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Margarita Stolbizer denunció que se investiguen los beneficios otorgados mediante la contratación por parte del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa (Labcom SA), cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del gobierno nacional; actuación que podría encontrarse encuadrada en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (ART 265 CPN); incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN), sin perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigación.

Según expone la presentación judicial, se ha tomado conocimiento de diferentes beneficios que se otorgaron desde el Ministerio de Modernización de la Nación a Labcom SA; empresa constituida por funcionarios públicos, quienes coexistían en el momento de los beneficios tanto en su cargo en la Administración Pública Nacional como también el frente de la empresa privada beneficiada.

Esta empresa, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones impulsadas desde el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, no posee empleados y sus únicos ingresos en el período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la Administración Pública Nacional y de la Ciudad.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales. La sede social se fijó en Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, se inscribió como proveedora del Estado el 12 de agosto del 2016, durante la gestión Cambiemos. El capital social es de 50.000 pesos y así se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, obtuvo contratos millonarios tanto en el ámbito Nacional como en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires por varios millones de peso

Según información que surge del Portal de Compras Electrónicas de la República Argentina, por expediente Número EX-2016-01577749--APN-DCYC#MM, tramitó la contratación de un Servicio de Consultoría en relación al Seguimiento de Evolución de Proyectos Centrales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. El 28 de septiembre de 2016 por Disposición 2016-7-E-APN-DNRI#MM, se autorizó el llamado, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se proyectó el Concurso Privado por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000.-).

El 14 de octubre de 2016 al finalizar el plazo de presentación de ofertas seis proveedores habían participado, pero solo se había confirmado la presentación de una única oferta, correspondiente a la empresa LABCOM S.A. CUIT 30-712278052.

El 2 de noviembre de 2016 mediante dictamen de evaluación de ofertas IF-2016-3252420-APN-DCYC#MM, se aconseja la adjudicación a la oferta presentada por la firma LABCOM S.A., sin advertirse que los integrantes de dicha empresa eran funcionarios públicos a esa fecha, que la empresa no contaba con empleados registrados y que no tenía ingresos. Sin embargo, se concluye que se acreditan trabajos vinculados estricta y directamente con los objetivos planteados, que se valora los trabajos que se habían desempeñado para la Administración Pública y se pondera el equipo de trabajo presentado.

La empresa también resulta adjudicataria de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar un ejemplo, en el 2017, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le adjudico la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones (licitación 8/17) por un total de 2.604.000 pesos.

Los hombres del Presidente.

Sus socios son Juan Pablo Peredo (CUIT 20-21930022-4), Luciano Hernán Elizalde Acevedo (CUIL 20185350488 y Alejandro Luciano Alonso (CUIT 20243123462) Ahora bien, los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el presidente de la Nación.

En el caso de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, es investigador del Conicet. Lo más grave es que compartió un condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (Sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo). Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia de la Provincia de Salta. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015.

El otro socio de la empresa Labcom SA es Juan Pablo Peredo, quien se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones. Y así surge claramente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año 2016 donde Peredo declara su participación en Labcom SA.

El tercer socio, Luciano Alejandro Alonso, también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional, ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Stolbizer sostiene "Creemos que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas toda vez que omitieron cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista de cualquier sospecha de parcialidad".

Por Alicia Panero

Colaboración Luis Gasulla y Sebastián Turtora

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