un año de su detención. Entrevista en prisión al intendente narco de Itatí.
teran gasulla
Intendente narco: “Me arrepiento de haberme metido en política”
Un año atrás, Natividad Terán era detenido junto a 24 personas acusados de formar parte de una asociación ilícita que, desde el año 2014, había traficado seis toneladas de marihuana por semana desde Paraguay. La investigación del juez federal Sergio Torres llevó a la cárcel de Marcos Paz al intendente de Itatí, a su vice Fabio Aquino, a policías locales, integrantes de Gendarmería y a familiares de los políticos. 365 días después, Terán habla desde prisión y asegura que la causa la inventó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que el ex gobernador correntino, Ricardo Colombi, sabía todo lo que pasaba con el tráfico de drogas en su provincia.  
 
 ¿Qué cambió en un año?
Cambiaron muchas cosas. Me arrancaron de la gestión pública, fue un atropello. La causa se armó para incluirme. Desde el primer día, hace un año, reclamé que se investigue, presentamos pruebas con mi abogado Roberto Herrera y que se hagan peritajes. Pero hasta hoy no se hizo nada.
En todos los años que fue intendente, ¿pidió ayuda para resolver el problema del narcotráfico? ¿Lo conocía, era parte del problema?
Un año antes de mi detención había comentado por los medios de comunicación la situación del narcotráfico en Itatí. Me entrevistaban dos veces por semana. Por eso me amenazaron pero no pude identificarla. En el juzgado me pidieron los celulares pero no supe más nada. El planteo del problema lo hice un año antes. Las autoridades nacionales se habían comprometido a trabajar en la zona de Itatí y en toda la costa con Paraguay que son 200 kilómetros. Teníamos conocimiento de lo que pasaba por los operativos de Gendarmería.
¿Cómo era su relación con su vice, actualmente, también detenido?
Era institucional. Se hizo una alianza con Aquino y se logró la intendencia. Yo venía trabajando en el municipio, fui reelecto tres períodos como concejal. Trabajaba en el tema social y articulaba los problemas sociales y proyectos productivos durante 12 años. Por eso fui candidato a intendente.
¿El ex gobernador Ricardo Colombi sabía lo que pasaba en Itatí con el narcotráfico?
Colombi sabía. Todo el mundo sabía. Hubo operativos exitosos durante años pero faltaba trabajar con más fuerza. Desde el municipio mandamos dos convenios, uno con Gendarmería y otro a Prefectura para poner más controles. Pero no tuvimos resultados positivos, porque los jefes de Buenos Aires no nos contestaban.
Según la investigación de Sergio Torres había varios policías locales involucrados…
La causa es amplia. Son 30 las personas que integran la asociación ilícita, hay un comisario federal, no sólo de la provincia. Son varios.
¿Usted tenía relación con esas personas?
Nunca tuve ningún tipo de relación con el tema del narcotráfico. Sí hay un empleado municipal que es el compañero de vida de mi hija y ella que se había comentado con mucha antelación. Dos meses antes, Patricia Bullrich, comentaba que en Corrientes, en Itatí existía la narco política pero no me preocupaba porque jamás creí que me incluirían a mí.
 ¿Considera que lo eligieron a usted para ser el pato de la boda?
Me eligió la Ministra porque estábamos en un proceso electoral. Se comentaba que el intendente estaba involucrado. Yo era el trofeo de la campaña. Tengo pruebas para demostrarlo. Siempre Bullrich me mencionó en el narcotráfico. Lo usaron como estrategia política para la campaña.
