tren bala

Algo más que un primo

El 27 de febrero de 2007, Mauricio Macri eligió un basural como el escenario perfecto para anunciar su candidatura a jefe de Gobierno. Lo acompañaba una niña indigente para completar la escenografía ideal.

Ese mismo 27 de febrero, Franco Macri anunciaba la venta de IECSA y CREAURBAN a su sobrino, Ángelo Calcaterra, hijo de María Pía, la hermana a la que, en el barco en el que cruzó el océano Atlántico a los 18 años, le había comprado una muñeca para que dejara de llorar. La idea de la operación de venta se pensaba desde un año antes, pero se concretó con el anuncio de Mauricio Macri. Las dos cuestiones iban de la mano.

Arquitecto de profesión, Calcaterra se había iniciado en Calcaterra SA., la empresa que fundó su padre en 1964. Fue, durante seis años, gerente general de Sideco, recomendado por su tío Antonio y gestionado por su primo Mauricio. María Pía siempre fue una suerte de "protegida" de "Tonino", con quien entabló una relación mucho más cercana que con Franco, ya que el jefe de SOCMA fue pupilo en la escuela y eso lo alejó de sus hermanos.

El apuro de Franco tenía un motivo: su hijo. La constitución de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe al jefe de Gobierno ser “propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de una empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados”. Esta incompatibilidad, que dura hasta dos años después de cesado el mandato, habría dejado a Macri fuera de la carrera. Pero también estaban en juego las obras que tenían a nivel nacional, una situación incómoda para su perfil opositor. Al final, la venta en realidad fue más amplia, porque Sideco, a su vez, transfirió a IECSA sus tenencias accionarias en Profingas, Minera Geometales, IECSA Chile y ROCIO.

Luego de la venta, el directorio de las empresas enajenadas no se modificó. Su presidente siguió siendo Calcaterra y su vice, el contador Santiago Ramón Altieri, que sería el hombre clave de Mauricio Macri en esta estructura. Altieri ingresó a SOCMA en 1977, en un cargo menor. Lo hizo en el área de contaduría hasta que, luego de ejercer diversas funciones, lo nombraron gerente administrativo de la UTE IECSA – SIDECO – VM Contreras, en 1989. Al año siguiente, manejó el consorcio SADE – TECHINT – IECSA. En los primeros años de los noventa, fue responsable de la unidad administrativa que protagonizó una de las mayores decepciones del Grupo Macri: la licitación por la privatización de Obras Sanitarias, una de las apuestas de SOCMA en aquellos años. Se terminaron conformando con las obras cartelizadas en las rutas y con la privatización del Correo Argentino. Altieri también trabajó codo a codo con el primo de Macri en Urugua-í, LITS e IECSA, de la que era presidente antes y después de su pase a Calcaterra, al igual que de PROFINGAS. 

Otro dato que llama la atención en la citada venta es que la prenda venció sin ser cancelada, al menos según los balances de SIDECO. No apareció ingreso de dinero. También despertó sospechas el hecho de que IECSA había comprado, unos meses antes de su venta, el 19 de marzo, la mitad del paquete accionario de Calcaterra SA. O sea que en menos de un año hubo un curioso pase de manos que nunca se terminó de explicar. 

Ángel Jorge Antonio Calcaterra nació el 29 de marzo de 1958. En 1986, a los 32 años, se graduó de arquitecto en la Universidad de Belgrano. Tres años antes había empezado a trabajar en Calcaterra SA, de la que fue gerente general, gerente operativo y director de obra. El primo de Mauricio supo tender su influencia en dos instituciones clave en torno a la obra pública: la Cámara de Empresarios Argentinos de la Energía, de la que fue uno de sus fundadores y vicepresidente, y la Cámara Argentina de la Construcción, de cuyo consejo ejecutivo es miembro desde 2000. Ese año fue clave en su carrera, porque a partir de su salida como gerente general de Calcaterra empezó a sumar cargos en las empresas de SOCMA, iniciándose como gerente general de IECSA. Al año siguiente pegó el salto: lo nombraron presidente de Autopistas del Sol y Servicios Viales, en ambos casos, hasta 2002; y en Urugua-í y Minera Geometales ocupó el mismo cargo hasta 2004; asimismo, fue director ejecutivo de Creaurban hasta 2007, director titular de Puentes del Litoral y LITSA hasta 2004 y 2006, respectivamente. Y como frutilla del postre, fue gerente general de Sideco Americana.

