ENLAESMANO

Fotografía aportada a la Oficina Anticorrupción por José Magioncalda, apoderado de la ONG Ciudadanos Libres por la calidad institucional.

 

La ONG Ciudadanos Libres por la calidad institucional realizó una grave denuncia ante la Oficina Anticorrupción al Director Nacional de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, Lic. Adrián Enrique Domínguez, por permitir la utilización de un espacio público dentro de la ESMA con fines de  propaganda político - partidaria.

Sobre la pared de uno de los edificios que estaría administrado por la organización kirchnerista H.I.J.O.S., puede verse la imagen de la dirigente K procesada Milagro Sala con la leyenda: “Milagro Sala presa política”.

Según informa la denuncia de la ONG, el artículo 27 del Código de Ética de la Función Pública establece: "Uso adecuado de los Bienes del Estado. El funcionario público debe proteger y conservar los bienes del Estado. Debe utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. Tampoco puede emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados…"

Queda en evidencia en este caso que la defensa pública de una dirigente social detenida y procesada por graves delitos en el marco de un Estado de Derecho, responde a intereses particulares y no debe ocupar un bien público. Además el mural no responde a los fines de un espacio creado para la memoria.

El funcionario a cargo del área promueve o, por omisión,  permite la existencia de la imagen que motiva la denuncia, y así vulnera el art. 27 del Código de Ética de la Función Pública.

La dirigente líder de la organización Tupac Amaru está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de una defraudación millonaria al Estado por el manejo irregular de fondos para la construcción de viviendas. Además está procesada por tentativa de homicidio.

La ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) es tristemente célebre porque fue utilizada por la última dictadura militar (1976 - 1983) como centro clandestino de detención, tortura y muerte. En 2004 el Estado argentino recuperó el predio. Se conformó en este lugar el"Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos". Aunque para algunos funcionarios a cargo, la ESMA parece ser una trinchera política.

 

Link con el texto completo de la denuncia:

http://ciudadanoslibrespci.blogspot.com.ar/2017/05/propaganda-politica-ilicita-en-la-esma.html

 

 

Sebastián Turtora.

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Cuestionado. El juez Casanello, que fue criticado por su desempeño en "La ruta del dinero K", ahora suma nuevas sospechas por su labor.

 

El año pasado, cuando allanó la comisaría Nº35 de Capital Federal, el fiscal José María Campagnoli encontró un papel que le llamó sumamente la atención. Se trata de una custodia que realizaba personal de esa depedencia policial en la casa del juez federal Sebastián Casanello durante el año 2016. Tal como indica el paper, la orden había sido dispuesta por las más altas esferas de la Policía Federal y transmitida a la actual procesada y detenida, jefa de zona, la comisaria inspectora Susana Aveni. La dotación de un móvil con dos hombres para proteger a un juez federal llamó la atención del fiscal que investiga una asociación ilícita en las fuerzas de seguridad de la ciudad por la que detuvo, en las últimas horas, a José Pedro Potocar. "Ese papel fue una sorpresa, se halló en medio de los operativos realizados en la comisaría 35 en la que encontramos el cuaderno de Norberto Villarreal en la que figuraban los montos en que se repartían los dineros que se recaudaban entre comerciantes y trapitos de la zona de Núñez y Saavedra", explicó el fiscal a este cronista. 

Las razones del asombro radican en que la casa del juez Casanello está ubicada en San Isidro, provincia de Buenos Aires. "No era la jurisdiscción de la 35 y no teníamos conocimiento de que el juez hubiese pedido protección" explican en el juzgado de Campagnoli. Es más, en su momento, el propio juez que investiga la ruta del dinero K, negó haberla pedido. Corría marzo del año pasado y los rumores de una supuesta reunión entre el juez federal y Cristina Fernández de Kirchner en Olivos cobraban fuerza. El paper indica que "por orden del jefe de la circunscripción VII, los relevos son llevados por el subcomisario de permanencia en esta dependencia". La orden era de la detenida Aveni y quien ejecutaba era el prófugo Villarreal. Existían directivas específicas: "El mismo -por el juez- se encuentra en interior finca, no pide delivery, no espera familiares o amigos, no recibe a gente ni visita alguna, en caso de recibir o esperar a alguien lo va a hacer saber al personal que compone la dotación del móvil". 

El papel que investiga Campagnoli concluye: "identificar a cualquier persona que se detenga sobre el frente de la finca o toque timbre y dar la novedad". Lo firma otro implicado en la red de coimas policiales: Marcelo Stefanetti, procesado y detenido. En su declaración indagatoria, Stefanetti mencionó en 21 ocasiones a Potocar y lo señaló de recaudar para él. 