Pero la campaña pasó y usted sigue preso, ¿cómo explica las escuchas telefónicas?
Es cierto pero no hay nada.
En las escuchas hablan de las drogas con el nombre de surubí y el dorado…
Es posible que sí. Hay gente que está en la causa que dicen esas cosas pero yo jamás hablé con ninguno de los integrantes de la banda. Sí pude haber hablado con alguno para hacer unos trámites municipales. Prácticamente nada. Hagan las escuchas completas. Analicen todo.
¿Usted alguna vez consumió drogas?
Ninguna. No las conozco. El producto lo veía por la televisión. No vi marihuana.
¿El pueblo de ITati lo olvidó o lo respaldan?
Pasó un año y se hicieron reclamos, marchas y las últimas elecciones, mi grupo político, las ganó. Y no las ganamos por el apoyo o financiamiento del narcotráfico. Eso es falso. Después de 40 años llegaba el partido justicialista al poder en Itatí. La gente siempre nos apoyó.
Pero aparecieron camionetas, propiedades, dinero de los involucrados, ¿cómo hizo la plata?
La única propiedad que tengo está edificada sobre terrenos fiscales. Tengo una camioneta modelo 2008 que la estaba  pagando. Nada más. Después de 17 años en la política, eso es lo que tenía. No tengo cuentas bancarias. Inclusive tuve un problema crediticio por hacerle un favor a un compañero que quería comprar una moto. No tengo un peso ahorrado. Los abogados les pagan mis hermanos que son profesionales y tienen trabajo, uno de ellos es médico.
Lo escucho hablar y parece el gil de la historia, ¿Usted se equivocó en algo, se relacionó con gente equivocada?
Me preocupa que la causa no se mueva. Se dijeron en televisión cosas increíbles. Yo estuve condenado desde el día uno. Me tomaron como ejemplo de intendente K narco. Hubo una movida política muy fuerte. Los operativos grandes de Bullrich comenzaron en Itatí. Todo comenzó acá. Me tomaron de punto. Si se investiga lo que presentó Gendarmería, vas a ver que nosotros colaborábamos con ellos. Jamás pensé que tendría problemas con el narcotráfico.
Pero el problema del narcotráfico existía… ¿Usted cree que las autoridades sabían?
Es una zona muy extensa. Los transportes pasan por muchas jurisdicciones. Después que me detuvieron, la droga siguió pasando y detuvieron en operativos exitosos a mucha droga. Pero no hubo un solo culpable más. 4000 kilos de marihuana agarraron pero sin detenciones.
¿Tiene contacto con otros presos vinculados con la corrupción?
En Marcos Paz estoy con gente adulta, mayor y con presos de la gestión anterior. La convivencia es buena. El aislamiento es duro y el control es especial. No podemos tener muchos beneficios. Salimos dos veces a hacer deporte. Nada más.
¿Se arrepiente de algo o de haber dicho algo equivocado?
Me arrepiento de haberme metido en la política. Mi padre militaba y le habían ofrecido un cargo como concejal en el 2001. Pero no tenía estudios y me ofreció a mí. Lo acepté. Venía trabajando manualmente, era una persona humilde y era una oportunidad de trabajo y de ingreso económico. Pero me arrepiento. Debería haber seguido trabajando como albañil. Me arrepiento de la política. En 17 años en esto no ahorre un solo peso. Pero el que se mete en política, no tiene que ser una persona pobre, tiene que ser poderoso. Por eso, los poderosos manejan fuerzas de seguridad, jueces y el destino de la vida. Yo estoy lejos de eso. No tengo nada.   
 