IECSA y Creaurban terminaron siendo parte de Obras, Desarrollos y Servicios (ODS). Según la información que consta en la Comisión Nacional de Valores, ODS, la sociedad anónima del holding Grupo ODS, se constituyó el 20 de junio de 2007 bajo la denominación ACSC SA, que no es otra cosa que la ex Calcaterra. El 16 de agosto de ese año, mutó a su nombre actual, con las acciones repartidas entre Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Lorenzo Ghella y la española Latina de Infraestructura, Ferrocarriles e Inversiones SL (LATIFER), que forma parte del Grupo Ghella de Italia, nucleado en torno a Ghella SA. A principios del año 2007, Calcaterra adquirió la mayoría del capital social de IECSA. El 16 de agosto de 2007, hizo un aporte de acciones de IECSA a ODS SA, por lo que la empresa ingresó al grupo. Ese año, Creaurban también se sumó a ODS luego de la adquisición de la mayoría de su capital perteneciente a SIDECO por parte de Ángelo Calcaterra y LATIFER. En 2009, se produjo la fusión por absorción de ACSC por Creaurban. ACSC es la ex Calcaterra, de la que, como se dijo, IECSA había adquirido el 50% entre junio y agosto 2006. Al año siguiente, se quedó con el 50% que le faltaba, un mes antes de que Calcaterra adquiriera IECSA.

Sintetizando, IECSA compró la empresa de Calcaterra y, al poco tiempo, él mismo le compró sus acciones en IECSA a Sideco. Como consecuencia de todo ese complejo pase de empresas, en 2007 el capital social de ODS quedó conformado de la siguiente manera: 50% de Calcaterra, 49% de LATIFER y 1% de Lorenzo Ghella. 

ODS ganó obras en la Ciudad. Muchas. Pero mientras las miradas apuntaban a ese pequeño rincón de país llamado Santa Cruz por el conflicto de intereses que emanaba y por las características de sus protagonistas, ODS empezó a sumar contratos a lo largo y ancho del territorio, incluso en distritos gobernados por el Frente para la Victoria, donde estuvo asociada, muchas veces, a Lázaro Báez y otros empresarios ligados al kirchnerismo. Así pasó en la autopista Rosario-Córdoba. IECSA inició, en diciembre de 2008, la construcción de 48 kilómetros paralelos a la antigua ruta nacional 9 por 1.248 millones de pesos en sociedad con JCR SA., que pertenecía a Juan Carlos Relats. La obra estuvo cargada de sospechas de sobreprecios. IECSA ya había ganado, en mayo de 2006, una licitación para hacer otro tramo de casi 63 kilómetros entre las localidades de Leones y Ballesteros por 903 millones de pesos. Más tarde, en 2010, IECSA sumaría -dentro de ODS- el primer tramo del Camino del Buen Ayre por 483 millones de pesos.

SOCMA había tenido una relación estrecha con Yacyretá, que siguió a través de sus empresas cuando pasaron a ODS. En efecto, IECSA también se asoció con la firma de Relats para realizar obras en Posadas necesarias para la elevación de la cota de Yacyretá, como el tratamiento costero, que fue denunciado por sobreprecios. En 2014 sumó, juntó con JCR, la duplicación de la calzada de la ruta nacional 12 por 2.847 millones de pesos. Además, ODS completó en 2013 –año en que se acogió a un plan de regularización ante la AFIP–, la construcción de la tercera línea de transmisión de la central hidroeléctrica por medio de la sociedad vinculada Líneas Mesopotámicas SA. También hizo interconexiones con sus empresas vinculadas Líneas de Comahue Cuyo SA y Líneas del Norte SA. En Esperanza, Santa Cruz, realizó con la sociedad controlada Compañía Americana de Transmisión Eléctrica la estación transformadora correspondiente a la interconexión entre Pico Truncado, Río Turbio y Río Gallegos por 123 millones de dólares, el 95% de los cuales correspondía al holding de Calcaterra. Ganó por 174 millones de pesos la construcción de las estaciones transformadoras de Los Antiguos y Perito Moreno, y la línea de interconexión de alta tensión, a través del joint venture IECSA-EDVSA. Pero la demora en hacer la obra fue enorme, y se hizo luego de la renegociación del contrato.

