CSJN 2018

 

El Poder Judicial de la Nación, y la Corte Suprema, en particular, han transitado la historia anteponiendo sus intereses corporativos por sobre los controles que, razonablemente, debieran existir en un sistema republicano.

El ocultamiento de información a la que la ciudadanía debiera tener acceso y el rechazo de todo tipo de contralor sobre aspectos administrativos que no hacen a la función esencial de juzgar, pero sí a la credibilidad en el sistema, han sido una constante.

Cuando el 29 de setiembre de 1999 se sancionó la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, el Congreso había previsto un órgano de aplicación (Comisión Nacional de Ética Pública) conformado por representantes de todos los poderes del Estado y por algunos organismos autónomos de relevancia institucional.

La ventaja que tenía este sistema de contralor es que ningún poder tenía supremacía de representantes para controlar dicha Comisión, razón por la cual, dicho ente de control resultaba inmejorable, en cuanto a independencia, a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas de ética pública en todos los poderes del estado.

Lamentablemente, la Comisión Nacional de Ética Pública jamás se constituyó, y gran parte de la responsabilidad, en ese fracaso, es atribuible a la Corte Suprema, que se negó a integrar dicho ente con su representante, porque consideró, en su Acordada 1/2000, que sólo la Corte podía controlar a los integrantes de la Corte y de las instancias inferiores, y que ningún representante de la Corte podía participar en el control de los funcionarios de otro poder.

De este modo, el organismo que finalmente se hizo cargo de aplicar la ley de ética en el ejercicio de la función pública fue la Oficina Anticorrupción, un ente cuyo titular es designado y removido por el Poder Ejecutivo, razón por la cual, además de carecer de la independencia propia de un ente de contralor, sólo tiene competencia en el ámbito de dicho poder y de la administración pública nacional.

Ganó así, la Corte, bajo la presidencia del menemista Julio Nazareno, su primera batalla para eludir la publicación y exhibición de las declaraciones juradas de sus miembros. Lo hizo creando un engorroso sistema para acceder a las mismas, en el que la última palabra la tenía el máximo tribunal.

Ya bajo la presidencia de Lorenzetti, la Corte profundizó su pretendida autosuficiencia en materia de controles. En efecto, previo a la sanción de la ley de acceso a la información pública, exigía, mediante ejemplares sentencias, a los otros poderes del estado, que respondieran las solicitudes de información de la ciudadanía, respetando los estándares internacionales en la materia, pero evitaba sostener sus dichos con los hechos, cuando los pedidos de información iban dirigidos al máximo tribunal.

El pasado año, con el precedente de la malograda Comisión Nacional de Ética Pública, y al sancionarse la ley de acceso a la información, el Congreso evitó –pese a lo que sugieren los organismos internacionales- crear un órgano de aplicación único, para todos los poderes y conformado por representantes de todos los poderes. Así, dispuso que cada poder crearía el suyo, garantizando la autonomía funcional del mismo.

En este contexto, y cuando parecía que el Poder Legislativo había dictado una ley a la medida de las abusivas pretensiones del máximo tribunal, la Corte, en su último acuerdo del año 2017, dictó la Acordada 42/2017, por medio de la cual, apartándose de la ley de acceso a la información pública, se negó a la constitución de un organismo con autonomía funcional que decida, entre otras cosas, si corresponde o no difundir la información que solicita un ciudadano a la Corte. Dicha tarea, será cumplida por un órgano dependiente de la propia Corte, cuyas decisiones podrán ser revisadas, en caso de apelación del requirente de información, por el propio Lorenzetti. Es decir, por quien podría ser el funcionario más perjudicado, en caso de que existiera alguna información comprometedora, en relación al desempeño de los miembros del máximo tribunal o de sus subordinados.

Si la función de control la ejerce el controlado, no estamos ante un control. Por el contrario, estamos frente a la posibilidad cierta de un encubrimiento. De este modo, la doctrina según la cual, la Corte no admite controles independientes, con fundamento en su potestad de establecer su propia administración, y en evitar la intromisión de otros poderes del estado, constituye  una ofensa a la república. Porque el sistema republicano divide el poder para que haya controles, y quien pretende controlarse a sí mismo, en realidad, no se controla del modo republicano que exige nuestra Constitución.

Lo dicho hasta aquí revela que la cabeza del Poder Judicial exhibe una evidente necesidad de ocultar su espurio funcionamiento. Sin embargo, la última acordada del año trae una novedad auspiciosa, que no estuvo presente en otros pronunciamientos similares: el quiebre de la unanimidad. En efecto, el Doctor Rosatti votó en disidencia, postulando la creación de un órgano de aplicación con autonomía funcional, tal como lo requiere la ley 25.275 de acceso a la información pública.