 Por Luis Gasulla
 @luisgasulla

 

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Ubicado en la calle Godoy Cruz al 2000, en el barrio porteño de Palermo, el Polo tecnológico y Científico se ´vendió´ como "la infraestructura más importante de los últimos 50 años y el primer centro de divulgación y producción del conocimiento científico de Latinoamérica", según los medios oficialistas por aquel entonces. La ex presidenta Cristina Kirchner inauguró definitivamente las instalaciones a finales de 2015, con bombos y platillos.

Sin embargo, según un informe de la SIGEN de mayo de 2015 (Sindicatura General de La Nación) al que accedió en exclusiva Periodismo y Punto, tenía defectos constructivos y "endebles condiciones de seguridad y habitabilidad". Más aún: el Gobierno K no pudo demostrar en la auditoría del organismo la documentación respaldatoria del proceso de ejecución de obras, dificultando la correcta fiscalización que puede derivar en malversación de caudales públicos.

En 2009 se adjudicó la contratación de obras a la firma OHL S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) por el monto de $ 99.600.000 millones, el plazo de ejecución se estableció en 18 meses y se pagó un 30 % de anticipo para la empresa contratista. Finalmente, según variaciones en el precio y la obra, el monto terminó siendo de $ 136.000.000. A su vez, para supervisar la obra se contrató a otra empresa privada (Gabinete de Estudios Ingeniería Getin S.A. - TRECC S.A.) por $ 2.500.000 millones.

 

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La obra se extiende y se dilatan los plazos. La firma argumenta retrasos en los pagos del Estado. En la "recepción provisoria" de la obra, según consta el documento de la auditoría, hay "deficiencias, controles de calidad no corregidos y situaciones pendientes de resolución" en los trabajos realizados. Hay además ausencia de personal suficiente, contratación de proveedores no idóneos, incorporación de personal no calificado y defectos en dibujos y planos. OHL S.A. no cumplió con los plazos asignados y el Estado no accionó para la indemnización por demora prevista por el contrato.

Según la auditoría, los expedientes no contienen la totalidad de la documentación generada en las diferentes etapas del proceso de contratación y gestión de obras, y eso podría dar lugar a una denuncia por malversación de fondos públicos, ya que pueden existir tareas no hechas y pagadas igual.

Para corregir los errores de la empresa contratista original, se buscó a otras 2 firmas: SEHOS S.A. y HELPORT. Se gastaron otros $ 14.000.000 para solucionar defectos edilicios de la construcción. En esta etapa se realizó una impermeabilización de las azoteas de los edificios del Polo Tecnológico Científico y el recambio del solado existente de la Planta Baja de la explanada de la calle Godoy Cruz.

Sin embargo, las conclusiones que llega la SIGEN son terminantes: el edificio no estaba en condiciones de inaugurarse porque "no se ha demostrado una eficiencia y confiabilidad total, no hay planos para un manejo seguro del lugar, no fueron reparadas las observaciones realizadas a través del tiempo que podrían derivar en pérdida de vida útil de los elementos o ruina de los bienes muebles, documentos o equipos de alto costo por estar expuestos a filtraciones irresueltas".

El relato K una vez más se llevó puesta la realidad y el Polo Tecnológico de Palermo salía a la luz con muy ´buena prensa´ para sumar más supuestos logros. El lado B que nunca vio Adrián Paenza, el matemático y divulgador enloquecido por la ciencia K, tiene un nuevo capítulo. ¿Cartón pintado, avance genuino o una mezcla amarga de todo?.

 

 

 

Sebastián Turtora

@sebiturtora

 

gasulla baez

 

Era previsible. En reiteradas ocasiones dijimos que Maximiliano Rusconi terminaría quedándose con la defensa de Julio De Vido en la causa judicial que más compromete a CFK: La direccionalidad en los contratos de obra pública denunciados por el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. 

Julián Ercolini elevó a juicio oral dicha causa, en la que también están procesados y embargados, la ex Presidenta, De Vido, Lázaro Báez, José López y la plana mayor de Vialidad Nacional en los tiempos del kirchnerismo.

Rusconi abandonó a Báez cuando se enteró que la causa de la obra pública se unificaría con la que investigó lentamente Sebastián Casanello: La ruta del dinero K. Allí Báez también está procesado pero por supuesto lavado de activos. En esta causa, el juez jamás quiso indagar a CFK. La justicia hizo lo más coherente: las unificó. Rusconi cobró, se presentó en programas de televisión como el salvador y abandonó al empresario caído en desgracia en el peor momento. 

A Rusconi lo promovía Liliana Costa, empleada de AFIP vinculada sentimentalmente con el detenido empresario. Báez designó abruptamente a Esteban Bailan, hombre  desconocido en los pasillos de Comodoro Py. En su entorno, aseguran que lo habría recomendado su abogada Elizabeth Gasaro que lo representa en una causa de corrupción vinculada con el mausoleo en homenaje a Néstor Kirchner. 

