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La convivencia de la ciudadanía con las protestas y reclamos sociales es una realidad. Manifestaciones, marchas, cortes, piquetes, bombos y pancartas, se hallan hace mucho tiempo incorporadas en los ciudadanos y transeúntes de cualquier país de Latinoamérica y el Mundo.

Transporte, educación, salud, gastronomía, bancarios, grupos piqueteros, veteranos de guerra, jubilados y pensionados, movimientos de desocupados, dignidad gay, pueblos originarios, víctimas de delincuencia, entre muchos otros, históricamente han ocupado el epicentro de los reclamos y exigencias a los gobiernos de turno, en una puja donde los resultados parecieran depender del poder de convocatoria, el impacto mediático, y más aún, del malestar y los inconvenientes que pudieran ocasionárseles a los ciudadanos, e incluso a las economías de un Estado.

En Argentina es sabido, los mecanismos de resolución de conflictos convencionales “no funcionan o son inexistentes”. Los petitorios formales, las audiencias con responsables de carteras, los planteos y aún las razones más valederas y fundadas, son ignoradas o descartadas de plano, a no ser claro está que existan “conveniencias o alineamientos políticos”.

No alcanza con demostrar la veracidad de las injusticias e inequidades. Las necesidades no conmueven, ni siquiera el esgrimir serios riesgos para la salud, la seguridad o la vida, producen revisiones o redireccionamientos de las políticas en curso. Para que se produzcan cambios, las situaciones deben llegar al “extremo”.

El compromiso, la apertura y la vocación de diálogo, son olvidados por los mandatarios una vez obtenidos los votos que los empoderan, y quienes alguna vez pregonaron revisiones, reivindicaciones, y crecimiento con discursos refinados, mostrándose como el “último oasis en un desierto inhóspito minado de cadáveres políticos”, rara vez resolverán o llevarán alivio a problemáticas sociales en una mesa de diálogo y consenso.

Los conflictos sectoriales se resuelven a modo de “pulseada”. La lucha concluye cuando “el otro es sometido o seducido”, y las partes acuerdan y se comprometen ratificando cláusulas secretas y letras chicas, que en su mayoría solamente apaciguan los ánimos pero no lograrán cambios de fondo.

A pesar de todo algunas cosas cambiaron. En los últimos años han hecho su aparición nuevos actores, nuevas voces que hasta muy poco se encontraban silenciadas. Individuos desconocidos, sin experiencia política ni sindical, que jamás militaron ni tomaron parte de ningún movimiento o causa social, hoy salen a la luz.

Aunque resultara impensado surgieron nuevos actores sociales que representan minorías (¿minorías?), y reclaman por sus Derechos. Por los Derechos que les fueron vulnerados de manera sistemática e impune, a pesar que se encuentran estipulados en los famosos “Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, con el agravante que han sido ratificados e incorporados a las Cartas Magnas de países, que se autoproclaman “respetuosos y fieles obedientes de la normativa”.

Todos, y fundamentalmente las víctimas saben, que aunque los textos, las proclamas y directrices que rigen en materia de “Derechos Humanos”, resultan ideales y perfectas, la dura realidad indica que muchos Estados, -principalmente países tercermundistas o en vías de desarrollo-, incumplen y violan estos mandatos ante la mirada impávida de la Comunidad Internacional, reduciendo a estas normativas en “putrefacta letra muerta carente de operatividad”.

Por todos estos motivos han surgido. Pero quienes? Referentes de Fuerzas de Seguridad y Damnificados, que hoy ponen sobre la mesa los graves problemas que atraviesa la “Familia Policial de Latinoamérica y el Mundo”, y que históricamente fueron obligados a mantener silencio por encontrarse sometidos a arbitrarios e ilegales regímenes jurídicos, por gobiernos y funcionarios que valiéndose del “Aparato Estatal, de Cúpulas Funcionales, y Amenazas de Represalias”, mantuvieron a los descontentos como a sus reclamos, “con la boca sellada, bajo control y sometidos”.