 

 

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Exclusivo.  La orden de custodiar al juez.

 

Campagnoli resume su hipótesis: "Es muy común el tráfico de influencias y la devolución de favores. Hay un dicho que dice: "Hazte amigo del juez" y sospechamos que en la 35 pasaba algo así". El fiscal no duda que su investigación terminará apuntando al actual Superintendente de Seguridad Metropolitana, Guillermo Néstor Calvete. De hecho, las iniciales de SSM aparecen en el cuaderno de Villareal hallados en su dependencia policial. 

En el expediente 35624/2015 del juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº22, se investigó la extorsión consumada por el cabo Martín Pardo, Gustavo Gigena y el agente Diego Luis Martínez a Luciano Nahuel Benzaquén e Ignacio Chacchiera. Es que el 20 de marzo del 2015, a las 15:45, ambos jóvenes fueron interceptados por personal policial en las calles Blanco Encalada y Migueletes con marihuana. Los uniformados les pidieron dinero para no privarlos de su libertad. El hecho fue encubierto por sus superiores, el comisario Adrián Hugo de Ferraris -de la División Protección Federal Motorizada- y los comisarios Tomás Cowes y Nieves Sotelo del Departamento Cuerpo de Policía de Tránsito. Campagnoli comprobó los delitos que involucraban al comisario mayor Guillermo Néstor Calviño por encubrir a los uniformados en la extorsión. 

Sin embargo, la causa terminó en la justicia federal "sin razón alguna" -explican en el juzgado de Campagnoli-. El fiscal Federico Delgado arribó a las mismas conclusiones que su par. Pardo, Gigena y Martínez fueron procesados. El juez de la causa, Sebastián Casanello, indagó a Cowes, De Ferraris, Sotelo y el citado Calviño y les dictó la falta de mérito. 

Campagnoli concluye que "no son casuales ambos datos". Tal como decía el Martín Fierro, en su regreso: "Hacete amigo del juez".     

 

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla 

cristian ritondo

Días difíciles. Cristian Ritondo, Min. de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

 

 

En Argentina han asesinado 28 mujeres en 25 días. De muchas de ellas, ya no recordamos el nombre.  Se ha naturalizado la muerte de madres, hijas, hermanas, nietas, sobrinas. Estamos como perdidos, sin ver un horizonte. A Araceli Fulles la encontró un perro rastreador en la localidad de San Martín, enterrada con escombros y cemento en el patio de la casa de quién acabó con su vida. Badaracco fue detenido gracias a que lo encontró una vecina embarazada  y su amiga en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, desde el mediodía del pasado viernes, cuando comenzaron a circular las fotos de la joven asesinada, la volvieron a matar sin piedad, quienes las entregaron, miembros de la DDI de San Martin, policías que deben cuidarnos, cuidar a las víctimas. Cuál fue la respuesta de un altísimo funcionario de la provincia de Buenos Aires al ser consultado sobre la impericia del caso.

Al parecer las fotografías fueron publicadas en un perfil de la red social Facebook de una mujer policía, que las mantuvo dos horas y las eliminó, el tiempo suficiente para que se viralicen. Al recibir esas fotos en este portal lo primero que hicimos fue comunicarnos con los organismos de seguridad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, en particular con el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, cuya respuesta fue: “diríjase a Asuntos Internos de la policía de la provincia, yo estoy en otra”.  Volver a matar a Araceli, también es, ese tipo de respuestas. 

Nunca entendió el Ministro que nuestro deber como periodistas es chequear, y que le estábamos pidiendo ayuda. Tal vez esperábamos otra respuesta, como ocuparse de investigar quién filtro esas imágenes, que vuelven a matar a la joven de 22 años cada vez que alguien las ve.

Llegó tarde la fiscal de la causa, la policía, todos llegaron tarde a la víctima, luego de dos procedimientos la encontraron los perros, que paradójicamente no entienden de encubrimientos, ni de “protección”,  ni de coimas.  Y para los policías que participaron de ese procedimiento,  lo más importante no fue cumplir con sus deberes de funcionario  público, preservando a la familia. Lo más importante a menos de 24 horas de haberla encontrado, fue difundir las fotos de su cadáver.

El daño de la cal en los cuerpos ha sido descripto por la bibliografía colombiana, en los procedimientos realizados por las fuerzas para - militares en la guerra, con la idea de no dejar huellas, de matar sobre la muerte.  En este caso, se buscó el mismo resultado pero no se llegó a él.

