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"Sus órganos no me darían tanta plata como mi negocio", intentó seducir un hombre cincuentañero a varias mujeres veinteañeras que habían asistido a un hotel céntrico de San Miguel de Tucumán para escuchar una llamativa propuesta de trabajo que incluía cuantiosos sueldos, cambios de looks y viajes por casi todo el país. La tierra de Juan Viroche, el cura que fue encontrado colgado el 6 de octubre del año pasado del campanario de su Iglesia Nuestra Señora del Valle tras denunciar insistentemente a las bandas dedicadas al narcotráfico y la trata de personas en La Florida, también es la tierra de "Quique", un aparente empresario de la construcción, alguna vez detenido en Córdoba por supuestamente integrar una red de trata e investigado por estafas en San Juan, Santiago del Estero y Entre Ríos, que sigue gozando de su libertad en el "Jardín de la República".

El hombre de 55 años, ojos negros y pelo enrulado tiene varias denuncias en su contra en la Fundación María de los Ángeles, creada por Susana Trimarco a partir del secuestro de su hija Marita Verón, desaparecida desde el 3 de abril del 2002 hace ya quince años, por una red de trata de los hemanos José y Gonzalo Gómez, condenados a 22 años de prisión.

Uno de los abogados de la ONG, Agustín Aráoz Terán, le explicó a este medio que el modus operandi de este sujeto era semejante "a primera vista a los casos investigados por el dinero exhibido y el montaje realizado". De hecho, siempre según el especialista, "la falsa oferta laboral es el principal método de captación de las redes de trata de personas".

Lo mismo sospecharon en la Fiscalía Federal n°2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, cuando por fin detuvieron el 24 de febrero del año pasado en un operativo conjunto con la Policía Federal (PFA) a ese tal "Quique" que había convocado esta vez bajo el alias de "Máximo" nuevamente a varias mujeres veinteañeras para "entrevistarlas" en el Hotel de la Cañada de Córdoba Capital.

Tenía 8.000 dólares en efectivo, 210.000 pesos también en billetes y cinco cheques de 150.000 pesos cada uno. Había pagado 10.000 pesos por su alojamiento en el hotel que incluía justamente el uso del salón de convenciones y el estacionamiento de su Volkswagen Vento, según publicó el periodista Juan Federico en La Voz del Interior.

Al falso "Quique" o verdadero Walter Enrique Noguera Gallardo, como figuraba en el DNI que portaba una vez detenido por la PFA en Córdoba, poco le importó haber perdido el anonimato o haber sido encerrado en el calabozo hasta que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, ex presidente del Consejo de la Magistratura local acusado en su momento por Abuelas de Plaza de Mayo por la lentitud en sus causas de lesa humanidad, dictara su falta de mérito express. Ahora regresó a Tucumán para relanzar ese negocio más rentable incluso que el tráfico de órganos. Ya no dice representar a Charwood sino a Empresoft. Y así se defendió ante este medio:

 

PE: - ¿Hola Quique?

NG: - Hola, ¿quién habla?

PE: - ¿Sos el que vende cabañas?

NG: - Sí.

PE: - ¿Por qué a las entrevistadas les exigís que vivan solas, que no tengan novios, que se paren para verles el cuerpo y que tengan disponibilidad para viajar a otras provincias?

NG: - Esas preguntas se las hacemos a todo el mundo...

PE: - Pero tenés varias denuncias hechas en tu contra, incluso por posible red de trata.

NG: - Me denuncian porque es gratis, pero si fueran verdad no te podría hablar desde la calle. Hace tres años tuve situaciones similares, pero tengo siete abogados en todo el país que me explicaron que si las acusaciones fueran reales ya estaría diez años en cana porque se trata de un delito no excarcelable.

PE: - ¿Por qué mentís con tu nombre si las denuncias son falsas?

NG: - Tengo mucho para perder si doy mi nombre real. Gano mucha plata con las cabañas, el transporte y las estaciones de servicio como para estar metido en una red de trata.

PE: - ¿Pero entonces por qué te haces llamar Quique, Máximo o Gustavo?

NG: - ¡Fijate lo que publicas porque tengo excelentes abogados que te van a hacer de goma!


 

Agustín Ceruse 

 

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Diego De Charras. Director de Cs. de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires). 