Gasaro es una de las pocas personas en las que Báez se apoya actualmente. A pesar de que los antecedentes de Gasaro no seducirían a ningun preso -los hermanos Lanatta aún se acuerdan de la experiencia que pasaron por esa defensa- Báez se recostó en las opiniones de la ex letrada de los protagonistas de la triple fuga. 

El tufillo a servicios de inteligencia residual, extorsión, aprietes y un entorno que exprime lo que le queda al empresario detenido, es el contexto final de una película interminable en la vida de la familia de Báez. Les aseguraron que estaba por recuperar la libertad. Hoy, no dejan de asombrarse, por otro desplante. A pesar de haberlo tenido todo, a Báez lo volvieron a traicionar. En dos años no pudo constituir una defensa sólida, un nuevo letrado deberá leer las miles de hojas de un expediente interminable y su figura se diluye en la intrascedencia de un silencio que nunca terminó de romper.

En tiempo de descuento, Báez aguarda un previsible final del cuento. Solo resta saber si será el único responsable de la fiesta vivida durante la "década ganada".

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla

 

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Margarita Stolbizer denunció que se investiguen los beneficios otorgados mediante la contratación por parte del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa (Labcom SA), cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del gobierno nacional; actuación que podría encontrarse encuadrada en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (ART 265 CPN); incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN), sin perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigación.

Según expone la presentación judicial, se ha tomado conocimiento de diferentes beneficios que se otorgaron desde el Ministerio de Modernización de la Nación a Labcom SA; empresa constituida por funcionarios públicos, quienes coexistían en el momento de los beneficios tanto en su cargo en la Administración Pública Nacional como también el frente de la empresa privada beneficiada.

Esta empresa, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones impulsadas desde el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, no posee empleados y sus únicos ingresos en el período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la Administración Pública Nacional y de la Ciudad.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales. La sede social se fijó en Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, se inscribió como proveedora del Estado el 12 de agosto del 2016, durante la gestión Cambiemos. El capital social es de 50.000 pesos y así se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, obtuvo contratos millonarios tanto en el ámbito Nacional como en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires por varios millones de peso

Según información que surge del Portal de Compras Electrónicas de la República Argentina, por expediente Número EX-2016-01577749--APN-DCYC#MM, tramitó la contratación de un Servicio de Consultoría en relación al Seguimiento de Evolución de Proyectos Centrales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. El 28 de septiembre de 2016 por Disposición 2016-7-E-APN-DNRI#MM, se autorizó el llamado, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se proyectó el Concurso Privado por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000.-).

El 14 de octubre de 2016 al finalizar el plazo de presentación de ofertas seis proveedores habían participado, pero solo se había confirmado la presentación de una única oferta, correspondiente a la empresa LABCOM S.A. CUIT 30-712278052.

El 2 de noviembre de 2016 mediante dictamen de evaluación de ofertas IF-2016-3252420-APN-DCYC#MM, se aconseja la adjudicación a la oferta presentada por la firma LABCOM S.A., sin advertirse que los integrantes de dicha empresa eran funcionarios públicos a esa fecha, que la empresa no contaba con empleados registrados y que no tenía ingresos. Sin embargo, se concluye que se acreditan trabajos vinculados estricta y directamente con los objetivos planteados, que se valora los trabajos que se habían desempeñado para la Administración Pública y se pondera el equipo de trabajo presentado.

La empresa también resulta adjudicataria de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar un ejemplo, en el 2017, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le adjudico la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones (licitación 8/17) por un total de 2.604.000 pesos.

Los hombres del Presidente.

Sus socios son Juan Pablo Peredo (CUIT 20-21930022-4), Luciano Hernán Elizalde Acevedo (CUIL 20185350488 y Alejandro Luciano Alonso (CUIT 20243123462) Ahora bien, los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el presidente de la Nación.

En el caso de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, es investigador del Conicet. Lo más grave es que compartió un condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (Sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo). Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia de la Provincia de Salta. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015.

El otro socio de la empresa Labcom SA es Juan Pablo Peredo, quien se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones. Y así surge claramente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año 2016 donde Peredo declara su participación en Labcom SA.