Será la sociedad argentina, en definitiva, quien deberá presionar y exigir para que cada vez haya más Rossatis y menos Lorenzettis.   

 

 

José Lucas Magioncalda

Abogado

Pte. Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil

 

En Twitter:

@magioncalda

 

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Fuente: Facebook.

 

 

Lo primero es la familia. El escándalo del audio de WhatsApp enviado por el Ministro de Trabajo Jorge Triaca a su empleada doméstica, en dónde la insultó y la despidió, fue sólo el principio. Reveló de forma contundente una serie de acomodos de familiares en el Estado por parte del titular de la cartera de trabajo. Primicia: el operativo "no llegar a juicio" de Triaca.

Pero hay más: no sólo que contrató en negro a Sandra Heredia, su doméstica, sino que la acomodó inexplicablemente en el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), intervenido por la justicia, con un sueldo nada despreciable de 30 mil pesos.  Walter Lasango, letrado de  Sandra Heredia, fue consultado por Periodismo y Punto sobre la situación actual del conflicto por el reclamo de los pagos correspondientes luego del despido de sus funciones de casera de la quinta. Reconoce que muy probablemente habrá un "arreglo extrajudicial" , que significa no llegar al juicio formal. De este modo, el funcionario reconocería la situación irregular. 

El abogado de Sandra Heredia señaló además en declaraciones a los medios, que el Min. de Trabajo ubicó a la mujer en el SOMU luego de un pedido de aumento de sueldo: "No te puedo aumentar pero te puedo dar un  ´trabajito´ en el sindicato", habría sido la respuesta de su jefe.   

Pyme familiar. Mariana Triaca, la hermana del Ministro, es Directora del Banco Nación y gana 180.000 $ brutos. Su otra hermana, Lorena, es Directora de la Agencia de Inversiones. La esposa de Triaca, María Cecilia Loccisano, trabaja en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa en el Ministerio de Salud: percibe  152.000 $. Y el ingreso VIP que suma al "pleno empleo" familiar es el del cuñado del funcionario, Ernesto Marti Reta, con haber de 270.000 $ por el cargo de  Director de Banco de Inversión y Comercio Exterior. 

Queda claro. No es sólo de un gobierno el acomodo. Para la cultura política argentina, lo primero es la familia.

 

Sebastián Turtora

Colaboración: Alicia Panero

@sebiturtora

 

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Este portal ha sido el único que ha seguido de cerca, a nivel nacional, la situación mutante de la provincia de Santa Cruz, porque ya nos ocupamos desde 2015 cuando Rudy Ulloa regalaba casas y dinero para conseguir votos para el frente kirchnerista, hasta ahora, que la actual Gobernadora  Alicia Kirchner se construyó su propia muralla en torno a la Casa de Gobierno.

Cumplió el sueño del presidete de EEUU Donald Trump, aislándose aún más, sin permitir que los revoltosos a quienes no paga los sueldos, se acerquen a protestar. El 17 de enero  depositó  a una parte de los agentes el sueldo anual complementario que se paga en diciembre, y no hay ni noticias del sueldo de dicho mes.

El muro de Alicia es precario y estéticamente desastroso. Hecho en tiempo record con chapas galvanizadas de dos metros de altura, amuradas  a pilotes de madera. Los habitantes de Rio Gallegos han visto con asombro su construcción, nunca recibieron explicación de por qué, pero viendo el clima social, entienden. No sólo la provincia tiene conflictos graves por la falta de pago de sueldos, proveedores, insumos, lo que lleva a la falta de clases desde hace dos años, la falta de salud, esta crisis arrastra a todos los municipios, porque el estado provincial no paga.

El municipio de Rio Gallegos no es ajeno a la crisis, no se recolecta la basura, el olor que hay en la ciudad es insoportable, sumado al humo de la quema de cubiertas de cada protesta de cada sector.

 

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En un medio local se publicó esta semana, que se encontraron gusanos, por falta de servicio de limpieza, en el principal hospital de la ciudad. Aquel del que se enorgullecía Cristina Fernández, el mismo al que le reinauguraron muchos servicios, que nunca funcionaron.

Santa Cruz, la provincia de Alicia, no cumple con los derechos básicos que necesitan sus ciudadanos, algunos ya piensan en pedir la intervención de organismos internacionales, no se cumple el derecho a la educación, a la salud y a la justicia. Muchos niños judicializados  están hoy en un limbo, porque los paros permanentes por falta de pago de haberes hace que nadie se ocupe, o pongan a evaluar situaciones de violencia familiar a  operadores políticos o gente sin experiencia.