Sin embargo, la relación del primo de Macri con el kirchnerismo es anterior a la creación de ODS. A partir de los balances negativos que presentó en 2005, algunas fuentes aseguran que Calcaterra SA no atravesaba una buena situación económica en aquel 2007 en que Ángelo se quedó supuestamente con las empresas de su tío, pero no es menos cierto que la compañía había ganado importantes licitaciones. Por ejemplo, en febrero de 2006 encaró la restauración de la Casa Rosada, en una obra simbólicamente importante a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura, que dependía de la Secretaría de Obras Públicas que conducía José López. El año anterior ya había realizado la restauración de las fachadas del Palacio San Martín, sede de la Cancillería.

Tanto Calcaterra SA como IECSA aparecen en un informe  desarrollado en octubre de 2008 por la Coalición Cívica bonaerense sobre las cinco empresas que concentraban las construcciones a nivel provincial. El grupo lo completaban Martíne y De la Fuente, Ingenor y Eduardo Colombia. La investigación estipuló que el primo de Macri se quedaba con el 20% de las adjudicaciones. El caso que más despertó la atención en territorio bonaerense fue el de las 1.990 viviendas que una UTE entre Calcaterra e IECSA construyó en Monte Grande, partido de Esteban Etcheverría, en el marco del Plan Federal de Vivienda. Las obras por casi 100 millones de pesos comenzaron en 2005 y tenían un plazo de 18 meses. En 2008, cuando se publicó el informe de Elisa Carrió, algunas casas todavía no habían sido entregadas. El barrio ni siquiera tenía nombre, porque supuestamente iba a ser bautizado al finalizar su construcción. Sus habitantes no sabían cómo explicar dónde vivían. Las paredes de sus hogares temblaban, porque las edificaciones se habían hecho sobre un humedal, y como pusieron sólo cinco combinaciones de cerraduras, cientos de desconocidos podían abrir sus viviendas. Lo terminaron bautizando barrio Malvinas. Esos terrenos eran parte de un lote de 350 hectáreas del humedal Laguna de Rocha que SIDECO había comprado durante la década de 1990 con la intención de construir tres barrios privados. Los permisos fueron solicitados en 1996, el mismo año en el que la zona fue declarada “reserva histórica”. El primer y único proyecto que se llegó a desarrollar fue el barrio Los Mirasoles. El grupo vendió 50 hectáreas para el Plan Federal de Viviendas. Cuando los terrenos pasaron a ODS, los proyectos de los barrios ya se habían caído. Pese a que el humedal es clave en la mitigación de las inundaciones en una zona donde estas son moneda corriente, Calcaterra se propuso hacer un parque industrial de 122 hectáreas. Pero el plan nuevamente naufragó y la empresa empezó a plantar soja y regar de glifosato la zona, sin atender las quejas de los 4.500 vecinos, incluidos los de Los Mirasoles y de Malvinas. A fines de 2011, estalló la bronca cuando fumigaron las medianeras y las cucarachas invadieron Los Mirasoles. La asamblea barrial intentó calmar los ánimos con un mensaje que renovó la bronca: “Para tranquilidad de todos: ¡No han tirado pesticidas! Sí utilizaron glifosato, un herbicida aparentemente habilitado para este uso”. Al año siguiente, la laguna fue protegida por una ley que la convirtió en reserva protegida, pero a los pocos meses le desafectaron 64 hectáreas para que los clubes Boca y Racing hicieran un predio privado. Finalmente, la Justicia bonaerense frenó la iniciativa.

En 2014, Greenpeace denunció que El Yuto SA, propiedad de SIDECO hasta hoy, había obtenido la rezonificación de su finca homónima en Salta, lo que le permitió arrasar con seis mil hectáreas de bosques nativos protegidos por ley, lo que además afectaba las comunidades indígenas y criollas cercanas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.