El tercer socio, Luciano Alejandro Alonso, también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional, ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Stolbizer sostiene "Creemos que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas toda vez que omitieron cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista de cualquier sospecha de parcialidad".

Por Alicia Panero

Colaboración Luis Gasulla y Sebastián Turtora

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Imagen ilustrativa.

 

 

La convivencia de la ciudadanía con las protestas y reclamos sociales es una realidad. Manifestaciones, marchas, cortes, piquetes, bombos y pancartas, se hallan hace mucho tiempo incorporadas en los ciudadanos y transeúntes de cualquier país de Latinoamérica y el Mundo.

Transporte, educación, salud, gastronomía, bancarios, grupos piqueteros, veteranos de guerra, jubilados y pensionados, movimientos de desocupados, dignidad gay, pueblos originarios, víctimas de delincuencia, entre muchos otros, históricamente han ocupado el epicentro de los reclamos y exigencias a los gobiernos de turno, en una puja donde los resultados parecieran depender del poder de convocatoria, el impacto mediático, y más aún, del malestar y los inconvenientes que pudieran ocasionárseles a los ciudadanos, e incluso a las economías de un Estado.

En Argentina es sabido, los mecanismos de resolución de conflictos convencionales “no funcionan o son inexistentes”. Los petitorios formales, las audiencias con responsables de carteras, los planteos y aún las razones más valederas y fundadas, son ignoradas o descartadas de plano, a no ser claro está que existan “conveniencias o alineamientos políticos”.

No alcanza con demostrar la veracidad de las injusticias e inequidades. Las necesidades no conmueven, ni siquiera el esgrimir serios riesgos para la salud, la seguridad o la vida, producen revisiones o redireccionamientos de las políticas en curso. Para que se produzcan cambios, las situaciones deben llegar al “extremo”.

El compromiso, la apertura y la vocación de diálogo, son olvidados por los mandatarios una vez obtenidos los votos que los empoderan, y quienes alguna vez pregonaron revisiones, reivindicaciones, y crecimiento con discursos refinados, mostrándose como el “último oasis en un desierto inhóspito minado de cadáveres políticos”, rara vez resolverán o llevarán alivio a problemáticas sociales en una mesa de diálogo y consenso.

Los conflictos sectoriales se resuelven a modo de “pulseada”. La lucha concluye cuando “el otro es sometido o seducido”, y las partes acuerdan y se comprometen ratificando cláusulas secretas y letras chicas, que en su mayoría solamente apaciguan los ánimos pero no lograrán cambios de fondo.

A pesar de todo algunas cosas cambiaron. En los últimos años han hecho su aparición nuevos actores, nuevas voces que hasta muy poco se encontraban silenciadas. Individuos desconocidos, sin experiencia política ni sindical, que jamás militaron ni tomaron parte de ningún movimiento o causa social, hoy salen a la luz.

Aunque resultara impensado surgieron nuevos actores sociales que representan minorías (¿minorías?), y reclaman por sus Derechos. Por los Derechos que les fueron vulnerados de manera sistemática e impune, a pesar que se encuentran estipulados en los famosos “Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, con el agravante que han sido ratificados e incorporados a las Cartas Magnas de países, que se autoproclaman “respetuosos y fieles obedientes de la normativa”.

Todos, y fundamentalmente las víctimas saben, que aunque los textos, las proclamas y directrices que rigen en materia de “Derechos Humanos”, resultan ideales y perfectas, la dura realidad indica que muchos Estados, -principalmente países tercermundistas o en vías de desarrollo-, incumplen y violan estos mandatos ante la mirada impávida de la Comunidad Internacional, reduciendo a estas normativas en “putrefacta letra muerta carente de operatividad”.