Todo esto justifica la construcción del muro de Alicia, sabe que el grado de conflictividad será mayor durante este año, pero se da el lujo, desde el IDUV,  Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, de anunciar una puesta en valor del paseo de la Casa de Gobierno, poniendo a disposición de la obra $ 8.400.000 pesos, financiado por el Fondo Nacional Solidario, y en una segunda etapa, 8 millones más. La obra paradójicamente, se llama “Gobierno de Puertas Abiertas”.

El decreto nacional 205-03 prohíbe expresamente obras que no sean las señaladas por la norma. Según su artículo 1, el fondo se crea con la finalidad de financiar en provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial, en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes. Por lo que no entraría la lavada de cara a la Casa de Gobierno  y su muro perimetral, que algunos comentan, se pusieron ahora las chapas para construir detrás una pared.

 

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La llamada a licitación para la obra de la casa de Gobierno, dice expresamente que el dinero es de este fondo y los pliegos se venderán a partir del 28 de enero. Pero la obra ya comenzó con el muro. Y la apertura de sobres se hará recién el 2 de febrero, quien ganara la obra, no se sabe, pero ya comenzaron.

Santa Cruz llevó a  Alicia a la gobernación por medio de la implementación de la ley de Lema, cuyo pedido de inconstitucional esta desde 2013 en la Corte Suprema de Justicia. No ganó las elecciones, sino que llegó al gobierno por medio de colectoras, muchas que se vendieron por el dinero vil de la familia K.

Sus habitantes, siguen siendo argentinos, por lo que consideran que alguien, gobierno nacional, organismos internacionales, deberían revisar la situación que atraviesan, por ahora sin miras de solución,  y con una gobernadora cada vez más aislada, ahora literalmente aislada por un muro de chapas.

 

Alicia Panero

@AnastasiaPanero

 

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El DNU 27/2018, firmado por el presidente Mauricio Macri, los primeros días de enero, ya genera rechazos y pedidos de inconstitucionalidad.

El DNU tiene como finalidad la desburocratización y simplificación del Estado. Consultado el Diputado Alejandro Grandinetti, sostuvo que este decreto por ser de necesidad y urgencia, debe pasar por una Comisión Bicameral y luego ser tratado por alguna de las Cámaras.

Aunque para poner en marcha este conjunto de normas, no hará falta una ley aprobada desde el Congreso de la Nación porque se publicó directamente en el Boletín Oficial.

Las doctoras Silvina Martínez y Margarita Stolbizer respondieron con un comunicado que detalla los alcances del DNU y por qué debe declararse su inconstitucionalidad: Stolbizer hará la presentación como Presidenta de la ONG Bajo La Lupa, con el patrocinio de la Dra. Silvina Martínez, también miembro de la nueva entidad que tiene por objeto promover valores éticos, funcionamiento de las instituciones en orden a la Constitución Nacional,  transparencia en la gestión pública y la independencia de la justicia. "El decreto de necesidad y urgencia firmado por  Macri y sus ministros es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza. Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso. Vamos a solicitar a la Justicia, la revisión del instrumento y la declaración de inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución Nacional, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación".

El 11 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el mega decreto 27/2018 el cual se titula “Desburocratización y Simplificación” derogando más de un centenar de leyes o modificando en forma sustancial el sentido de las mismas.

De esta manera, el PEN ha asumido facultades legislativas que le están vedadas, debido a que no se cumplen las condiciones que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso. Se alteran las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano. 

Lo prescribe el artículo 99 inciso 3 de la Constitucional Nacional cuando señala: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.
La urgencia que cobra una significación propia en relación a los objetivos concretos hacia los que en cada caso aparece orientada. Una disposición resulta urgente y necesaria, únicamente para atender cierta finalidad que se advierte amenazada en una coyuntura determinada. Desde esta perspectiva, los términos “urgencia y necesidad”, aparecen netamente redimensionados adquiriendo nuevas perspectivas materiales. En este orden de ideas, es indispensable determinar el alcance de la fórmula “circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir el trámite ordinario de las leyes”. Situaciones que no se dan en la actualidad, ya que no hay premura en el dictado de las normas ni imposibilidad de convocar al Poder Legislativo.

Para que proceda el dictado de un DNU deben concurrir los siguientes elementos: "a) situación de extrema necesidad, que ponga al Estado bajo el riesgo de continuidad. En esta hipótesis el uso de este instrumento tiene la finalidad de sortear una crisis de gran magnitud, y es inevitable el dictado de un Decreto, ya que si no se sanciona con la premura del caso, pueden devenir para la sociedad consecuencias graves de imposible reparación ulterior; b) existencia de la debida y ponderada razonabilidad entre el fin perseguido y las medidas adoptadas, para conjugar la crisis que dispone el decreto". Desarrollo la doctora Silvina Martínez.