 

 

La doctora Mirta Varela, titular de cátedra de Historia de los Medios en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), viene realizando graves denuncias contra las autoridades de la carrera por manejo irregular de dinero, hostigamiento ideológico y destrucción de su lugar de trabajo.

"La UBA, entre el deterioro y la falta de autonomía", comienza la nota escrita en el diario La Nación en Mayo de 2016 por Mirta Varela, que ya viene señalando fuertemente como el ámbito universitario se transformó en un campo de disputa política que generó deterioro de la calidad académica. Había planteado al Decano Glenn Postolski que se había interferido en la autonomía universitaria y se había utilizado la Facultad para actos partidarios. En Noviembre de 2015 Ciencias Sociales, a través del Consejo Directivo, llamó insólitamente a votar por la candidatura presidencial de Daniel Scioli, confirmando así los dichos  de Varela en la falta de autonomía. En Argentina denunciar es un pasaje al infierno. Ir contra el poder, cualquiera sea su institución, puede llevar a consecuencias insospechadas. No es sólo potestad del kirchnerismo: desde el ´83 con la vuelta de la democracia no hay presos por corrupción, salvo honrosas excepciones. Los que se animaron a hablar tuvieron un destino de olvido, burla, persecución o muerte. Actualmente, Mirta Varela tiene vaciada su cátedra y no puede dar clases. Apuntó contra la dirección de la carrera pero no obtiene respuesta. Lo sabe bien: ir a los medios a contar la verdad de la UBA,  el acoso de la gestión K y el manejo discrecional de fondos tiene su precio.

"El detonante del conflicto es que la Carrera de Ciencias de la Comunicación inscribió 350 estudiantes en la Cátedra de Historia de los Medios  sin haber nombrado a los docentes para dictar clase a la mitad de los estudiantes inscriptos y sin contar con Profesor Adjunto ni Jefe de Trabajos Prácticos que cumplen funciones docentes y coordinación entre docencia e investigación en las cátedras", explica Federico Lindenboim, otro docente de Historia de los Medios. "El antecedente de este conflicto fue que en septiembre del año pasado cuatro docentes de la cátedra “solicitaron” (una de ellas sin siquiera dar un motivo, las otras con excusas y sin mediar siquiera una reunión) la “reasignación de funciones” al Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y éste decidió esa reasignación, sin ningún pedido de explicaciones, mediación o diálogo con la Titular y el resto de los integrantes de la cátedra. La consecuencia de esta decisión es que prácticamente vació de docentes la cátedra de un día para el otro". Según Federico, la gestión alentó romper de forma conflictiva con la cátedra prometiendo mejores puestos a los que se iban. El motivo era sencillo:  "Varela ya había denunciado muchas irregularidades en la Facultad (primero por vía institucional, luego públicamente, inclusive en los medios) y había publicado notas críticas de la política cultural y de medios del kirchnerismo".

 

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La situación es aún más seria, ya que el éxodo "intencional" de Historia de los Medios dejó cargos fantasmas: hay docentes que figuran activos en la cátedra y siguen cobrando sin ir a dar clases.  Son los casos de Ana Lía Rey, Mariano Mestman, Laura Vazquez, Cora Gamarnik, Ana Broitman, Máximo Eseverri, Paola Margulis y Silvia Mendez. ¿Dónde se reasignaron?. No está claro, según las fuentes consultadas, hacia dónde fueron.

El reclamo que se transparente la estructura de cargos hace oídos sordos en los "capos" de Ciencias Sociales de la UBA. Se han creado "Áreas de investigación" sin el más mínimo consenso ni designación por concurso para los cargos, y se nombró personal "a dedo" para estas supuestas  áreas de estudio  (http://comunicacion.sociales.uba.ar/?page_id=2868).

Por su parte, el Director de la Carrera de Cs. de la Comunicación Diego De Charras, previo incluso a que salga esta nota, respondió a un tuit escrito por quién suscribe, sobre hostigamiento en la UBA: “Sebastián no hay ninguna persecución. Docentes dejaron su cátedra y se designaron otros en reemplazo".

 

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Militante. El Director de Comunicación y su fuerte apoyo en las redes a los dirigentes K.

