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Era previsible. En reiteradas ocasiones dijimos que Maximiliano Rusconi terminaría quedándose con la defensa de Julio De Vido en la causa judicial que más compromete a CFK: La direccionalidad en los contratos de obra pública denunciados por el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. 

Julián Ercolini elevó a juicio oral dicha causa, en la que también están procesados y embargados, la ex Presidenta, De Vido, Lázaro Báez, José López y la plana mayor de Vialidad Nacional en los tiempos del kirchnerismo.

Rusconi abandonó a Báez cuando se enteró que la causa de la obra pública se unificaría con la que investigó lentamente Sebastián Casanello: La ruta del dinero K. Allí Báez también está procesado pero por supuesto lavado de activos. En esta causa, el juez jamás quiso indagar a CFK. La justicia hizo lo más coherente: las unificó. Rusconi cobró, se presentó en programas de televisión como el salvador y abandonó al empresario caído en desgracia en el peor momento. 

A Rusconi lo promovía Liliana Costa, empleada de AFIP vinculada sentimentalmente con el detenido empresario. Báez designó abruptamente a Esteban Bailan, hombre  desconocido en los pasillos de Comodoro Py. En su entorno, aseguran que lo habría recomendado su abogada Elizabeth Gasaro que lo representa en una causa de corrupción vinculada con el mausoleo en homenaje a Néstor Kirchner. 

Gasaro es una de las pocas personas en las que Báez se apoya actualmente. A pesar de que los antecedentes de Gasaro no seducirían a ningun preso -los hermanos Lanatta aún se acuerdan de la experiencia que pasaron por esa defensa- Báez se recostó en las opiniones de la ex letrada de los protagonistas de la triple fuga. 

El tufillo a servicios de inteligencia residual, extorsión, aprietes y un entorno que exprime lo que le queda al empresario detenido, es el contexto final de una película interminable en la vida de la familia de Báez. Les aseguraron que estaba por recuperar la libertad. Hoy, no dejan de asombrarse, por otro desplante. A pesar de haberlo tenido todo, a Báez lo volvieron a traicionar. En dos años no pudo constituir una defensa sólida, un nuevo letrado deberá leer las miles de hojas de un expediente interminable y su figura se diluye en la intrascedencia de un silencio que nunca terminó de romper.

En tiempo de descuento, Báez aguarda un previsible final del cuento. Solo resta saber si será el único responsable de la fiesta vivida durante la "década ganada".

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla

 

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Margarita Stolbizer denunció que se investiguen los beneficios otorgados mediante la contratación por parte del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa (Labcom SA), cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del gobierno nacional; actuación que podría encontrarse encuadrada en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (ART 265 CPN); incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN), sin perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigación.

Según expone la presentación judicial, se ha tomado conocimiento de diferentes beneficios que se otorgaron desde el Ministerio de Modernización de la Nación a Labcom SA; empresa constituida por funcionarios públicos, quienes coexistían en el momento de los beneficios tanto en su cargo en la Administración Pública Nacional como también el frente de la empresa privada beneficiada.

Esta empresa, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones impulsadas desde el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, no posee empleados y sus únicos ingresos en el período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la Administración Pública Nacional y de la Ciudad.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales. La sede social se fijó en Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, se inscribió como proveedora del Estado el 12 de agosto del 2016, durante la gestión Cambiemos. El capital social es de 50.000 pesos y así se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, obtuvo contratos millonarios tanto en el ámbito Nacional como en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires por varios millones de peso

Según información que surge del Portal de Compras Electrónicas de la República Argentina, por expediente Número EX-2016-01577749--APN-DCYC#MM, tramitó la contratación de un Servicio de Consultoría en relación al Seguimiento de Evolución de Proyectos Centrales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. El 28 de septiembre de 2016 por Disposición 2016-7-E-APN-DNRI#MM, se autorizó el llamado, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se proyectó el Concurso Privado por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000.-).

El 14 de octubre de 2016 al finalizar el plazo de presentación de ofertas seis proveedores habían participado, pero solo se había confirmado la presentación de una única oferta, correspondiente a la empresa LABCOM S.A. CUIT 30-712278052.

