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El documento al que accedió Periodismo y Punto confirma los vericuetos legales que utilizaba el Ministerio de Planificación Federal para evitar controles, re direccionar fondos y esquivar licitaciones públicas. Obras inconclusas y sobreprecios.

En los últimos dos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Río Negro se entusiasmó con la promesa kirchnerista de ampliar el Gasoducto Cordillerano. Durante el 2013, en las radios de Bariloche, se celebraba la llegada de una obra, considerada, imprescindible. La Presidenta, el ministro más poderoso de la historia, cerraban una licitación por 180 millones de pesos en la sede del INVAP. El senador Miguel Ángel Pichetto festejaba los beneficios económicos y sociales que generaría una obra que alcanzaba a los vecinos de Ñorquinco, El Bolsón, El Maitén, Bariloche y Villa La Angostura, entre otros. Cristina, a pesar de que su gobierno hacía 10 años que estaba en el poder, descubría la pólvora: "El gas viene de la Patagonia y hay patagónicos que todavía no tienen gas". La intendenta María Eugenia Martini, que hacía seis meses había reemplazado al destituido Omar Goye, hablaba de 200 millones de pesos. Sin embargo, en Casa Rosada, se hablaba de una inversión total de 392 millones, casi el doble.

 

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La potenciación del gasoducto la financiaba Nación, a través del todopoderoso Ministerio de Planificación, pero la ejecutaba cada municipio. El 7 de marzo del 2014, la Quinta de Olivos fue testigo de la firma del convenio para construir un gasoducto de 50 kilómetros y de una estación reductora de Presión que permitiría abastecer con gas natural a 25 localidades de Río Negro y Neuquén. El fotógrafo oficial registró la imagen de Cristina Fernández escuchando atentamente a su Ministro, Julio de Vido, escoltado por un sonriente José Francisco López y observado por los gobernadores patagónicos Jorge Sapag y Alberto Weretilneck. La UTE conformada por Coninsa –JCR (empresa familiar del fallecido empresario Juan Carlos Relats) y Servicios Vertúa SA ganaban la licitación original por 210 millones de pesos. Coninsa sería noticia, tres años después, cuando el juez quilmeño, Luis Armelia, recabó información de sus dueños para pedir la detención del histórico sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina que los obligaba a pagarles “un peaje” para construir en la ciudad de La Plata.

 

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La historia de Relats es más conocida que la de Coninsa. También formó parte del gran club de la obra pública durante el kirchnerismo presidido por el fallecido ex Presidente Néstor Kirchner. “A Julio –por De Vido- no se lo molesta excepto que sea urgente” le escribió el difunto empresario a sus hijos, herederos del emporio económico. La familia Kirchner le alquiló, durante una década, el hotel boutique Los Sauces, a los Relats. La relación se rompió a mediados del 2015. El Gasoducto Cordillerano fue uno de las primeras licitaciones que ganó la empresa de Relats luego de la muerte de su fundador, en diciembre del 2013.

 

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El 3 de agosto del 2015, poco antes de dejar el poder, el arquitecto Julio Miguel De Vido, firmó la aadenda complementaria al convenio marco de las obras de potenciación en el sistema Cordillenaro Patagónico. De esta forma, evitando el debate público, el presupuesto original se multiplicó en diez. De 180 millones pasó a $ 1.096.000.000 con impuestos incluidos. Lo firmaron los municipios de Bariloche y El Bolsón. Antonio Luis Pronsato, titular de ENARGAS, también formó parte del convenio. La excusa para aumentar el presupuesto de forma exponencial era que “resulta necesaria para darle continuidad a la obra planificada y fundamental para el avance del desarrollo del SISTEMA CORDILLERANO PATAGONICO”. La nueva etapa “permitirá aún mejores resultados que los previstos en el Convenio Marco Inicial” concluía el documento al que accedió PyP. El mismo aclaraba que, legalmente, se podía adecuar el convenio original a través de “Addendas complementarias a suscribir por las partes”.  El anexo firmado por De Vido explicaba de qué manera se repartían los nuevos fondos: 77 millones de pesos para un remal interno de gas en Bariloche de 7 kilómetros, 27 millones en Junín y San Martín de los Andes por otros 10 kilómetros, 12 millones en Leleque, $ 161.500.000 para construir un llop gasoducto en Pilcanlyeu, 55 millones en El Bolsón, 25 millones y medio en Trevelín, entre otras localidades.

 

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La obra pública fue la gran caja política durante el kirchnerismo. La destrucción de los organismos de control, la reasignación de partidos, el manejo indiscriminado de presupuesto, la discrecionalidad en el reparto de fondos a intendentes y gobernadores según la simpatía política y los sobreprecios fueron el modus operandi dentro del Ministerio de Planificación. Todo pasaba por Julio. Al igual que en la compra de gas licuado a Bolivia o el desfalco en la mina Río Turbio, la red de gas patagónica también quedó inconclusa. El final es conocido. Mauricio Macri aún no había estrenado el sillón de Rivadavia y empresarios, proveedores y contratistas ya le reclamaban deudas impagas. La hija de Relats, Silvana, recuerda que los últimos seis meses del gobierno de Cristina se suspendieron obras y se cortaron los pagos a la patria contratista. Cambiemos demoró seis meses en ordenar los papeles. “Todos decían que se les debía miles y miles de pesos” recuerda un funcionaria de la cartera de Rogelio Frigerio. Miles de vecinos de Neuquén y Río Negro aún esperan que llegue el gas a sus casas.

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla

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