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El DNU 27/2018, firmado por el presidente Mauricio Macri, los primeros días de enero, ya genera rechazos y pedidos de inconstitucionalidad.

El DNU tiene como finalidad la desburocratización y simplificación del Estado. Consultado el Diputado Alejandro Grandinetti, sostuvo que este decreto por ser de necesidad y urgencia, debe pasar por una Comisión Bicameral y luego ser tratado por alguna de las Cámaras.

Aunque para poner en marcha este conjunto de normas, no hará falta una ley aprobada desde el Congreso de la Nación porque se publicó directamente en el Boletín Oficial.

Las doctoras Silvina Martínez y Margarita Stolbizer respondieron con un comunicado que detalla los alcances del DNU y por qué debe declararse su inconstitucionalidad: Stolbizer hará la presentación como Presidenta de la ONG Bajo La Lupa, con el patrocinio de la Dra. Silvina Martínez, también miembro de la nueva entidad que tiene por objeto promover valores éticos, funcionamiento de las instituciones en orden a la Constitución Nacional,  transparencia en la gestión pública y la independencia de la justicia. "El decreto de necesidad y urgencia firmado por  Macri y sus ministros es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza. Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso. Vamos a solicitar a la Justicia, la revisión del instrumento y la declaración de inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución Nacional, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación".

El 11 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el mega decreto 27/2018 el cual se titula “Desburocratización y Simplificación” derogando más de un centenar de leyes o modificando en forma sustancial el sentido de las mismas.

De esta manera, el PEN ha asumido facultades legislativas que le están vedadas, debido a que no se cumplen las condiciones que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso. Se alteran las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano. 

Lo prescribe el artículo 99 inciso 3 de la Constitucional Nacional cuando señala: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.
La urgencia que cobra una significación propia en relación a los objetivos concretos hacia los que en cada caso aparece orientada. Una disposición resulta urgente y necesaria, únicamente para atender cierta finalidad que se advierte amenazada en una coyuntura determinada. Desde esta perspectiva, los términos “urgencia y necesidad”, aparecen netamente redimensionados adquiriendo nuevas perspectivas materiales. En este orden de ideas, es indispensable determinar el alcance de la fórmula “circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir el trámite ordinario de las leyes”. Situaciones que no se dan en la actualidad, ya que no hay premura en el dictado de las normas ni imposibilidad de convocar al Poder Legislativo.

Para que proceda el dictado de un DNU deben concurrir los siguientes elementos: "a) situación de extrema necesidad, que ponga al Estado bajo el riesgo de continuidad. En esta hipótesis el uso de este instrumento tiene la finalidad de sortear una crisis de gran magnitud, y es inevitable el dictado de un Decreto, ya que si no se sanciona con la premura del caso, pueden devenir para la sociedad consecuencias graves de imposible reparación ulterior; b) existencia de la debida y ponderada razonabilidad entre el fin perseguido y las medidas adoptadas, para conjugar la crisis que dispone el decreto". Desarrollo la doctora Silvina Martínez.

La presentación (que ya se encuentra preparada) se realizará al término de la feria judicial.

EL DNU N° 27/18, presentado para desburocratizar y simplificar el funcionamiento del Estado, incluye 170 medidas que tiene como objeto facilitar regulaciones en 11 áreas del Estado, entre tantas, también apuntó a eliminar la inembargabilidad de las cuentas sueldo, que fue sancionada en el Congreso con la Ley N°27.320, en noviembre de 2016.

 

 

Alicia Panero

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