En vano son las marchas, los reclamos, recordar los nombres de cada mujer que mataron, si contamos con fuerzas de seguridad que  priorizan el morbo a su deber, la irresponsabilidad a sus obligaciones. No hay políticas de prevención, no hay capacidad de búsqueda, se plantan pruebas y no hay posibilidad de llegar a tiempo. No hay respuestas acertadas de los funcionarios. Lo del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es un hecho, acaso, sintomático, no sólo respondió los mensajes mandándonos a Asuntos Internos, sin ningún compromiso de su parte de chequear ese material divulgado ni de investigar a sus subordinados, sino que mandó un mensaje diciendo que está en “otra”.  Debemos pensar que está en otra, buscando alguna otra chica desaparecida, o que esta periodista no merece una respuesta más apropiada. Podremos marchas mil veces, un millón, si no empezamos a poner límites en la ética policial, de nada servirán los ensayos de políticas criminales, porque cada vez que esto ocurre vuelven a re – victimizar a la víctima, a sumir a su familia en un pozo profundo de desesperación.

Entendemos que si las fotografías eran parte de la investigación, no debieron salir de ahí, que no es un hecho natural, aunque sea común, y lo que debió ocurrir es que si circulaban desde el mediodía, alguien de oficio debió iniciar una actuación, y no esperar que una periodista haga una denuncia en la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Millones tirados en sueldos de funcionarios, abogados, fiscales, jueces y policías corruptos, y el caso lo termina resolviendo un ovejero belga y la capacidad de reconocer rostros de una vecina de Flores.

 

Mujeres asesinadas en Abril

Fuente:   Diario La Nación

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Belén Rivas - Violada y asesinada

8/4

Micaela García - Violada y asesinada

Claudia Lima - Violada y asesinada

9/4

Silvia Castañera - Asesinada

M. Estela Torres - Asesinada

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Florencia Di Marco - Violada y asesinada

11/4

Silvina Nuñez- Violada y asesinada

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Ornella Dottori - Violada y asesinada

Antonia Ríos - Violada y asesinada

14/4

Lucía Hoyos - Asesinada

15/4

M. Adela Duarte - Asesinada

16/4

Gabriela Barceló - Asesinada

17/4

Noemí Salvaneschi - Asesinada

Cielo Torres - Violada y asesinada

18/4

Paulina Portillo - Asesinada

Cristina Sandoval - Asesinada

19/4

M. Esther Ramírez - Asesinada

20/4

Alejandra Polizzi - Asesinada

21/4

Marina Vedia Durán - Violada y asesinada

Malvina Noelia - Violada y asesinada

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Silvia Morales - Asesinada

24/4

Carmen Solís - Asesinada

25/4

Tamara Córdoba - Asesinada

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Mayra Díaz - Asesinada

27/4

Analía Nuñez - Asesinada

Araceli Fulles - Asesinada

 

Alicia Panero

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En el centro de la foto. El Decano de Sociales, Glenn Postolski, en la escuela itinerante de CTERA. Fuente: Twitter.

 

 

La materia Historia de los Medios a cargo de Mirta Varela (Ciencias de la Comunicación) no pudo iniciar normalmente el ciclo de clases de 2017 - que empezó hace 1 mes -  ya que la dirección de la carrera no le garantizó la estructura suficiente para funcionar. Historia de los Medios había sufrido la baja de varios docentes que siguen figurando como activos en la nómina del personal que compone la cátedra. Pero no van a dar clases, en algunos casos hace años. 

(ver nota http://www.periodismoypunto.com.ar/index.php/investigaciones/223-docentes-de-la-uba-denuncian-persecucion-por-autoridades-afines-al-kirchnerismo-vaciamiento-de-una-catedra-y-manejo-irregular-de-fondos-publicos).

Fuentes consultadas que trabajan  en la UBA aseguran que el manejo discrecional de sueldos -y fondos públicos-  funciona como un sistema de premios y castigos.  Castigo a quién no esté alineado a la conducción K y premio, por supuesto, a quién acate todo sin cuestionamiento.

Hace mucho que la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) fue colonizada por el kirchnerismo.  Su gestión no sabe responder a los conflictos - y delitos -  que denuncian docentes y estudiantes. El Director de Cs. de la Comunicación, Diego de Charras, se pasea por los actos kirchneristas de "resistencia" y se lo puede ver en fotografías con los ex-funcionarios icónicos del gobierno pasado. Por su parte, el Decano  Glenn Postolski se muestra en la escuela "itinerante" armada por CTERA, en medio del conflicto docente con el macrismo. No son datos negativos en sí mismos. Pero cuando la militancia mal interpretada se transforma en el látigo ideológico que persigue a quién piensa distinto, y más grave aún en una casa de estudios tan prestigiosa como la UBA, se empieza a divisar un gran problema que afecta a la educación y a la libertad de pensamiento, fundamentales en la democracia.