 

 

El descargo realizado en el Facebook del Director sugiere que hubo problemas de índole "personal" con la titular que obligaron a los profesores a dejar la materia Historia de los Medios y reasignarlos (https://www.facebook.com/diego.decharras/posts/1326947374056487). Este post que tuvo su origen en una cuenta personal de De Charras fue enviado a las listas institucionales de la facultad provocando un "escrache virtual" contra Varela, por parte de profesores amigos del Director.

De Charras no explica la pulverización de la autonomía de la UBA con el apoyo explícito a Scioli ni las demás acusaciones de utilizar el ámbito académico como escenario de batalla político - partidaria o el manejo de "cajas negras" disfrazadas de áreas de estudio.

Mientras tanto, los daños de esta conducción universitaria, que parece ser una copia de las prácticas políticas de los últimos años,  afectan directamente a la calidad institucional y académica en una Universidad que supo ubicarse entre las más prestigiosas del mundo y hoy sufre los estragos de la "década ganada".

 

Sebastián Turtora

@sebiturtora

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“A partir de este momento no entra ni sale nadie”. Así se presentaron los sabuesos de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense (AI) en la Jefatura Departamental La Plata. Un buchón había denunciado que el primer día de cada mes llegaba la plata de la recaudación ilegal por brindar seguridad a los comerciantes de la ciudad que ya pagaban sus impuestos para tener ese servicio. De inmediato preguntaron por su titular, Darío Camerini. Mientras la recepcionista afirmaba que ya no estaba, el comisario intentó esfumarse, pero un hombre de la AGAI, que fumaba habano en el portón, lo reconoció de un operativo anterior. En paralelo, otros detectives encontraron y decomisaron 36 sobres con $ 153.700 en un despacho clave.

Por eso, Guillermo Berra primero interrogó a Camerini y luego al superintendente de Seguridad Región Capital, Fernando Grasso. El dilema del prisionero no funcionó. El careo entre ambos, tampoco. Ninguno dijo nada. El auditor general se sorprendió de que los comisarios no se sorprendieran de la existencia de esa plata denunciada por un oficial de la propia dependencia. Caía la tarde del viernes 1 de abril del 2016, hace ya un año, cuando en la Gobernación de María Eugenia Vidal empezaron a dudar del jefe de la Policía Bonaerense: ¿Pablo Bressi estaba al tanto del supuesto sistema de coimas que subía hasta al menos el número tres y cuatro de su fuerza?.

El fiscal de la UFI n°3, Marcelo Martini, avisó a este medio que en los próximos días elevará la causa a juicio contra los imputados por “asociación ilícita”: Camerini, Rodolfo Carballo (subcomisario), Ariel Huck (jefe de Operaciones), Walter Skramowskyj (secretario); Sebastián Velázquez (titular de la comisaría segunda); Sebastián Cuenca (tercera); Juan Retamozo (cuarta), Julio Sáenz (sexta) Raúl Frare (duodécima) y Federico Jurado (decimosexta). Todos, menos Retamozo, fueron detenidos entre septiembre y noviembre del año pasado. Todos, menos Jurado, fueron excarcelados el 24 de enero de este año por un fallo de la Sala V de Casación Penal. Cinco días antes, el subcomisario de la Comisaría n°16 Villa Ponsati había sido encontrado muerto en su celda de la Unidad Penal n°9 La Plata.


Levantó su mano derecha hasta la altura de su hombro, puso la palma hacia el frente, los tres dedos centrales hacia el cielo, el pulgar sobre el meñique y juró: “Yo, Federico Maximiliano Jurado, por mi honor, prometo hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios, la Patria, con los demás y conmigo mismo, ayudar al prójimo y vivir la Ley Scout”. El hombre, de por entonces 35 años, también se prometió en ese instante de felicidad del 2010 abandonar “la fuerza”. La Policía Bonaerense. De a poco. Para que no le faltara nada a su esposa y dos hijos. Quería escapar.

Dos años más tarde, por fin, inauguró un local de venta de artículos para la caza y la pesca. Duró sólo dos años. Encima, los turnos interminables arriba del patrullero lo obligaron a alejarse cada vez más de la Comunidad Guía Scout Sagrado Corazón de Jesús, de City Bell, donde fue jefe de grupo de chicos. Así, en vez de colaborar con el movimiento, creado por Robert Baden-Powell para combatir la delincuencia en la Gran Bretaña de 1907 a través del desarrollo espiritual de los jóvenes, debió soportar las leyes no escritas de la fuerza: la portación de cara, el gatillo fácil y la recaudación ilegal. Hacer la “vista gorda” no alcanzaba: sus jefes se lo pasaban de una dependencia a la otra por su resistencia al sistema.