Isolux IECSA

En julio de 2007, el ENARSA convocó a una licitación pública, nacional e internacional para ampliar la capacidad de generación de cinco centrales eléctricas. IECSA ganó en una UTE con la española Isolux la adjudicación para convertir dos de esas usinas de ciclo abierto en ciclo combinado, un cambio de tecnología que permite usar en una segunda turbina los gases de la combustión que son liberados a la atmósfera, lo que implica producir más energía. Con una inversión inicial de 1.529 millones de pesos, la obra en la central termoeléctrica Brigadier López, en Sauce Viejo, Santa Fe, comenzó a erigirse en enero de 2010 y debía demorar 2 años, pero al finalizar la edición de este libro no había sido concluida debido a una sumatoria de problemas, entre los que se cuentan la crecida del río, una interna dentro de UOCRA que llegó a paralizar la construcción y un sinfín de conflictos contractuales, sumados a las dificultades para importar producto de un dólar que multiplicó varias veces su valor. La otra construcción es la de la central Ensenada de Barragán, en Buenos Aires. Adjudicada en 2010, debía estar lista a fines de 2014. Al comenzar 2015, fue paralizada, lo que provocó que no se les pagara a los proveedores ni a los subcontratistas. El costo inicial fue de 850 millones de pesos pero terminó saliendo 1.500 millones. En el famoso informe "El estado del Estado" elaborado por Presidencia de la Nación, ENARSA denunció un costo por megavatio hasta 70% mayor que en otros lugares del país.

Un detalle: IECSA e Isolux habían sido designadas para construir el “tren bala” en un consorcio denominado Veloxia, que incluía a Emepa, de Gabriel Romero, la francesa Alstom (a través de Alstom Argentina SA, Alstom Transport SA y Alstom Transporte SA) y, de nuevo, el grupo Isolux-Corsan SA. La UTE fue creada bajo la coordinación de un asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, ex directivo de Bunge y Born, fanático de las corbatas Hermes y ex consultor de Alstom y Emepa, cuyos mails revelaron que con su socio español Miguel Ángel Lorente habían creado parte de la ingeniería financiera del grupo. De prosperar la obra, habrían cobrado una comisión cercana al millón de euros. Un chisme: Vázquez y Jaime eran clientes predilectos de Macair, la empresa de taxis aéreos del grupo Macri –beneficiada por Mauricio a poco de asumir como presidente–, cuyo titular, Carlos Benjamín Colunga López, los ayudó a comprar el avión que finalmente sería parte del escándalo en torno al ex secretario de Transporte de Kirchner.

Báez y el pacto de impunidad K

La relación de Calcaterra con Báez es un caso aparte. Fue la excusa predilecta de los periodistas afines al kirchnerismo para eludir los desaguisados de Cristina y Néstor mientras enlodaban a la actual gestión. Esos periodistas que disfrutaron de los beneficios de un acrítico apoyo a un proyecto político habían perdido credibilidad ante la opinión pública para denunciar supuestas incongruencias en el manejo de la cosa pública por el macrismo. Sin embargo, la relación es cierta. El mejor amigo de Lázaro Báez cuenta que el primer número en la lista del celular del titular de Austral Construcciones era el de Ángelo. Esto no significa que fuesen amigos pero mantenían una relación cordial, de mutuo respeto y podían compartir un café y algunos negocios.

Al cambiar el gobierno y reencauzarse las causas judiciales contra funcionarios del kirchnerismo, Julio De Vido levantó el teléfono de su despacho en la Cámara de Diputados y llamó a un empresario muy cercano a Macri, con el que mantuvo una intensa relación y que oficiaba habitualmente de interlocutor. "Si me mandan al muere, me los llevo a todos conmigo, incluso a Calcaterra", advirtió el ex ministro. El empresario hizo de puente y le trasladó las amenazas al Presidente. "Que se lo lleven", respondió Macri. La situación había variado radicalmente. En Cambiemos, la voz de Carrió se escuchaba con fuerza y el video de “La Rosadita” había impactado en la opinión pública. En ese momento, no había chances de pactar impunidad con los derrotados.

Báez y Calcaterra se conocieron a mediados de 2009. En esos días, comenzó una relación que, según distintas fuentes, no es amistosa pero sí sumamente cordial y repleta de intereses comunes. Las negociaciones, no obstante, las manejarían los cuadros gerenciales de sus empresas. En la Cámara Argentina de la Construcción defienden al primo del Presidente y explican los negocios compartidos con Báez en la conveniencia mutua. “A Calcaterra lo atacan y critican injustamente. Se asoció con Lázaro Báez para ganarse beneficios del gobierno nacional. Ese es su pecado. Pero es un caballero. Hacer lobby es lícito y normal. Lo ilícito es si ofrecés guita. Calcaterra, a lo sumo, tomó una mala decisión. Pero eso no lo convierte en un corrupto –lo defiende un importante empresario de la Cámara Argentina de la Construcción que prefiere el anonimato-. El tercer lugar en el ranking de la obra pública es un dato menor. Ese ranking es una mentira. ¿Techint primero? Supongo que será contando sus negocios internacionales. Los principales ganadores de estos años fueron Cristóbal López; Rovella Carranza, que debe tener 40 proyectos; Esuco; Cartellone y, obviamente, Báez”, concluye el empresario.