El 2 de noviembre de 2016 mediante dictamen de evaluación de ofertas IF-2016-3252420-APN-DCYC#MM, se aconseja la adjudicación a la oferta presentada por la firma LABCOM S.A., sin advertirse que los integrantes de dicha empresa eran funcionarios públicos a esa fecha, que la empresa no contaba con empleados registrados y que no tenía ingresos. Sin embargo, se concluye que se acreditan trabajos vinculados estricta y directamente con los objetivos planteados, que se valora los trabajos que se habían desempeñado para la Administración Pública y se pondera el equipo de trabajo presentado.

La empresa también resulta adjudicataria de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar un ejemplo, en el 2017, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le adjudico la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones (licitación 8/17) por un total de 2.604.000 pesos.

Los hombres del Presidente.

Sus socios son Juan Pablo Peredo (CUIT 20-21930022-4), Luciano Hernán Elizalde Acevedo (CUIL 20185350488 y Alejandro Luciano Alonso (CUIT 20243123462) Ahora bien, los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el presidente de la Nación.

En el caso de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, es investigador del Conicet. Lo más grave es que compartió un condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (Sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo). Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia de la Provincia de Salta. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015.

El otro socio de la empresa Labcom SA es Juan Pablo Peredo, quien se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones. Y así surge claramente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año 2016 donde Peredo declara su participación en Labcom SA.

El tercer socio, Luciano Alejandro Alonso, también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional, ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Stolbizer sostiene "Creemos que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas toda vez que omitieron cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista de cualquier sospecha de parcialidad".

Por Alicia Panero

Colaboración Luis Gasulla y Sebastián Turtora

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Imagen ilustrativa.

 

 

La convivencia de la ciudadanía con las protestas y reclamos sociales es una realidad. Manifestaciones, marchas, cortes, piquetes, bombos y pancartas, se hallan hace mucho tiempo incorporadas en los ciudadanos y transeúntes de cualquier país de Latinoamérica y el Mundo.

Transporte, educación, salud, gastronomía, bancarios, grupos piqueteros, veteranos de guerra, jubilados y pensionados, movimientos de desocupados, dignidad gay, pueblos originarios, víctimas de delincuencia, entre muchos otros, históricamente han ocupado el epicentro de los reclamos y exigencias a los gobiernos de turno, en una puja donde los resultados parecieran depender del poder de convocatoria, el impacto mediático, y más aún, del malestar y los inconvenientes que pudieran ocasionárseles a los ciudadanos, e incluso a las economías de un Estado.

En Argentina es sabido, los mecanismos de resolución de conflictos convencionales “no funcionan o son inexistentes”. Los petitorios formales, las audiencias con responsables de carteras, los planteos y aún las razones más valederas y fundadas, son ignoradas o descartadas de plano, a no ser claro está que existan “conveniencias o alineamientos políticos”.

No alcanza con demostrar la veracidad de las injusticias e inequidades. Las necesidades no conmueven, ni siquiera el esgrimir serios riesgos para la salud, la seguridad o la vida, producen revisiones o redireccionamientos de las políticas en curso. Para que se produzcan cambios, las situaciones deben llegar al “extremo”.

El compromiso, la apertura y la vocación de diálogo, son olvidados por los mandatarios una vez obtenidos los votos que los empoderan, y quienes alguna vez pregonaron revisiones, reivindicaciones, y crecimiento con discursos refinados, mostrándose como el “último oasis en un desierto inhóspito minado de cadáveres políticos”, rara vez resolverán o llevarán alivio a problemáticas sociales en una mesa de diálogo y consenso.

Los conflictos sectoriales se resuelven a modo de “pulseada”. La lucha concluye cuando “el otro es sometido o seducido”, y las partes acuerdan y se comprometen ratificando cláusulas secretas y letras chicas, que en su mayoría solamente apaciguan los ánimos pero no lograrán cambios de fondo.

A pesar de todo algunas cosas cambiaron. En los últimos años han hecho su aparición nuevos actores, nuevas voces que hasta muy poco se encontraban silenciadas. Individuos desconocidos, sin experiencia política ni sindical, que jamás militaron ni tomaron parte de ningún movimiento o causa social, hoy salen a la luz.