Comenzó una cruzada jamás vista e impensada. Líderes como Carlos Adolfo Roquer, Sargento de la policía de la provincia Rio Negro de la República Argentina, -denunciante acérrimo de las violaciones de los derechos del personal-, perseguido por la misma cúpula de la institución y el poder político, hizo punta levantando la bandera de “Derechos Humanos para Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”. Increpando a viva voz a sus superiores en formaciones institucionales, denunciando en medios radiales y televisivos, y emprendiendo una procesión de a pie a Viedma, -ciudad capital que se encuentra ubicada a 512 km de General Roca-, Roquer planteó sus denuncias. Con una mochila y solamente unos pocos dineros, también iniciaría más adelante una travesía por Latinoamérica uniendo países, instituciones policiales y Camaradas, que paradigmáticamente enfrentaban las mismas problemáticas que se vivían en Argentina. El Sargento Roquer dejó grabada su impronta, y en la actualidad redobla su apuesta emprendiendo un ambicioso proyecto que persigue no solamente ya la defensa y visualización de las dificultades de los Uniformados de su país, sino la de TODOS los efectivos de “América del Norte, Centro y Sur”, constituyendo la “Unión Interamericana de Derechos Humanos para Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”.

La República de Perú no se quedó atrás. En un reclamo inesperado de gran impacto para la sociedad, el Efectivo en ese entonces “Activo” de la Policía Nacional del Perú, Jorge Siapo Moreno, vistiendo su uniforme de servicio se plegó ante los medios televisivos a una manifestación multitudinaria de retirados que reclamaban mejoras salariales, para terminar más tarde castigado por la conducción y privado de la libertad por “más de un año”, por el sólo hecho de peticionar por los derechos de los Pasivos, que en definitiva serían los mismos que le corresponderían, cuando “Él mismo” pasara a Retiro.

José Luis Torres Coronel fue otro caso que marcó al Perú y a la localidad de Tumán, y el cual continúa hoy vigente. Por manifestarse ante la opinión pública y treparse más tarde al campanario de su pueblo, Torres Castro fue sancionado duramente perdiendo su libertad. Con el único fin de evidenciar el Estado de Sitio de su Ciudad, y la represión desmedida que sufrían sus conciudadanos por conflictos laborales, el Efectivo Activo de la PNP sacrificó su “zona de confort”, exponiendo además abusos y la utilización de su Fuerza Policial por parte del “Ministerio de Seguridad”, para encubrir y sostener a grupos económicos donde “altos funcionarios políticos depositaban sus intereses”.

Néstor Tobar Pérez, referente policial desde hace varios años de la República de Chile, de manera incansable expone y denuncia las problemáticas y los atropellos que padecen los Carabineros de su país. Casos de violencia de género, acoso y persecución laboral, retenciones y confiscaciones arbitrarias en los haberes de la Tropa, son una constante denunciadas por el líder de “Carabineros de Chile”.

Ruth Nina, hija de un efectivo fallecido de la Policía Nacional de Bolivia, luego de vivenciar desde niña en carne propia las penurias e injusticias a las cuales era sometido su padre y la Familia Policial, se constituyó como un Referente de valor incalculable en su país, ya que hoy lleva la voz no sólo de los Uniformados Bolivianos, sino también de sus mujeres, madres, esposas e hijos.

Daniel Santos Carrillo, destacado abogado constitucionalista retirado de la “Policía Nacional de Colombia (PNC)”, también asumió el compromiso con la promoción y la defensa de los Derechos Fundamentales de los Uniformados. Es un Líder que aporta desde con su experiencia y conocimiento técnico, herramientas indispensables para consolidar estructuras y mecanismos que protejan al personal. Junto a su equipo intervino activamente en varios proyectos, y se destacó por su intervención en la ley sancionada por el Congreso de la República, que estableció modificaciones al “Régimen de Retiros y Pensiones de la Policía Colombiana”.