Un operador cercano a Cristina Kirchner tiene una visión menos transparente. “La alianza entre Báez y Calcaterra fue porque IECSA, como también Caputo, pagaban la ‘cometa’. Se la ponían a De Vido. Obviamente, se sobrefacturaba y Macri no tenía problemas”. La fuente asegura haber sido testigo de una negociación entre Mauricio Macri como jefe de Gobierno con el ministro de Planificación Julio De Vido. “El ministro quería traspasar el subte a la ciudad pero sin recursos. Macri lo visitó y le dijo: ‘Yo lo quiero con recursos’. ‘¿Lo queres con recursos?’, le respondió De Vido. ‘Está bien… Pero a tu viejo lo saco como comisionista de los negocios con China’, chicaneó el hombre de Planificación al futuro presidente”. El gobierno de la Ciudad se hizo cargo de los subtes sin recursos. 

Según el operador, los contactos entre De Vido y Calcaterra existieron, al igual que entre José López y Nicky Caputo. Todo cambió cuando Macri firmó la alianza con Elisa Carrió, enemiga pública Nº 1 del gobierno de Cristina Kirchner. “Creían tener garantías de que no los iban a joder; es más, creo que si a José López no lo agarraban con los bolsos… ¡No pasaba nada!”. Aldo Pignarelli reconoce que los contratistas amigos de Macri son los italianos de la firma Guela –que hizo el túnel del Maldonado y ganó el soterramiento asociada a Calcaterra- y el mismísimo primo del Presidente. “Hicieron la obra más cara de la ciudad, pero es una gran obra, muy bien hecha, 1.200 millones de dólares con financiamiento del Banco Mundial. Ángelo es un tipazo, lo quiero mucho, son tipos serios, ellos hacen las obras y las hacen bien. Después, si está el negocio…”.

El primer número del celu de Báez era el de Ángelo. El primero, remarca su amigo. La relación era excelente. “Lázaro tenía un refrán que decía que hay que comer y dejar comer. No podés llevártela toda para vos. Como Néstor, Lázaro repartía. No querían tener enemigos. Después llegó Cristina, a quien le encanta tener enemigos. Lupin daba algo para que no hablasen mal. Era un un encantador de serpientes, ibas para putearlo y te ibas contento. Tenía esa cosa de saber todo de tu vida privada. Te recordaba el cumpleaños de tu hija, el bautismo de un pariente y te preguntaba si necesitabas algo para tu pareja, hermanos o padres”. 

Amigos en las obras

Ángelo y Lázaro, entre otras cosas, hicieron juntos la planta terminal de Petrobras en Caleta Paula (15 millones de dólares), dos rutas en Entre Ríos por 33 millones de dólares y una obra en Paso de los Libres en el Complejo Terminal de Cargas. También realizaron infraestructura vial en Yacyretá por más de 68 millones de dólares, y obras de infraestructura en Atucha II por 40 millones de dólares. Además, ganaron, en el año 2013, la licitación por el Hospital Pedro Insfrán, en la localidad formoseña de Laguna Blanca, Pilcomayo, pero le transfirieron los derechos a Mateo-Covasa SRL Asociados, esta última, de Moisés Salón, supuesto socio de Stella Maris Manzur, la encargada de adjudicar la obra pública en Formosa en pleno escándalo por The Old Fund y Ciccone Calcográfica.

En el caso del tramo de la ruta nacional 18 que va desde el empalme con la ruta nacional 20 hasta el arroyo Sandoval, en Entre Ríos, IECSA sólo figuró en los papeles y pasó completamente desapercibida en la prensa local porque subcontrató a Austral Construcciones. El pacto se celebró por 174 millones de pesos, pero costó no menos de 355 millones. Báez también acompañó como subcontratista a IECSA en el tramo Armstrong-Villa María de la ruta nacional 9, por 118 millones de dólares.