Aunque resultara impensado surgieron nuevos actores sociales que representan minorías (¿minorías?), y reclaman por sus Derechos. Por los Derechos que les fueron vulnerados de manera sistemática e impune, a pesar que se encuentran estipulados en los famosos “Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, con el agravante que han sido ratificados e incorporados a las Cartas Magnas de países, que se autoproclaman “respetuosos y fieles obedientes de la normativa”.

Todos, y fundamentalmente las víctimas saben, que aunque los textos, las proclamas y directrices que rigen en materia de “Derechos Humanos”, resultan ideales y perfectas, la dura realidad indica que muchos Estados, -principalmente países tercermundistas o en vías de desarrollo-, incumplen y violan estos mandatos ante la mirada impávida de la Comunidad Internacional, reduciendo a estas normativas en “putrefacta letra muerta carente de operatividad”.

Por todos estos motivos han surgido. Pero quienes? Referentes de Fuerzas de Seguridad y Damnificados, que hoy ponen sobre la mesa los graves problemas que atraviesa la “Familia Policial de Latinoamérica y el Mundo”, y que históricamente fueron obligados a mantener silencio por encontrarse sometidos a arbitrarios e ilegales regímenes jurídicos, por gobiernos y funcionarios que valiéndose del “Aparato Estatal, de Cúpulas Funcionales, y Amenazas de Represalias”, mantuvieron a los descontentos como a sus reclamos, “con la boca sellada, bajo control y sometidos”.

Comenzó una cruzada jamás vista e impensada. Líderes como Carlos Adolfo Roquer, Sargento de la policía de la provincia Rio Negro de la República Argentina, -denunciante acérrimo de las violaciones de los derechos del personal-, perseguido por la misma cúpula de la institución y el poder político, hizo punta levantando la bandera de “Derechos Humanos para Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”. Increpando a viva voz a sus superiores en formaciones institucionales, denunciando en medios radiales y televisivos, y emprendiendo una procesión de a pie a Viedma, -ciudad capital que se encuentra ubicada a 512 km de General Roca-, Roquer planteó sus denuncias. Con una mochila y solamente unos pocos dineros, también iniciaría más adelante una travesía por Latinoamérica uniendo países, instituciones policiales y Camaradas, que paradigmáticamente enfrentaban las mismas problemáticas que se vivían en Argentina. El Sargento Roquer dejó grabada su impronta, y en la actualidad redobla su apuesta emprendiendo un ambicioso proyecto que persigue no solamente ya la defensa y visualización de las dificultades de los Uniformados de su país, sino la de TODOS los efectivos de “América del Norte, Centro y Sur”, constituyendo la “Unión Interamericana de Derechos Humanos para Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”.

La República de Perú no se quedó atrás. En un reclamo inesperado de gran impacto para la sociedad, el Efectivo en ese entonces “Activo” de la Policía Nacional del Perú, Jorge Siapo Moreno, vistiendo su uniforme de servicio se plegó ante los medios televisivos a una manifestación multitudinaria de retirados que reclamaban mejoras salariales, para terminar más tarde castigado por la conducción y privado de la libertad por “más de un año”, por el sólo hecho de peticionar por los derechos de los Pasivos, que en definitiva serían los mismos que le corresponderían, cuando “Él mismo” pasara a Retiro.

José Luis Torres Coronel fue otro caso que marcó al Perú y a la localidad de Tumán, y el cual continúa hoy vigente. Por manifestarse ante la opinión pública y treparse más tarde al campanario de su pueblo, Torres Castro fue sancionado duramente perdiendo su libertad. Con el único fin de evidenciar el Estado de Sitio de su Ciudad, y la represión desmedida que sufrían sus conciudadanos por conflictos laborales, el Efectivo Activo de la PNP sacrificó su “zona de confort”, exponiendo además abusos y la utilización de su Fuerza Policial por parte del “Ministerio de Seguridad”, para encubrir y sostener a grupos económicos donde “altos funcionarios políticos depositaban sus intereses”.

Néstor Tobar Pérez, referente policial desde hace varios años de la República de Chile, de manera incansable expone y denuncia las problemáticas y los atropellos que padecen los Carabineros de su país. Casos de violencia de género, acoso y persecución laboral, retenciones y confiscaciones arbitrarias en los haberes de la Tropa, son una constante denunciadas por el líder de “Carabineros de Chile”.