Por todos estos motivos han surgido. Pero quienes? Referentes de Fuerzas de Seguridad y Damnificados, que hoy ponen sobre la mesa los graves problemas que atraviesa la “Familia Policial de Latinoamérica y el Mundo”, y que históricamente fueron obligados a mantener silencio por encontrarse sometidos a arbitrarios e ilegales regímenes jurídicos, por gobiernos y funcionarios que valiéndose del “Aparato Estatal, de Cúpulas Funcionales, y Amenazas de Represalias”, mantuvieron a los descontentos como a sus reclamos, “con la boca sellada, bajo control y sometidos”.

Comenzó una cruzada jamás vista e impensada. Líderes como Carlos Adolfo Roquer, Sargento de la policía de la provincia Rio Negro de la República Argentina, -denunciante acérrimo de las violaciones de los derechos del personal-, perseguido por la misma cúpula de la institución y el poder político, hizo punta levantando la bandera de “Derechos Humanos para Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”. Increpando a viva voz a sus superiores en formaciones institucionales, denunciando en medios radiales y televisivos, y emprendiendo una procesión de a pie a Viedma, -ciudad capital que se encuentra ubicada a 512 km de General Roca-, Roquer planteó sus denuncias. Con una mochila y solamente unos pocos dineros, también iniciaría más adelante una travesía por Latinoamérica uniendo países, instituciones policiales y Camaradas, que paradigmáticamente enfrentaban las mismas problemáticas que se vivían en Argentina. El Sargento Roquer dejó grabada su impronta, y en la actualidad redobla su apuesta emprendiendo un ambicioso proyecto que persigue no solamente ya la defensa y visualización de las dificultades de los Uniformados de su país, sino la de TODOS los efectivos de “América del Norte, Centro y Sur”, constituyendo la “Unión Interamericana de Derechos Humanos para Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”.

La República de Perú no se quedó atrás. En un reclamo inesperado de gran impacto para la sociedad, el Efectivo en ese entonces “Activo” de la Policía Nacional del Perú, Jorge Siapo Moreno, vistiendo su uniforme de servicio se plegó ante los medios televisivos a una manifestación multitudinaria de retirados que reclamaban mejoras salariales, para terminar más tarde castigado por la conducción y privado de la libertad por “más de un año”, por el sólo hecho de peticionar por los derechos de los Pasivos, que en definitiva serían los mismos que le corresponderían, cuando “Él mismo” pasara a Retiro.

José Luis Torres Coronel fue otro caso que marcó al Perú y a la localidad de Tumán, y el cual continúa hoy vigente. Por manifestarse ante la opinión pública y treparse más tarde al campanario de su pueblo, Torres Castro fue sancionado duramente perdiendo su libertad. Con el único fin de evidenciar el Estado de Sitio de su Ciudad, y la represión desmedida que sufrían sus conciudadanos por conflictos laborales, el Efectivo Activo de la PNP sacrificó su “zona de confort”, exponiendo además abusos y la utilización de su Fuerza Policial por parte del “Ministerio de Seguridad”, para encubrir y sostener a grupos económicos donde “altos funcionarios políticos depositaban sus intereses”.

Néstor Tobar Pérez, referente policial desde hace varios años de la República de Chile, de manera incansable expone y denuncia las problemáticas y los atropellos que padecen los Carabineros de su país. Casos de violencia de género, acoso y persecución laboral, retenciones y confiscaciones arbitrarias en los haberes de la Tropa, son una constante denunciadas por el líder de “Carabineros de Chile”.

Ruth Nina, hija de un efectivo fallecido de la Policía Nacional de Bolivia, luego de vivenciar desde niña en carne propia las penurias e injusticias a las cuales era sometido su padre y la Familia Policial, se constituyó como un Referente de valor incalculable en su país, ya que hoy lleva la voz no sólo de los Uniformados Bolivianos, sino también de sus mujeres, madres, esposas e hijos.

Daniel Santos Carrillo, destacado abogado constitucionalista retirado de la “Policía Nacional de Colombia (PNC)”, también asumió el compromiso con la promoción y la defensa de los Derechos Fundamentales de los Uniformados. Es un Líder que aporta desde con su experiencia y conocimiento técnico, herramientas indispensables para consolidar estructuras y mecanismos que protejan al personal. Junto a su equipo intervino activamente en varios proyectos, y se destacó por su intervención en la ley sancionada por el Congreso de la República, que estableció modificaciones al “Régimen de Retiros y Pensiones de la Policía Colombiana”.