Pero lejos del relato que idealiza sus negocios, el de Báez y Calcaterra no fue un consorcio exitoso. IECSA y Austral Construcciones se presentaron a licitaciones por más de 9 mil millones de dólares. Sin embargo, sólo lograron contratos por cerca de 500 millones de la moneda estadounidense y perdieron las dos obras más importantes que intentaron conseguir: El tramo Ibarreta-Formosa del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), por más de mil millones de pesos, en 2013, junto a Conta e Isolux; y su lance más osado: la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Copernic en la provincia de Santa Cruz. Fue la excusa preferida del kirchnerismo y de un Báez preso, que aseguraban que la obra pública no se había manejado como una cosa nostra. Fue Cristina Kirchner, directamente, quien vetó a Báez de las represas. La investigación de Jorge Lanata sobre “la ruta del dinero K” medía 30 puntos de rating y Báez y Fariña eran los apellidos más mencionados entre la opinión pública. No fueron los principios sino el instinto de supervivencia lo que evitó que Lázaro y Ángelo se quedaran con las represas. 

Esa iniciativa desembocó el 31 de julio de 2012 en la firma del memorándum de entendimiento entre IECSA, Austral Construcciones y la china Sinohydro Corporation Limited para presentar una propuesta en los proyectos. El 10 de diciembre se confirmó el contrato, que incluía otros dos actores que, en la obra pública, jugaban en primera: Esuco y Chediack. Fijaron su domicilio en el octavo piso de Manuela Sáenz 323, justo arriba del domicilio legal de The Old Fund. La puja la ganaron juntas Electroingeniería, Hidrocuyo SA y la china Gdezhouba Group Company. Pero la sociedad Báez-Calcaterra atrajo todas las miradas. O mejor dicho, Báez logró que la atención se posara en ese acuerdo, cuando presentó un escrito judicial en el que admitió que recibió 209 millones de pesos de Helvetic Group para financiar ese proyecto y sacudió el tablero. Fue un puñal para un Calcaterra de bajo perfil y pocas palabras en público. Había sido mal asesorado por integrantes de los servicios de inteligencia que comenzaban a despegarse de Cristina Kirchner.

Báez también cuestionó el proceso licitatorio de las represas, del que dijo que “no quedó exento de irregularidades” y que les permitieron modificar su cotización sin que se enteraran los otros oferentes.

Arroyos

Los principales puentes eran los de la avenida Santa Fe y las calles Lope de Vega, Segurola y Warnes. Hasta la anexión de los barrios de Belgrano y Flores, en 1887, al otro lado del arroyo Maldonado estaban los suburbios. Como el resto de los arroyos de la Ciudad de Buenos Aires, cuando las torrenciales lluvias veraniegas colmaban sus inofensivos cauces, el agua inundaba los alrededores en una verdadera pesadilla para los porteños. Los denominaban "terceros" en alusión a los tenientes terceros, cobradores de impuestos que "se llevaban todo". Entonces hablaban de tercero Vega, tercero Medrano, tercero Maldonado.

A comienzos del siglo XX, en las zonas inundables de la ciudad de Buenos Aires se radicaron, como suele suceder, los sectores más pobres, ligados a la inmigración. El arroyo Maldonado terminó convirtiéndose en un gran basurero a cielo abierto, lo cual adicionó un condimento extra al problema que provocaban las inundaciones: la contaminación y la propagación de enfermedades. En 1919 se pensó en convertirlo en un curso navegable, pero el proyecto fue abortado y se decidió entubarlo, y una ordenanza municipal del 25 de agosto de 1924 lo dispuso. Era una de las obras públicas más importantes de la historia de la Ciudad.

Hacia fines de los años veinte comenzaron las primeras excavaciones. Los 21,3 kilómetros del arroyo Maldonado, desde la localidad bonaerense de San Justo hasta el Río de la Plata, terminaron de ser canalizados a mediados de la década de 1930. Pero las obras continuaron. Se necesitaron 20 mil toneladas de cemento, 55 mil toneladas de arena, otras 70 mil de pedregullo y 5 mil de hierro en barra. Sobre su traza se inauguró, unos años después, el primer tramo de la avenida Juan B. Justo, que atraviesa diez barrios porteños. Recién a finales del primer peronismo, en 1953, la obra fue completada en toda su extensión. En 1950, la avenida había sido rebautizada 17 de Octubre, pero en 1955, la autoproclamada Revolución Libertadora le devolvió el nombre original.