Ruth Nina, hija de un efectivo fallecido de la Policía Nacional de Bolivia, luego de vivenciar desde niña en carne propia las penurias e injusticias a las cuales era sometido su padre y la Familia Policial, se constituyó como un Referente de valor incalculable en su país, ya que hoy lleva la voz no sólo de los Uniformados Bolivianos, sino también de sus mujeres, madres, esposas e hijos.

Daniel Santos Carrillo, destacado abogado constitucionalista retirado de la “Policía Nacional de Colombia (PNC)”, también asumió el compromiso con la promoción y la defensa de los Derechos Fundamentales de los Uniformados. Es un Líder que aporta desde con su experiencia y conocimiento técnico, herramientas indispensables para consolidar estructuras y mecanismos que protejan al personal. Junto a su equipo intervino activamente en varios proyectos, y se destacó por su intervención en la ley sancionada por el Congreso de la República, que estableció modificaciones al “Régimen de Retiros y Pensiones de la Policía Colombiana”.

Estos y muchos otros, luego de vivenciar y padecer en carne propia la opresión, el abuso y las diferentes formas de Violencia Institucional, han levantado la bandera de “Derechos Humanos de los Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”.

Simultáneamente, en los últimos años han surgido múltiples espacios integrados por Uniformados Activos, Retirados, por quienes fueron Separados Compulsivamente de las Fuerzas, y Familiares; maridos y esposas, cónyuges, madres y padres, hijos e hijas, hermanos, tíos y amigos, se dan cita constituyendo una “Nueva y Revolucionaria Corriente”, que manifiesta ya sin miedos sus reclamos y exigencias, y el respeto de los “Derechos Fundamentales de los Trabajadores”.

Este escenario es una realidad, un hecho, pero queda pendiente una incógnita. Por qué motivos surgen y toman relevancia estos nuevos grupos?

Quizás las desventajas de abrazar la carrera y pertenecer a una Fuerza de Seguridad, han superado ampliamente el “bienestar y la contención” que en algún momento supieron brindar pertenecer a las “Filas Policiales”. Tal vez la profesión valorada, estimada y reconocida por la Sociedad, se ha transformado en las últimas décadas en una actividad donde la inexistencia de proyección profesional, personal y familiar; los bajos sueldos; el estancamiento económico; la inestabilidad laboral; la corrupción y el delito; el abandono Estatal y la desprotección de los Altos Mandos; el desprestigio; y los grandes riesgos para la salud y la vida, han superado con creces los beneficios de “pertenecer”.

Como afecta y repercute en una “Sociedad Moderna” en pleno Siglo XXI, la existencia de Fuerzas de Seguridad con tantas falencias y carencias?

Abandonadas. Explotadas. Escasos recursos logísticos. Materiales y equipamiento personal viejos u obsoletos (armamento, chaleco antibalas, equipo de comunicaciones, etc.). Sistemas arbitrarios y desregulados de selección e incorporación de personal. Planes de capacitación y formadores mediocres. Total ausencia de respaldo institucional y seguridad jurídica. Servicios de salud cuyo único fin es el “presentismo a cualquier costo”, y no en cambio el bienestar y la salud “física y mental del trabajador”. Plena vigencia de “métodos de control” que se valen de conductas y accionares persecutorios, discriminatorios, que vejan y violentan a los uniformados. Planes de carrera y proyección profesional, que premian la inoperancia, el funcionalismo, la corrupción y la obsecuencia. Inexistencia de profesionales, órganos, y verdaderas organizaciones extra-poder, independientes, imparciales, y comprometidas seriamente con las problemáticas de las FF.SS.

Como se puede brindar a la Comunidad un “Servicio Público de Excelencia”, de manera acorde a estándares internacionales, cuando aún en muchos países de Latinoamérica y el Mundo, a los Funcionarios Públicos, a los Trabajadores de Seguridad, les son violados y negados sus propios “Derechos Fundamentales”??. Como podrá un Policía velar fielmente por la seguridad ciudadana cuando el sistema no funciona, se encuentra “corrupto”, y en contra de los buenos elementos??. Cómo podrá intervenir el “Funcionario de Bien” hallándose desmoralizado, y peor aún, imposibilitado para denunciar y defender sus propios derechos y los de su familia??.