El subcomisario de Berisso fue trasladado el 1 de marzo del 2016 a Villa Ponsati. Cada vez más lejos del centro platense. “Carpincho Cordial”, como lo bautizaron en los Scout, pintó una de las paredes de su nuevo despacho de violeta, el color del movimiento, y colgó un retrato de Baden-Powell junto al del General José de San Martín, ambos bajo la protección del crucifijo. A sólo un mes de haberse hecho cargo de la Comisaría n°16 cayó en desgracia porque su apellido figuraba en uno de los sobres del denunciado el 29 de febrero sistema de recaudación ilegal desarticulado luego por Asuntos Internos. El 23 de noviembre fue alojado en la Comisaría nº5 El Pato. “Ese día empezó a morirse por dentro”, lloró ante este medio su viuda Natalia Cabrera. El 6 de enero ingresó a la Unidad Penal nº9 La Plata. “La crónica de una muerte anunciada”, insistió. Allí, sólo trece días después, apareció muerto.



Calle 76, entre 9 y 11, 7 de la mañana del 19 de enero del 2017, Unidad Penal nº9 La Plata. El subcomisario nunca se levantó esa mañana de la cucheta superior. Estaba acostado, boca abajo, con la cabeza azulada. No respiraba. Desde el Servicio Penitenciario primero afirmaron que lo encontraron los guardia cárceles, pero luego, que fue su compañero de celda, un ex agente preso por homicidio. La familia, en cambio, aseguró que fue un amigo del pabellón, condenado por gatillo fácil. Era jueves de visita. Su esposa, hijos, madre, hermana y cuñado se alistaban para verlo cuando Natalia escuchó por celular las dos palabras de la asistente social: “paro cardiaco”.

Mientras los peritos forenses de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial La Plata revisaban el cuerpo, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se apuró a decir públicamente que no había “nada irregular” en la muerte de Jurado. El fiscal Martini reforzó la versión oficial al hablar de “muerte natural” por la diabetes grados dos que sobrellevaba. La autopsia, concluida luego, sugirió otro final: “Síndrome asfíctico y un edema agudo de pulmón hemorrágico asociado a una hemorragia digestiva alta y páncreas hemorrágico”. Tenía hematomas en la región frontotemporal izquierda y en el tercio externo del párpado superior del ojo izquierdo. En el cuello, además, tres improntas en la piel de forma semilunar localizadas a nivel subangulomandibular izquierdo.

El abogado de la familia, Daniel Mazzocchini, recreó para este medio lo que dice haber sido una escena del crimen: “Lo golpearon para dejarlo indefenso y lo asfixiaron con la almohada”. La viuda, además, agregó detalles que no fueron tenidos en cuenta: “Federico dormía boca arriba porque tenía miedo de que le pasara algo, pero lo encontraron boca abajo. Su celda, que estaba abierta como beneficio por ser un pabellón de ex hombres de la fuerza, era la más cercana al ingreso del módulo. Ahora me doy cuenta de que ese privilegio fue parte de la crónica de una muerte anunciada”. El fiscal archivó la causa luego de que la autopsia complementaria asociara el fatal desenlace de Jurado a sus problemas cardíacos que su familia rechaza, pero su superior, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, solicitó seguir investigando la aún dudosa muerte de uno de los imputados por “asociación ilícita” en el corazón de la Policía Bonaerense.


La viuda no tuvo dudas en la inocencia de quién conoció en la adolescencias: “Es obvio que las cámaras grabaron el ingreso de Federico a la Departamental porque es parte de su trabajo como cuando yo entro a la escuela donde enseño”. E insistió: “La letra del sobre de la comisaría es suya porque se usan para diligencias”. Por eso, su abogado acusó al fiscal de ordenar las detenciones sin pruebas directas. Martini reconoció ante este medio que hizo un uso al menos flexible, por no decir ilegítima, del recurso de la prisión preventiva: “Los internos estaban cerca de quebrarse, arrepentirse y contar lo que sabían”. Camerini, luego de que la Sala V de Casación Penal ordenara excarcelar a todos, rompió el silencio en El Día, pero no para contar lo que sabe sino para amenazar veladamente al fiscal: “El fiscal me pidió un favor en una causa penal que involucraba a su hijo, pero esa vez tuve que ponerle un freno. El sabe muy bien por qué”.