En 1908, el 40% del agua de lluvia drenaba a través de la tierra de las plazas y los jardines. Un siglo después, sólo el 5% lo hacía. La obra quedó chica. A mediados de los años noventa, durante la gestión del radical Enrique Olivera, se tomó la decisión de construir los llamados "aliviadores", túneles que captan y derivan parte del caudal del arroyo.

El 2 de diciembre de 2004, un año antes de su destitución, el entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, envió a la Legislatura un proyecto de ley para aprobar un convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 130 millones de dólares y para declarar de utilidad pública una serie de terrenos que serían usados en las obras. Un año después, Cromañón mediante, Ibarra fue destituido. Lo sucedió Jorge Telerman, que cumplió el resto del mandato hasta fines de 2007. Para entonces, y habiendo perdido las elecciones porteñas a la Jefatura de Gobierno,Telerman decidió suspender la ejecución de muchas obras públicas mediante la ley 2.407, que modificó el Presupuesto. Sin embargo, le dio un adelanto de siete millones de pesos a IECSA por obras que todavía no se habían empezado a hacer (los pasos bajo nivel de la avenida Mosconi y la calle Punta Arenas, ambos debajo de las vías del Ferrocarril Urquiza, la primera por 22 millones de pesos y la segunda, por 26 millones de pesos) y que demandarían mucho más tiempo que el pactado. Un mes antes de abandonar el cargo, Telerman firmó otro decreto que benefició a IECSA: la adjudicación de los canales aliviadores de la Cuenca Erézcano, en el sur porteño, por casi 90 millones de pesos. A un año de adjudicada la obra, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín aprobó la resolución 873/08 con la que avaló una redeterminación provisoria del valor del contrato.

Meses después de asumir como jefe de Gobierno en diciembre de 2007, Mauricio Macri adjudicó la obra correspondiente al Maldonado. Aunque en el gobierno porteño aclararon que Calcaterra no tenía nada que ver, a esa altura Ghella era parte de ODS, cuyo presidente era el primo de Mauricio. Ghella había propuesto un costo total de 279.353.720,73 pesos más 56.874.225 dólares, lo que arrojaba un total de unos 150 millones de dólares. En el camino quedaron dos UTE de peso en la obra pública: Odebrecht – Supercemento, por un lado, y SELI – DYCASA, por otro. La primera había ofertado 280 millones de dólares y la segunda, 202 millones de dólares. Los montos, como se verá, son fundamentales, porque la obra terminó costando bastante más de lo estipulado, lo que desvirtuó la licitación. La maniobra que infló el precio fue denunciada en la Justicia.

El 13 de mayo de 2008, Macri firmó el decreto 542 por el cual aprobó una licitación de "servicios de consultoría" para inspeccionar y controlar la obra. La ganó un consorcio entre la italiana Geodata y la argentina CADIA. Esta última tenía una vasta experiencia realizando estudios y controles de calidad en el país, pero era su primera (y hasta ahora, única) obra en la ciudad. Sí había tenido relación con el Grupo Macri, al haber participado del proyecto de construcción del puente que une Posadas con Encarnación. Sin embargo, el conflicto de intereses giró en torno a Geodata, una firma con sede en Torino, que ya había supervisado obras de Ghella en Italia, pero que además integraba con la empresa que tenía que controlar el directorio de la Sociedad Italiana de Tunelería y habían participado juntas de algunas licitaciones en su país. Habían sido socias. La forma en la que se contrató a la UTE Geodata - CADIA también forjó el bullicio opositor, porque se pagó por horas trabajadas, algo imposible de controlar, sobre todo si esas horas se trabajaron en Italia.