Quizás estas respuestas no puedan ser brindadas por los Gobiernos; ni siquiera por las nuevas organizaciones sociales Representativas de los Uniformados, o menos aún por otros actores de la Sociedad Civil. Quizás las respuestas y las soluciones comiencen a surgir, en el momento preciso que se acepte que las “Familias Policiales”, son parte activa e integral de la “Comunidad”, y TODOS asuman el compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo, el “Bien Común de la Sociedad”.

 

 

Pablo Sebastián Giles

Twitter: @pablosgilesok

 

 

 

 

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En las últimas horas, el juzgado federal de Julián Ercolini fue sorteado para investigar la denuncia contra Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de la Santa Cruz de Néstor Kirchner, por lavar millones de dólares en el exterior. Historia del primer “valijero K” y las sospechas de propiedades y cuentas bancarias en el exterior.

Florencia Arietto, conocida por su lucha contra las barras bravas de Independiente, denunció en las últimas horas a Juan Manuel Campillo -señalado como el primer valijero K- y a su cónyuge, el modista Carlos Di Doménico por los delitos de lavado de activo, evasión y administración fraudulenta. La denuncia fue presentada en Comodoro Py junto con la abogada María Alejandra Bellini.

En representación de ex trabajadores despedidos de la Alta Casa de Moda propiedad de Di Doménico, ubicada en el barrio de Recoleta en la calle Cerrito 1535, las letradas aseguran que sus clientes fueron protagonistas de una discusión entre la pareja denunciada en la que se hablaba de cuentas en el exterior y de dinero “sucio”. Las denunciantes solicitan que se investigue la titularidad de sociedades argentinas radicadas en las Islas Vírgenes, la República Oriental del Uruguay, Suiza y Andorra. Aseguran que la pareja adquirió una lujosa propiedad en la ciudad de Milán, Italia y que, posiblemente, sean los titulares de la sociedad Luz del Alma SA vinculado con otra propiedad en Punta Ballena, paraíso ubicado a 20 kilómetros de Punta del Este, Uruguay.

Según Arietto, Di Doménico adquirió una propiedad en la Via Settembrini 21, Milán, Italia, es el verdadero titular de Domicela SA, cuyos directores formales son Carla Di Doménico y Stefano Di Doménico y están detrás de Luz del Alma SA ubicada en Calle 29 entre Remanso y Baupres en Punta del Este. Allí se menciona al sobrino de Campillo, Gastón Nicolás.

En la investigación, Arietto y Bellini, sospechan que los denunciados firmaron un acuerdo comercial con Gustavo Favio Arce para comercializar las marcas de indumentaria “Di Doménico” y Agustino” con un aporte de capital original de medio millón de dólares sin que se pueda explicar el origen de esos fondos. Con la información visual y oral que recabaron sus clientes –ex trabajadores de la casa de moda de Di Doménico- es que las letradas creen que esa plata podría provenir de la obra pública y la corrupción.

En septiembre del 2016, inexplicablemente, Juan Manuel Campillo ingresó al penal de Ezeiza a visitar a Lázaro Báez, detenido por la causa conocida como “ruta del dinero K” acompañado del abogado Germán Mozzi. No regresó. Según el entorno de Báez, venía de parte de Cristina y estaba preocupado por las declaraciones públicas del fiel amigo del ex presidente Kirchner. “Todos me usaron de forro” le confesó Báez a Gasulla meses atrás. El encuentro forma parte de la investigación del periodista en su último libro “El negocio político de la obra pública”.

A comienzos del año 2017, los medios uruguayos informaron que el reconocido diseñador de modas deseaba blanquear su fortuna en Uruguay. Hablaron, por primera vez, de su esposo calificándolo como “un monje negro de las cuentas bancarias del kirchnerismo”. El hijo del fallecido ex financista de Mercado Abierto, Juan Manuel Ducler, asegura a este portal que “Campillo fue una pieza clave del manejo de los fondos millonarios de Santa Cruz”. La financiera de su padre conoce la historia de los 600 millones de dólares que el ex presidente Kirchner giró al exterior para ganar intereses por las regalías del petróleo mal liquidadas. Campillo, también.