La Auditoría General de Asuntos Internos (AI) decidió meterse en el barro: investigó cada 24 horas a 22 agentes de la Policía Bonaerense. Es que, entre el 10 de diciembre del 2015 y el 15 de marzo del 2017, Berra ordenó abrir 10.291 sumarios contra hombres de la fuerza, apartar a 4.095, suspender a 1.059, aprehender a 338 e investigar por enriquecimiento ilícito a 873 hombres de la fuerza. En ese contexto, la AI envió al fiscal las declaraciones juradas de los imputados -y sus familiares- por los 36 sobres con $ 153.700. De hecho, Martini consideró posible ante este medio sumar una causa contra los integrantes de la “asociación ilícita” por sus situaciones patrimoniales: algunos declararon tener cero pesos, pero otros, en cambio, hasta caballos de carrera.

En la Gobernación de María Eugenia Vidal, quién una vez electa había prometido “controlar a la Policía Bonaerense para que rindiera cuentas de lo que hace”, sospecharon que los imputados recaudaban $ 600.000 por mes. Así lo explicaron ante este medio: “Un cuarto, que fue lo decomisado, subía, pero el resto se repartía hacia los costados”. Por eso, seguían dudando del jefe de la fuerza, que, como si fuera poco, luego fue acusado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por supuestamente encubrir a bandas narco que respondían a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Pocos saben que, citado a declarar para el 6 de marzo ante Asuntos Internos, el superintendente de Seguridad Región Capital, Fernando Grasso, rompió luego de un año el pacto de silencio: “Camerini estuvo en la Jefatura de Policía la mañana en que encontraron los sobres”.

 

 

Agustín M. Ceruse

 

Oscar Romero

 

Desde Junín, nos llegó su historia. El Diputado Nacional Oscar Romero, peronista y arrepentido kirchnerista, parece ser un paradigma perfecto del mundo sindical y político. De mecánico - abogado a millonario. Acomodó a sus familiares directos y amigos en el Estado. Se acercó a Diego Bossio e intentó olvidar su pasado aplaudiendo a CFK. Hoy se transformó en el presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista. La insólita incompatibilidad de funciones públicas de su esposa. Sueldos para todos y todas.

El portal Semanario de Junín lo pone por estas horas en primera plana. Es que su hijo "prodigio", el juninense Oscar Romero, peronista de pura cepa y representante de esa ciudad en el Congreso, tuvo un "ascenso social" bien Nac & Pop.

Nació en 1967 en la Provincia de Buenos Aires. Comenzó como asesor letrado de un gremio. Desde octubre de 2005, tiene un ingreso mensual de $48.330 por parte del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).   El 1 de diciembre de 2013 comenzó su trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación: gana $113.540 por mes. Además, desde el 1 de junio de 2015, figura como empleado de una firma de mantenimiento y reparación de mecánica integral de Sáenz Peña. De allí recibe $19.280.

Nombró a su esposa con un cargo (se desconoce sus funciones concretas) en la Seccional Junín de SMATA, desde septiembre de 2008, donde Fabiana Maricel Zubeldía cobra $38.670.  Romero también la llevó a su mujer a la Cámara de Diputados como asesora, en abril de 2014, y Zubeldía embolsa otros $52.960. Más aún: entre noviembre de 2015 y enero de 2016 trabajó en el Senado de la Nación, donde percibió más de $50.000 de haberes. Acá violó la norma de incompatibilidad de empleo público, que impide la multiplicidad de cargos en el Estado.  

Además, Zubeldía tiene participación en la sociedad Zubeldía Hnos. y Simeón S.C., del rubro tapicería.

 

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Cuando en julio de 2015 el hijo mayor de Romero cumplió 18 años, lo acomodó  con un trabajo. Tomás Facundo es asesor de la Cámara de Diputados con un salario mensual de $43.660. Los otros dos hijos del legislador son menores de edad.