Estos y muchos otros, luego de vivenciar y padecer en carne propia la opresión, el abuso y las diferentes formas de Violencia Institucional, han levantado la bandera de “Derechos Humanos de los Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”.

Simultáneamente, en los últimos años han surgido múltiples espacios integrados por Uniformados Activos, Retirados, por quienes fueron Separados Compulsivamente de las Fuerzas, y Familiares; maridos y esposas, cónyuges, madres y padres, hijos e hijas, hermanos, tíos y amigos, se dan cita constituyendo una “Nueva y Revolucionaria Corriente”, que manifiesta ya sin miedos sus reclamos y exigencias, y el respeto de los “Derechos Fundamentales de los Trabajadores”.

Este escenario es una realidad, un hecho, pero queda pendiente una incógnita. Por qué motivos surgen y toman relevancia estos nuevos grupos?

Quizás las desventajas de abrazar la carrera y pertenecer a una Fuerza de Seguridad, han superado ampliamente el “bienestar y la contención” que en algún momento supieron brindar pertenecer a las “Filas Policiales”. Tal vez la profesión valorada, estimada y reconocida por la Sociedad, se ha transformado en las últimas décadas en una actividad donde la inexistencia de proyección profesional, personal y familiar; los bajos sueldos; el estancamiento económico; la inestabilidad laboral; la corrupción y el delito; el abandono Estatal y la desprotección de los Altos Mandos; el desprestigio; y los grandes riesgos para la salud y la vida, han superado con creces los beneficios de “pertenecer”.

Como afecta y repercute en una “Sociedad Moderna” en pleno Siglo XXI, la existencia de Fuerzas de Seguridad con tantas falencias y carencias?

Abandonadas. Explotadas. Escasos recursos logísticos. Materiales y equipamiento personal viejos u obsoletos (armamento, chaleco antibalas, equipo de comunicaciones, etc.). Sistemas arbitrarios y desregulados de selección e incorporación de personal. Planes de capacitación y formadores mediocres. Total ausencia de respaldo institucional y seguridad jurídica. Servicios de salud cuyo único fin es el “presentismo a cualquier costo”, y no en cambio el bienestar y la salud “física y mental del trabajador”. Plena vigencia de “métodos de control” que se valen de conductas y accionares persecutorios, discriminatorios, que vejan y violentan a los uniformados. Planes de carrera y proyección profesional, que premian la inoperancia, el funcionalismo, la corrupción y la obsecuencia. Inexistencia de profesionales, órganos, y verdaderas organizaciones extra-poder, independientes, imparciales, y comprometidas seriamente con las problemáticas de las FF.SS.

Como se puede brindar a la Comunidad un “Servicio Público de Excelencia”, de manera acorde a estándares internacionales, cuando aún en muchos países de Latinoamérica y el Mundo, a los Funcionarios Públicos, a los Trabajadores de Seguridad, les son violados y negados sus propios “Derechos Fundamentales”??. Como podrá un Policía velar fielmente por la seguridad ciudadana cuando el sistema no funciona, se encuentra “corrupto”, y en contra de los buenos elementos??. Cómo podrá intervenir el “Funcionario de Bien” hallándose desmoralizado, y peor aún, imposibilitado para denunciar y defender sus propios derechos y los de su familia??.

Quizás estas respuestas no puedan ser brindadas por los Gobiernos; ni siquiera por las nuevas organizaciones sociales Representativas de los Uniformados, o menos aún por otros actores de la Sociedad Civil. Quizás las respuestas y las soluciones comiencen a surgir, en el momento preciso que se acepte que las “Familias Policiales”, son parte activa e integral de la “Comunidad”, y TODOS asuman el compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo, el “Bien Común de la Sociedad”.

 

 

Pablo Sebastián Giles

Twitter: @pablosgilesok

 

 

 

 

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