Estos y muchos otros, luego de vivenciar y padecer en carne propia la opresión, el abuso y las diferentes formas de Violencia Institucional, han levantado la bandera de “Derechos Humanos de los Trabajadores de Fuerzas de Seguridad”.

Simultáneamente, en los últimos años han surgido múltiples espacios integrados por Uniformados Activos, Retirados, por quienes fueron Separados Compulsivamente de las Fuerzas, y Familiares; maridos y esposas, cónyuges, madres y padres, hijos e hijas, hermanos, tíos y amigos, se dan cita constituyendo una “Nueva y Revolucionaria Corriente”, que manifiesta ya sin miedos sus reclamos y exigencias, y el respeto de los “Derechos Fundamentales de los Trabajadores”.

Este escenario es una realidad, un hecho, pero queda pendiente una incógnita. Por qué motivos surgen y toman relevancia estos nuevos grupos?

Quizás las desventajas de abrazar la carrera y pertenecer a una Fuerza de Seguridad, han superado ampliamente el “bienestar y la contención” que en algún momento supieron brindar pertenecer a las “Filas Policiales”. Tal vez la profesión valorada, estimada y reconocida por la Sociedad, se ha transformado en las últimas décadas en una actividad donde la inexistencia de proyección profesional, personal y familiar; los bajos sueldos; el estancamiento económico; la inestabilidad laboral; la corrupción y el delito; el abandono Estatal y la desprotección de los Altos Mandos; el desprestigio; y los grandes riesgos para la salud y la vida, han superado con creces los beneficios de “pertenecer”.

Como afecta y repercute en una “Sociedad Moderna” en pleno Siglo XXI, la existencia de Fuerzas de Seguridad con tantas falencias y carencias?

Abandonadas. Explotadas. Escasos recursos logísticos. Materiales y equipamiento personal viejos u obsoletos (armamento, chaleco antibalas, equipo de comunicaciones, etc.). Sistemas arbitrarios y desregulados de selección e incorporación de personal. Planes de capacitación y formadores mediocres. Total ausencia de respaldo institucional y seguridad jurídica. Servicios de salud cuyo único fin es el “presentismo a cualquier costo”, y no en cambio el bienestar y la salud “física y mental del trabajador”. Plena vigencia de “métodos de control” que se valen de conductas y accionares persecutorios, discriminatorios, que vejan y violentan a los uniformados. Planes de carrera y proyección profesional, que premian la inoperancia, el funcionalismo, la corrupción y la obsecuencia. Inexistencia de profesionales, órganos, y verdaderas organizaciones extra-poder, independientes, imparciales, y comprometidas seriamente con las problemáticas de las FF.SS.

Como se puede brindar a la Comunidad un “Servicio Público de Excelencia”, de manera acorde a estándares internacionales, cuando aún en muchos países de Latinoamérica y el Mundo, a los Funcionarios Públicos, a los Trabajadores de Seguridad, les son violados y negados sus propios “Derechos Fundamentales”??. Como podrá un Policía velar fielmente por la seguridad ciudadana cuando el sistema no funciona, se encuentra “corrupto”, y en contra de los buenos elementos??. Cómo podrá intervenir el “Funcionario de Bien” hallándose desmoralizado, y peor aún, imposibilitado para denunciar y defender sus propios derechos y los de su familia??.

Quizás estas respuestas no puedan ser brindadas por los Gobiernos; ni siquiera por las nuevas organizaciones sociales Representativas de los Uniformados, o menos aún por otros actores de la Sociedad Civil. Quizás las respuestas y las soluciones comiencen a surgir, en el momento preciso que se acepte que las “Familias Policiales”, son parte activa e integral de la “Comunidad”, y TODOS asuman el compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo, el “Bien Común de la Sociedad”.

 

 

Pablo Sebastián Giles

Twitter: @pablosgilesok

 

 

 

 

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