 

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De Charras, Director de Cs. de la Comunicación. Fuente: Facebook.

 

Mientras organizan la mentada lucha contra el presidente Mauricio Macri, la facultad naufraga y la libertad se extingue. El caso de la materia que no arrancó es sintomático.  

Docentes que figuran activos en la cátedra y cobrando pero que no concurren a dar clases y ya no forman parte de grupo que dicta la materia, y con pleno conocimiento del Director de Charras, no son retirados de los registros de secretaría académica por razones "administrativas" durante años. Provocando así el vaciamiento  - que parece intencional - de una materia que no puede empezar el 2017. Casualmente, o causalmente, su titular a cargo, Mirta Varela, viene denunciando hace tiempo los manejos turbios en las designaciones de cargos, en el manejo de fondos públicos y  la transformación de Sociales en un bunker K.  

En el descargo de De Charras ante este conflicto, sostiene que "las docentes se encuentran preparando el dictado de otra asignatura para el segundo cuatrimestre", es decir, los que salieron de la cátedra Varela cumplen "otras" funciones. Lo que no puede explicar es por qué aún siguen figurando en los registros oficiales de la composición de cátedra de  Historia de Los Medios. Son los casos, entre otros, de Ana Broitman, Paola Margulis y Mariano Mestman. Errores solucionables en 5 minutos, con un abrir y cerrar de ojos en la era digital, duran un poco más para la dirección facultativa.

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Registro de 2017 de la secretaría académica.

 

A pesar de las desmentidas en los comunicados de De Charras, que distribuye por canales  institucionales - y evita que salga a la luz pública el tema -, no puede explicar la concreta pérdida de la autonomía del espacio de estudios con la utilización de las instalaciones de la facultad para actos político - partidarios. Tampoco garantiza el acceso a la información pública al no transparentar cuál es la lógica en la administración de los sueldos y presupuesto.   

"La única verdad es la realidad" es la frase que alguna vez dijo el líder político  que inspira a toda una generación de militantes que usan Iphone y dice defender la industria nacional, se desviven por el dinero y el poder para su beneficio  y defienden un relato que sólo se encuentra en su imaginación.

 

 

La única verdad es la realidad.

Sebastián Turtora

 

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El muro del colegio cordobés durante los actos.

 

En la capital de la Provincia de Córdoba, en el Colegio Privado Instituto Escuti, perteneciente a la comunidad religiosa de la Sagrada Familia, los padres del nivel primario sostienen que a raíz de una serie de hechos que se vienen sucediendo desde la conmemoración del 24 de Marzo, la comunidad educativa en su conjunto (padres, docentes y colegio) se diluyó.  Se vienen realizando una serie de reuniones con padres del nivel primario y autoridades del colegio, debido a la preocupación por lo que consideran “adoctrinamiento”. Hugo Chávez, dictadura y graves imposiciones a menores de edad. 

El Colegio Escuti es un colegio misionero, tiene subvención estatal, y por esa premisa de misionar, recibe en cada uno de sus grados y cursos a jóvenes de los barrios más pobres cercanos al mismo. Eso lo alumnos lo comprenden y la integración es total. Nos preguntamos donde está el límite entre el contenido social que deben impartir las escuelas y el adoctrinamiento de una línea política. A lo largo del paro docente, más contundente en la Provincia de Buenos Aires, los medios han publicado dibujos, escenas en las que los estudiantes han sido protagonistas de prácticas de simulacros de hechos ocurridos en la dictadura o referidos al desalojo de la escuela itinerante en la plaza de los Dos Congresos en la Ciudad de Buenos Aires.

La alerta comenzó en la conmemoración del 24 de Marzo cuando se colocaron fotografías de militares en un mural y se hizo pasar a los alumnos de primaria a tachar con rojo a quien vestía uniforme, en recortes de diarios y revistas. Al colegio concurren hijos de militares, incluso nietos de veteranos de Malvinas, que sin muchas explicaciones volvieron a sus casas sin entender por qué tenían que tachar imágenes donde había gente que se vestía y trabajaba como sus padres o abuelos, de quienes les habían dicho “eran los malos”. El afiche desapareció del colegio, pero quedó el que evoca a los 30 mil desaparecidos, según sostienen las organizaciones de derechos humanos. No está permitido que padres permanezcan en los actos de entrada y salida, en la formación general, por lo que los alumnos contaron que se hacían minutos de silencio para evocar al Comandante Hugo Chávez, y que a veces se izaba la bandera a media asta sin tener muy claro por qué, porque el comandante estaba en el cielo.

