional, pagó los platos rotos. ¿Por qué los hermanos Rodríguez Saá pagarían el doble por una obra? ¿Por qué el gobierno nacional, supuestamente enfrentado con la provincia, aceptaría el sobreprecio aceptando avanzar con esa obra?

Ese año -2006-, Rovella Carranza figuraba entre las 30 empresas más importantes de las obras públicas otorgadas por el gobierno anterior. Ascendería hasta el puesto 11. El 1 de Noviembre de 2015, entre las propuestas políticas de Cambiemos, se habló espefícificamente de la obra pública y de José López. Los diputados radicales de San Luis, sospechaban de sus vínculos con la empresa puntana, investigación judicial que dormía el juez Daniel Rafecas. En 11 años, recibió contratos por casi $ 17.000 millones. En los últimos años, Rovella Carranza salió de la provincia y construyó en Formosa, La Rioja, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y Chubut, provincias gobernadas por el FPV. Una de las obras más polémicas de la actualidad es la ruta La Rioja-Chilecito, con un valor de 5.700 millones de pesos. El fiscal, Federico Delgado, sospecha que la relación Rovella-López no sólo es de amistad. Cree que López podría haber sido quien, en las sombras, manejaba la firma.

De Panamá al metrobús porteño

Cuando dejó el poder, el kirchnerismo festejó la aparición de los Panamá Papers. Eran la excusa perfecta para enlodar a todos y equiparar la supuesta evasión impositiva de la familia Macri con los sobreprecios en la obra pública, los bolsos voladores y los videos en “la Rosadita”. Pero en la fiesta panameña también aparecían dos empresarios puntanos: Mario Rovella y Carlos Arroyo de la constructora Green, ambos con sociedades offshore a partir de la información filtrada de Mossack Fonseca & Co.

Rovella es propietario de la empresa Bohemian Victory LLC con domicilio en Florida, más precisamente en 1.000 Brickell Avenue, 400, Miami, FL 33131. En el caso de Arroyo, es Director de la empresa Compañía Skyros SA, donde Julián Arroyo y Víctor Adrián Arroyo tienen el mismo cargo de Director; como Agente figura el estudio Mossack Fonseca & Co; y como Suscriptor a Winsley Inc. La diferencia con el Presidente, es que en las empresas de Rovella, ellos fueron accionistas. Vale recordar que Mario Rovella, no solo es dueño de la constructora que lleva su nombre, sino también de la distribuidora eléctrica Edesal que brinda el servicio eléctrico a la provincia de San Luis. Rovella Carranza es controlante de Edesal Holding, la empresa distribuidora de electricidad de San Luis, que fue la primera empresa de energía eléctrica privatizada en el interior del país. Tiene el 78,44% de las acciones de la distribuidora eléctrica, mientras que el resto está en manos del Anses y otra pequeña porción en otros grupos inversores. Actualmente, Rovella Carranza ya no se presenta como una simple constructora sino como holding de empresas dedicadas al petróleo, la energía, la cría de ganado bovino, el agro y el negocio inmobiliario merced a la gran cantidad de torres y edificios levantados en la capital puntana. El vicepresidente de la firma es León Zakalik. Sus directores son Nidia Valeria Arena Gómez, Diego Omar Gerlo, Guillermo Luzza y Miguel Ángel JeanMaire y Fabricio Cattaneo. Su génesis empresarial se remonta al año 2001 cuando realizaron las primeras obras de bacheo y repavimentación en San Luis. Luego llegaría la construcción de una planta de efluentes y del sistema cloacal en La Punta.

Hoy, la supuesta protección política al empresario es denunciada por Cambiemos en la Cámara de diputados local. Durante esas sesiones el Frente Para La Victoria se cayó la boca. Misma actitud tuvo el partido Compromiso Federal de los Saá. 

Alejandro Cacace, jefe de bloque de Cambiemos, recuerda la reticencia del poder político de su provincia para responder a su pedido de informes para que se diera a conocer quiénes eran, realmente, los miembros del directorio de Rovella Carranza. Ese escrito, provocó que los hermanos Rodríguez Saá aumentasen sus críticas contra el gobierno de Macri generando una inocultable tensión entre ambos gobiernos.

Cacace está convencido que "la expansión económica de esta firma en los últimos años no hubiera sido posible sin contar con estrechos e interesados vínculos con los hermanos Rodríguez Saá que manejan la provincia de San Luis. Lo  hicieron con el consentimiento del kirchnerismo". Para el diputado nacional del PRO, Walter Oio, la ruta 7 que va de la ciudad de Fraga a Desaguadero, incluye 120 km que debían realizarse “mantenimientos que costaron 900 millones de pesos. Implicaban un fresado de la superficie asfáltica y la colocación de cinco centímetros de carpeta asfáltica. Ese trabajo, en el peor escenario, podía costar dos millones de pesos el kilómetro”. Costó mucho más. Agrega que “con esos 600 millones de diferencia que hay podríamos haber construido 1.200 viviendas a lo largo de la ruta".

La información oficial dice que en total son más de 43 los proyectos aprobados y llevados a cabo por Rovella Carranza en San Luis. A la lista de obras se agregan: El aeropuerto regional Santa Rosa, puente colgante sobre el Dique Paso de Las Carretas, puente carretero sobre el Río V, la Presa en boca del Río Sierra de los Comechingones, el acueducto Nogolí, el canal revestido Paso de Las Carretas y un complejo penitenciario de Seguridad Mixta “Pampa de Las Salinas”. El negocio pudo construirse durante años por la complicidad necesaria en Vialidad Nacional. Según Cacace, en San Luis operaba el hijo de Gladys Bailar de Solari, ex ministra de los Saá. Actualmente, Alberto Rodríguez Saá tiene su casa en El Durazno. Cuentan sus vecinos que decidió expropiar 200 hectáreas para crear la municipalidad de Estancia Grande. Así construyó una escuela y un hospital ubicado a 20 kilómetros de la capital de San Luis. La familia del ex diputado nacional, Rafael Flores, fue a la justicia ya que tenían unos terrenos en la zona. Recuerdan que apareció un emisario de parte de Rovella Carranza para comprar sus tierras. “Nos querían arreglar”. Tuvieron que vender las tierras. “Nunca supimos a nombre de quién estaba ese campo” recuerda Flores. Rovella lo habría comprado a nombre de un tercero.   

La influencia de Rovella fue tan grande que llegó a la ciudad de Buenos Aires gobernada por el opositor Mauricio Macri. Su holding participó en el Metrobus porteño construido sobre la avenida 9 de Julio. Intervino en la obra por 26.171.151 de dólares e incluyó el uso de 3.020 toneladas de concreto asfáltico, según el testimonio de su dueño. 

 

 

Por Luis Gasulla

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Autor de El negocio político de la obra pública (Sudamericana 2017)

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