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 Alonso, titular de la OA.

 

El arribo de Cambiemos al gobierno, sin duda alguna, significó una sensible mejora en la actividad de la Oficina Anticorrupción. No obstante ello, la labor de dicho organismo presentó y presenta algunas dificultades que evaluaremos seguidamente.

 

La funcionaria a cargo

En primer lugar, corresponde destacar el correcto desempeño como funcionaria de la Lic. Laura Alonso que, salvo algunos tropiezos iniciales, ha venido tomando decisiones acertadas. Debe recordarse, en este sentido, que su comienzo no fue el mejor. En efecto, el dictamen emitido para que YPF desoyera un fallo de la Corte y no hiciera público el contrato firmado con Chevron, y su actividad twittera militante, impactaron negativamente en su imagen y en la imagen del organismo a su cargo. No obstante ello, luego, al modificar algunas de sus polémicas conductas, pudo superar la adversidad.

 

La estructura de la Oficina Anticorrupción y su falta de independencia

Por otra parte, la Oficina Anticorrupción, si bien ha sido creada nominalmente por ley, tiene toda su estructura diseñada por decreto. Esta situación es la que posibilitó que, Mauricio Macri, por esa vía, revirtiera la exclusividad de los abogados para conducir la entidad, abriendo el juego a profesionales en ciencias sociales y economía. En sí, la decisión no fue incorrecta, porque la tarea de prevenir la corrupción no solo es de orden jurídico, sino que involucra a expertos en el funcionamiento del estado y a profesionales idóneos en verificar la evolución del patrimonio de los funcionarios. No obstante, como la decisión en cuestión se tomó al tiempo de la designación de la politóloga Laura Alonso, no faltó quien especulara con que la modificación normativa no partía de una convicción presidencial desde lo filosófico, sino de la necesidad de adecuar el cargo a la nueva funcionaria designada para el mismo.

Pero más allá de esta discusión, el problema no está en las decisiones que pueda o no tomar el Presidente de la Nación, sino en la jerarquía normativa del organismo. La Oficina Anticorrupción controla al Presidente de la Nación y al resto de los funcionarios de la administración pública, muchos de ellos designados por el propio presidente. En este contexto, la titular de la Oficina Anticorrupción, no sólo no tiene garantizada la estabilidad en el cargo, sino que la propia entidad puede ser modificada a gusto, a conveniencia y a sola firma, por quien ejerce la primera magistratura.

En definitiva, la independencia de la Oficina Anticorrupción se encuentra condicionada y a merced de la voluntad más o menos autónoma de quien la conduzca y, desde ya, a merced de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo.

Sucede que un principio básico del control es que el controlante no debe estar a las órdenes del controlado, razón por la cual, si el control pasa a depender de la bondad de los funcionarios y no de la propia organización estatal, las instituciones pierden credibilidad. De ese modo, nos alejamos de uno de los principales objetivos de la anticorrupción: preservar al sistema democrático de la desconfianza de la ciudadanía.

En este sentido, si bien la Oficina Anticorrupción propuso varios proyectos de ley en la materia a su cargo, ninguno presentó tendiente  a elevar su jerarquía normativa y consagrar su propia independencia.

Desde el bloque oficialista de diputados, por su parte, solo la Diputada Carla Carrizo (hoy en el bloque de Lousteau) presentó en 2017 un proyecto de ley que mantenía con exclusividad la facultad presidencial de designar al titular de la Oficina Anticorrupción y removerlo, aunque mediando causales de mal desempeño evaluadas por el propio Poder Ejecutivo.

En definitiva, no pareciera haber una clara decisión de jerarquizar y dotar de independencia al organismo que conduce Laura Alonso.

 

Falta de celeridad en el trabajo de la Oficina Anticorrupción

Pero además de la cuestión normativa, se advierten serias demoras en el trabajo de la Oficina Anticorrupción.

En efecto, en relación a la decisión de casos de incompatibilidad de funcionarios públicos, y según las resoluciones publicadas en la página web del organismo, desde la fecha de apertura del expediente (normalmente como consecuencia de una denuncia) hasta la decisión que le pone fin, transcurre un promedio de dos años.

La idea de un organismo administrativo especializado en esta materia es obtener pronunciamientos rápidos que pongan fin a situaciones derivadas de la mala fe o negligencia de los funcionarios, previniendo perjuicios a la administración pública. Que dos años después de la denuncia se decida si, por ejemplo, un funcionario puede detentar o no dos cargos al mismo tiempo, no parece ir en el sentido de la prevención.

En cuanto a los casos de conflictos de intereses, y según las resoluciones publicadas en la pagina web del organismo, los tiempos de los pronunciamientos suelen ser mas cortos (normalmente el procedimiento se prolonga por un período levemente inferior al año). No obstante ello, y dado que también en este caso estamos ante una actividad de prevención, la prolongación de los expedientes no deja de ser excesiva.

En ambos casos (incompatibilidades y conflictos de intereses) la Oficina Anticorrupción sólo publica los expedientes  resueltos, por lo  que sería perfectamente posible que muchos de los casos no publicados, por no haber concluido, estén demandando mas tiempo aún.

Para graficar a que punto resultan desproporcionadas las demoras, vale la pena comentar el  siguiente caso: la folletería que acompañaba la entrega de los DNI a los ciudadanos llevaba la firma y el nombre del Ministro Frigerio, con clara intención publicitaria. A partir de una denuncia fundada en la vulneración del art. 42 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Oficina Anticorrupción debió constatar si la firma y el nombre del Ministro Frigerio, presente en los folletos, constituía una autopromoción ilícita del funcionario. Así, determinó que la denuncia tenía asidero y mandó eliminar dichos folletos. Ahora bien, una operación tan sencilla, como contrastar un ejemplar del folleto con las normas legales, demoró más de siete meses.

 

Ausencia de normas adecuadas

Por otra parte, si bien ha significado un avance el dictado de los decretos de integridad y transparencia, tendientes a detectar vínculos inadecuados entre contratistas del Estado Nacional y litigantes contra la Nación, con funcionarios de la administración pública, no se entiende el motivo por el cual, similares procedimientos de detección de conflictos de intereses, no se aplican con carácter previo a la designación de funcionarios, tal como lo hacen otros países civilizados del planeta.

Pese a que existe un proyecto de ley elaborado por la Oficina Anticorrupción en el año 2003, del cual surgen regulaciones de los conflictos de interés que mejoran sensiblemente las paupérrimas regulaciones actuales sobre la materia, nada se ha hecho por impulsar la sanción de una ley en ese sentido.

 

Conclusión

La Oficina Anticorrupción  no sólo está para evitar al país cuantiosas pérdidas económicas, sino también para evitar los conflictos y la ineficiencia que la propia corrupción genera, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, es necesario que el gobierno se haga cargo de todo lo que le falta y de todo lo que no tiene. Para que pueda seguir caminando, cada vez con mayor celeridad y con mejores herramientas legales e institucionales.

José Lucas Magioncalda

Abogado

Pte. Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil

 

 

 

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