Carlos Di Doménico, reconocido diseñador y amigo íntimo de Susana Giménez, deshoja la margarita por estos díasblanquear o disimular (vía Panamá) sus propiedades en Uruguay, relataban los medios uruguayos en el 2017. La ex pareja de César Jurisic, ya había blanqueado su relación con “Juan Manuel”, un hombre que abordado por los colegas uruguayos no había querido informar su apellido en una lujosa fiesta en Punta del Este en el 2012.

Campillo, no sólo pasó por el ministerio de Hacienda de Santa Cruz. Luego fue designado, en el año 2009, titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el organismo que repartía subsidios para evitar mayores subas en el precio de los alimentos. Luego, Cristina Kirchner decidió disolver el organismo.

Más tarde, Campillo se retiró de la política pero no de las finanzas. Aseguran que habría manejado una cueva financiera en Puerto Madero, conocida de Federico Elaskar. También del ex secretario personal de Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz a quien asesoró legalmente, antes de morir y de que se conociesen las exclusivas propiedades que había adquirido en Miami, Estados Unidos.

En el año 2012, Jimena Álvarez, la verdadera creadora de La Cámpora, aseguró al programa Ahora es Nuestra la Ciudad, que Campillo era el primer valijero K y el hombre clave de las finanzas de los Kirchner.

Ahora, fue denunciado por Arietto. Ercolini tendrá la última palabra.

 

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla

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Un grupo de familiares, con apoyo del CECIM La Plata presentó una nota hoy al Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, con motivo de dudas y pedidos para el viaje a Malvinas que se realizará el 26 de marzo, a colocar las placas de los soldados recientemente identificados.

Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación

Claudio Avruj

Por medio de esta nota los abajo firmantes hacemos llegar nuestra posición frente al viaje a Malvinas que el Estado Nacional está organizando para la colocación de las nuevas placas con los nombres correspondientes de nuestros familiares identificados en esta primer etapa.

Los familiares de caídos en Malvinas que luchamos para que finalmente se logre algo tan preciado, que es la identificación de nuestros seres queridos y saber cuál fue el destino final de cada uno de ellos, vemos con mucha preocupación que aún no han sido notificadas todas las familias que dieron su consentimiento y que esperan con mucha ansiedad saber el resultado arrojado de este proceso. Peor aún es la situación de aquellas familias que decidieron en los últimos meses sumarse al proceso de identificación  y están a la espera de que se tome la muestra de ADN correspondiente.

Sr. Secretario, nos preocupa que no se está tomando en cuenta que las madres están grandes y con problemas de salud y en muchos casos no pueden afrontar un viaje extenuante como el que se está planificando.

Las madres son mayores y con una salud delicada en mucho de los casos, por lo que es inhumano pensar que pueden viajar horas y horas, realizar trasbordos, viajar desde el interior del país para estar solo unas horas en el cementerio. Necesitan tiempo para reponerse del viaje, asimilar lo que están viviendo.

Han esperado paciente y abnegadamente durante más de 35 años para enterrar a sus hijos, es justo que puedan estar allí un período más extenso como mínimo un día completo, pasando la noche allí para poder reponerse de una experiencia muy fuerte desde lo psicológico y espiritual, además de la recuperación física y mental después de un viaje agotador.

 Para muchas de las madres y padres esta es la última posibilidad de estar frente a la tumba de su querido hijo. Deben cuidar a las madres, y así como plantearon el viaje, lejos están de hacerlo.

Nos preocupa la falta de información fidedigna, necesitamos información permanente por parte del Estado Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos donde usted es responsable y no de terceros y menos aún de la Comisión de Familiares, organización que no goza de ninguna credibilidad y respeto por nuestra parte.

Sr. Secretario, solicitamos que aparte a la Comisión de Familiares de cualquier gestión, no vamos aceptar la intervención e interlocución de dicha organización que ha causado un daño inconmensurable a todas nuestras familias y que solo el tiempo y la justicia sabrán en qué lugar de la historia quedara su accionar repudiable.