Amigos son los amigos. Tuvo un gesto con su carnicero de confianza. Alberto Ramón Fiori fue elegido mano derecha y quedó a cargo de SMATA Junín, en septiembre de 2008, con un haber de  $56.830. Pero además, el dirigente local fue nombrado en la  "amplia" Cámara de Diputados en abril del 2014, de donde se lleva otros $27.130 por mes.

Según indica el portal Semanario de Junín, el Diputado Romero, pese a que acumula en sus cuentas  bancarias 1.000.000 $, le paga a sus empleados domésticos 5.700 $. En 2014 les pagaba menos: 2500 $.

Fue kirchnerista de primera hora pero reniega de ese pasado. No le fue mal. Ahora busca refugio para estar en las PASO con el PJ tradicional - Florencio Randazzo-, el ex-Min. de Transporte. Se reinventa, como muchos políticos. Mientras tanto, engrosa sus bolsillos. Sean eternos los laureles y los dirigentes que supimos conseguir.

 

 

 

 

FUENTE: http://www.semanariodejunin.com.ar/single-post/2017/04/11/Oscar-Romero-gr%C3%BAa-pol%C3%ADtica-y-econ%C3%B3mica-para-amigos-y-familia

 

Sebastián Turtora

 

 

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Después de la nota periodística publicada por Clarín el 2/4/2017 (Nicolás Wiñazki) y también por la información exclusiva aportada en Periodismo y Punto sobre una investigación que involucra a la familia Kirchner y la empresa Bayton SA por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, la firma envió un comunicado que el portal difunde, cumpliendo así con el derecho a réplica.

 

 

 

De nuestra mayor consideración.

El día 2 de abril fuimos sujeto de una nota periodística publicada en el diario Clarín, que relacionó un alquiler comercial con el cálculo de votos en las elecciones.

Rechazamos categóricamente cualquier vinculación entre el alquiler de nuestra oficina de Rio Gallegos y nuestra participación como Empresa de Recursos Humanos para el centro de cómputos, como también cualquier acción ilícita y/o vinculación personal o financiera con la familia propietaria del local en cuestión.

Bayton fue fundada en Argentina en 1979 y desde entonces nos hemos desarrollado como una de las empresas líderes en servicios de Recursos Humanos en todo el país, bajo valores de profesionalismo y trasparencia. Somos más de 300 profesionales que brindamos empleo digno a más de 15.000 personas anualmente.

Bayton tiene presencia en la provincia de Santa Cruz desde el año 2010, habilitada por el Ministerio de Trabajo de La Nación. Desde los comienzos empleamos a más de 1000 personas y ayudamos a más de 50 empresas de sectores mineros, petroleros y comercio con servicios especializados de Recursos Humanos. Desde 2014 nuestras oficinas comerciales están ubicadas en Chacabuco 86/88.

Si bien el local comercial está alquilado, lamentablemente, a una sociedad que se encuentra hoy cuestionada por la justicia, el mismo es un alquiler legítimo y transparente, por el cual se abona un monto mensual de AR$13.500.-, y fue gestionado a través de una inmobiliaria de la misma forma que se gestionan todas nuestras sucursales a lo largo del país. No existe ninguna relación o conocimiento personal con los propietarios y/o herederos. Desde esa locación continuamos atendiendo a empresas y trabajadores, aun estando en evaluación nuestra permanencia en el local.

En el proceso eleccionario, Bayton fue contratada, entre otras empresas, para brindar servicios de selección y contratación de Recursos Humanos para el centro de cómputos centralizado en Capital Federal, cumpliendo siempre con las más exigentes normas de la Cámara Nacional Electoral. Allí trabajan más de 1.000 Data Entry calificados siendo su única labor la transcripción de telegramas, que por proceso cuenta con triple validación independiente. El sistema de cómputos no es potestad de Bayton, ni nuestro personal tiene injerencia alguna en su diseño o funcionamiento.

Estamos orgullosos como empresa de participar en el proceso eleccionario, trabajando en pos de un propósito mayor de democracia y país. Allí una pequeña parte depende de nuestros servicios como empresa; el resultado de la elección depende de la democracia.

Bayton fue fundada por argentinos bajo valores éticos de legitimidad y transparencia, con el objetivo de desarrollar los recursos humanos en nuestro país y la región. En consecuencia ponemos a disposición toda la documentación que avala lo mencionado en este comunicado.

 

Juan Carlos Martínez Gte. de Relac. Públicas e Institucionales.

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