El proyecto original de los aliviadores del Maldonado fue diseñado por un consorcio internacional y probado en un modelo a escala elaborado por el Laboratorio Hidráulico de la Universidad de La Plata. Por eso, el contrato incluía una serie de especificaciones técnicas, en particular, la construcción de tres "pozos de ataque" circulares de 14,40 metros de diámetro y 3 metros de profundidad, unidos por paredes comunes. Sin embargo, el gobierno porteño le pidió a Ghella que formule "alternativas para acelerar los pasos de ejecución". La empresa demoró apenas un mes para presentar una variante al plan original: propuso cavar un sólo pozo circular de 40 metros de diámetro por 35 de profundidad, que permitiría ganar cinco meses de tiempo. Los expertos internacionales contratados se manifestaron en contra. Dijeron que era una solución costosa e ineficaz. El costo se infló entre 50 y 100 millones de pesos. La obra fue detenida dos veces por la Justicia, entre otros motivos, por falta de estudios ambientales y por mayores costos. También hubo quejas porque Ghella no contrató antropólogos y paleontólogos, como estaba previsto en los pliegos. El entonces legislador Milcíades Peña, uno de los impulsores de las sucesivas denuncias junto a Facundo Di Filipo y Sergio Abrevaya, reveló que se robaron 160 fojas del expediente que estaba en poder del juez en lo Contencioso Administrativo Vicente Cataldo en las que había información remitida por el Poder Ejecutivo que incluía el compromiso de la empresa de no modificar el proyecto original y de no exigir compensaciones por gastos adicionales si la obra lo requería.

Sin embargo, el gobierno porteño nunca acató esas disposiciones. El 8 de abril de 2010 murió el buzo Rodrigo Ojeda luego de intentar en vano reparar la máquina tuneladora a unos 22 metros de profundidad. El hecho fue ocultado; apenas se publicaron un par de notas alejadas de la realidad en Miradas al Sur. Al parecer, habría sido un error de cálculo en la descompresión por parte del médico especialista en tratamiento hiperbárico contratado por Ghella, de apellido Sequeira, y que les podría haber costado la vida a los tres buzos que estaban con Ojeda: un técnico italiano y los argentinos Víctor Moreno y Alberto Almirón, quienes padecen secuelas. En la Asociación de Buzos Profesionales intentaron impulsar el expediente. Todo quedó en la nada. Bárbara Ulman, la viuda de Ojeda, habría cobrado una indemnización extrajudicial antes de "desaparecer del mapa", como respondieron en la organización ante la requisitoria periodística.

Por entonces, sólo se había realizado una inspección de la Dirección General de Protección del Trabajo, que dirigía el contador Ángel Rodríguez (sin título en Higiene y Seguridad, como exige la ley), quien había detectado la ausencia de medidas de control. También había pericias que cuestionaban varios aspectos, como filtraciones entre los bloques de concreto que forman el túnel y falta de control sobre la calidad de los materiales, dos cuestiones fundamentales a largo plazo. Ghella encaró buena parte de los trabajos sin seguro ambiental. Recién lo contrató cuando se lo exigió la justicia, en el marco de un recurso de amparo impulsado por el legislador Eduardo Epszteyn. Pero un año después decidió no renovar el contrato, porque eran "costos adicionales excesivos". El Ministerio de Desarrollo Urbano terminó haciéndose cargo del pago del seguro, en un insólito subsidio al contratista de obra pública.

Uno de los funcionarios heridos por esas presentaciones fue Roberto Klix, director de Obras de Ingeniería, quien perdió peso dentro del organigrama. Eso no afectó a su hijo, elegido candidato a comunero. En cambio, el principal responsable no pagó costo alguno. Aunque, en virtud del pliego de licitación, el director de la obra debía ser un ingeniero civil, el gobierno porteño designó a Eduardo Samuel Cohen, un ingeniero eléctrico. Era como poner a un dermatólogo a asistir un parto. Aun así, Cohen fue nombrado el 30 de junio de 2008 para actuar “en representación del GCBA para la supervisión de la inspección y de la ejecución de las obras, lleve a cabo el seguimiento y control de las mismas, así como visar los certificados de obra y de inspección y colaborar para la aprobación de eventuales cambios a su ejecución”. Para ello no se tuvieron en cuenta sus antecedentes. En 1997, Cohen era director general de Instalaciones Eléctricas de la Ciudad cuando los vecinos del boliche El Reventón denunciaron en la Defensoría del Pueblo y otros organismos que el local tenía deficiencias técnicas. Con su firma, había dado su aval al plano electromecánico pese a que se había confeccionado a partir de un diagrama con medidas que no eran las reales. Sus detractores creen que debería haber realizado inspecciones y exigido que hubiera extractores y un sistema de energía auxiliar. No lo hizo. Unos años después, El Reventón fue reinventado como República de Cromañón. La historia es tristemente conocida. En un expediente paralelo a la causa principal, Cohen fue absuelto. Los familiares de las víctimas no lo podían creer.

Por Luis Gasulla

Coloboración Juan Parrilla y Alicia Panero

Extractos de El negocio político de la obra pública

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