Necesitamos tener la mayor y mejor información a la brevedad con comunicación directa a cada familia por parte del Estado, para informar detalles del viaje.

Muchas familias que residen en el interior y deben organizar su propia logística que en muchos casos es dificultosa y onerosa, solicitamos que se efectivice un apoyo económico en lo inmediato para que puedan afrontar gastos.

Sr Secretario, sabemos que necesitamos pasaporte para ingresar a las islas, hay familiares que son extranjeros y el pasaporte tiene un elevado costo  en dólares y el tiempo de gestión es de 20 a 30 días. Muchas familias viven lejos de las oficinas donde se gestionan los pasaportes, por eso le solicitamos que usted gestione una vía especial, rápida y gratuita para garantizar que todas las familias tengan la documentación necesaria.

Le solicitamos además contar con servicio de atención médica y de apoyo psicológico durante todo el tiempo que dure el viaje. Un tema importante a resolver es no avasallar las creencias de cada familia, y la forma que cada una de ellas quiera realizar el  duelo de acuerdo a su cultura para rendir homenaje a su ser querido.

También pedimos que todas las partes involucradas en este proyecto sean convocadas, ya que su concreción fue posible, gracias al compromiso, las convicciones y el amor demostrado hacia sus compañeros a quienes ellos mismos le dieron sepultura en el campo de batalla. Al pasar los años presentando una lucha inquebrantable restituyeron el derecho que tienen los soldados a ser identificados y el derecho de las familias a saber en qué condiciones murieron.

La discrecionalidad y cuanto menos desprolijidad con la que se manejo la Comisión de Familiares, asumiendo un rol que no le corresponde en la organización de este viaje, muestra que se han olvidado de su razón de ser: El bienestar de los familiares de los caídos.

Vimos a diario a la Presidenta de la Comisión de Familiares rasgarse las vestiduras porque, según ellos tenían miedo a lo que sucedería con los cuerpos. Sembraron el terror entre los familiares, ya que fueron a visitar a distintas familias del interior a las que atemorizaron con que perderían la pensión si accedían a la identificación. A otras les dijeron que sería un festival de huesos, que profanarían el cementerio. Y en varias entrevistas aseguraron que a todos los familiares les bastaba con saber que los restos estaban allí en las islas, cuando ya habíamos firmado el consentimiento para la identificación más de 85 familias de las 122. Esto se contradice con su responsabilidad de permitir que se cumplan los deseos de al menos la mayoría de quienes se dicen representar.

Tuvimos que pasar por muchas cosas para llegar a este final, experiencias buenas y otras muy malas. De estas últimas la Comisión participó activamente al oponerse al proyecto, utilizando todo lo que estaba a su alcance para que no se realice.

Por todo lo expuesto las familias que adherimos a esta nota no nos sentimos representados por dicha Comisión, quien demostró a través de los años que en verdad no le importa la opinión ni sentir de las familias ya que su accionar fue siempre el mismo, manejándose con una completa falta de información, Tomando y llevando adelante siempre sus decisiones inconsultas y defendiendo sus posicionamientos irracionales, tildando de terroristas a los que opinamos distinto.

Con esto ponemos en conocimiento los temas que nos preocupan y deben ser corregidos en forma urgente ya que se trata de nuestros sentimientos que nunca más vamos a permitir que se nos avasallen.

A la espera de una pronta respuesta saludamos muy atte.

                                                                     

 FAMILIARES POR LA IDENTIDAD

Ugalde Raquel                                                               Norma Beatriz Gómez

María Antonia Lobos Olivares                                     Guillermo Gómez

Reyes Lobos María Cecilia                                            Dante Gómez

Reyes Lobos María de la Caridad                                Cristina Ayala

Reyes Lobos Santiago                                                   Carmen Alegre

Reyes Lobos Blasa                                                        Erminda Aylan

Susana Aylan                                                                Orlando Ramírez

Nélida Ramírez                                                             Mónica Ramírez

Gladys Pavón                                                                Gisela Avalos

Ana Monzón                                                                 Angélica Ayala

Samuel Worak                                                              Victorina de Jesús  

Martiniano Benítez                                                     Analía Echave

 

 

Alicia Panero

Periodismo y Punto.

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