Los acontecimientos provocaron la reacción de los padres de primaria, cuando luego de que se prohibiera la instalación de la escuela itinerante en el Congreso, los docentes se adhirieron al paro, y la vicedirectora explicó a los niños que lo hacían porque “la policía por orden del presidente había pedido que le pegue a sus seños”.

A la institución concurren hijos de policías, algunos de 5 y 7 años que volvieron llorando a sus casas cuestionando a sus padres si le habían pegado a la señorita de sus aulas. Las redes sociales fueron espacio de discusión, hasta que los padres se organizaron y pidieron explicaciones al colegio. La respuesta, una nota que pregona los valores cristianos, de la Iglesia y de la institución, pero nada respondía sobre los hechos que los niños venían narrando en sus casas. Se cursaron denuncias al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a cargo de Walter Mario Grahovac, a la Dirección Provincial de Escuelas Privadas, a la Dirección de escuelas Católicas y al Arzobispado de Córdoba. Los padres sostienen la necesidad de que los niños sean educados en valores, como la solidaridad, respecto de la democracia en conceptos que ellos puedan comprender, como lo son la libertad, pero no el adoctrinamiento premeditado que parte de la bajada de línea del Director de los  tres niveles, jardín, primaria y secundaria del Colegio Escuti, Sergio Martino.

 

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Colegio Escuti, provincia de Córdoba.

 

En una reunión que tuvieron los padres de toda la primaria con él, no negó los hechos narrados al principio de esta nota, sostuvo que no eran de contenido político y que los niños recibían información “sesgada” en sus hogares respecto de esos temas. Los sacerdotes, que intervienen poco en las actividades de la comunidad educativa, se mostraron sorprendidos, su misión es sólo evangélica. En la reunión había padres policías y militares, muy  enojados, porque se consideran hombre y mujeres de democracia, que se han visto obligados a dar explicaciones a sus hijos por hechos que no han cometido.

A Sergio Martino se le hizo saber que habrá padres de ahora en más, tanto a la entrada como a la salida del colegio, para controlar qué se les dice a los niños, ya que en una oportunidad hizo pasar a hijos de profesionales, abogados, médicos, farmacéuticos y empresarios y los señaló diciendo “bueno, ustedes saben que están en este colegio porque sus papas tienen plata, y pueden pagar la cuota, y a nosotros no nos alcanza para mandar a nuestros hijos a este colegio”.  Estupor, fue lo que esto generó en los padres.

Los contenidos impartidos el 2 de abril estuvieron apuntados al accionar de la dictadura, nada se les dijo de los jóvenes que dieron su vida por la patria. Fue una guerra equivocada, pero los afiches que se hicieron no apuntan al homenaje. ¿Pueden con ocho años evaluar esos conceptos?. Hay muchas maneras de evocar la guerra, salvando historias que les den ejemplos de paz, de superación y grandeza, a los ocho años, es lo que se debe priorizar.

La escuela se adhirió a ochos  días de paro, de los cuales cinco permaneció cerrada, ante la queja de los padres, los tres días que estuvo abierta, se hizo trabajar a los chicos en cartelería sobre la dignidad de los docentes.

Un claro ejemplo de manipulación, adoctrinamiento. La comunidad educativa del Colegio Primario Escuti está rota, señalan los padres, y responsabilizan de esto a Sergio Martino y las directivas de primaria, y algunas maestras de confesa militancia kirchnerista que siguen su línea política, ya que en el secundario con otras autoridades esto no ocurre.

La comisión de padres dio un plazo de 2 meses a las autoridades del colegio para que cambien este tipo de prácticas, que los estudiantes no reciban contenidos políticos de ninguna clase, y se prime la calidad educativa que está en franca decadencia. Señalan que no se usan libros de texto, el nivel académico primario va en caída libre y los de sexto grado no saben dividir. Claro, las horas de clase se ocupan para impartir contenidos políticos.

Un grave caso, en el que las autoridades deben intervenir de manera urgente. No hay derecho a sesgar la libertad de los chicos a crecer y educarse, justamente en libertad. El adoctrinamiento a menores de edad es  una actividad delictiva.

Hay que dejar clara la responsabilidad de la Iglesia en estas cuestiones, en colegios que están bajo su órbita, la misión Evangélica no exime de responsabilidades a la comunidad religiosa.

 

 

Alicia Panero

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Nosotros

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