La presentación (que ya se encuentra preparada) se realizará al término de la feria judicial.

EL DNU N° 27/18, presentado para desburocratizar y simplificar el funcionamiento del Estado, incluye 170 medidas que tiene como objeto facilitar regulaciones en 11 áreas del Estado, entre tantas, también apuntó a eliminar la inembargabilidad de las cuentas sueldo, que fue sancionada en el Congreso con la Ley N°27.320, en noviembre de 2016.

 

 

Alicia Panero

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 Alonso, titular de la OA.

 

El arribo de Cambiemos al gobierno, sin duda alguna, significó una sensible mejora en la actividad de la Oficina Anticorrupción. No obstante ello, la labor de dicho organismo presentó y presenta algunas dificultades que evaluaremos seguidamente.

 

La funcionaria a cargo

En primer lugar, corresponde destacar el correcto desempeño como funcionaria de la Lic. Laura Alonso que, salvo algunos tropiezos iniciales, ha venido tomando decisiones acertadas. Debe recordarse, en este sentido, que su comienzo no fue el mejor. En efecto, el dictamen emitido para que YPF desoyera un fallo de la Corte y no hiciera público el contrato firmado con Chevron, y su actividad twittera militante, impactaron negativamente en su imagen y en la imagen del organismo a su cargo. No obstante ello, luego, al modificar algunas de sus polémicas conductas, pudo superar la adversidad.

 

La estructura de la Oficina Anticorrupción y su falta de independencia

Por otra parte, la Oficina Anticorrupción, si bien ha sido creada nominalmente por ley, tiene toda su estructura diseñada por decreto. Esta situación es la que posibilitó que, Mauricio Macri, por esa vía, revirtiera la exclusividad de los abogados para conducir la entidad, abriendo el juego a profesionales en ciencias sociales y economía. En sí, la decisión no fue incorrecta, porque la tarea de prevenir la corrupción no solo es de orden jurídico, sino que involucra a expertos en el funcionamiento del estado y a profesionales idóneos en verificar la evolución del patrimonio de los funcionarios. No obstante, como la decisión en cuestión se tomó al tiempo de la designación de la politóloga Laura Alonso, no faltó quien especulara con que la modificación normativa no partía de una convicción presidencial desde lo filosófico, sino de la necesidad de adecuar el cargo a la nueva funcionaria designada para el mismo.

Pero más allá de esta discusión, el problema no está en las decisiones que pueda o no tomar el Presidente de la Nación, sino en la jerarquía normativa del organismo. La Oficina Anticorrupción controla al Presidente de la Nación y al resto de los funcionarios de la administración pública, muchos de ellos designados por el propio presidente. En este contexto, la titular de la Oficina Anticorrupción, no sólo no tiene garantizada la estabilidad en el cargo, sino que la propia entidad puede ser modificada a gusto, a conveniencia y a sola firma, por quien ejerce la primera magistratura.

En definitiva, la independencia de la Oficina Anticorrupción se encuentra condicionada y a merced de la voluntad más o menos autónoma de quien la conduzca y, desde ya, a merced de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo.

Sucede que un principio básico del control es que el controlante no debe estar a las órdenes del controlado, razón por la cual, si el control pasa a depender de la bondad de los funcionarios y no de la propia organización estatal, las instituciones pierden credibilidad. De ese modo, nos alejamos de uno de los principales objetivos de la anticorrupción: preservar al sistema democrático de la desconfianza de la ciudadanía.

En este sentido, si bien la Oficina Anticorrupción propuso varios proyectos de ley en la materia a su cargo, ninguno presentó tendiente  a elevar su jerarquía normativa y consagrar su propia independencia.

Desde el bloque oficialista de diputados, por su parte, solo la Diputada Carla Carrizo (hoy en el bloque de Lousteau) presentó en 2017 un proyecto de ley que mantenía con exclusividad la facultad presidencial de designar al titular de la Oficina Anticorrupción y removerlo, aunque mediando causales de mal desempeño evaluadas por el propio Poder Ejecutivo.

En definitiva, no pareciera haber una clara decisión de jerarquizar y dotar de independencia al organismo que conduce Laura Alonso.

 

Falta de celeridad en el trabajo de la Oficina Anticorrupción

Pero además de la cuestión normativa, se advierten serias demoras en el trabajo de la Oficina Anticorrupción.

En efecto, en relación a la decisión de casos de incompatibilidad de funcionarios públicos, y según las resoluciones publicadas en la página web del organismo, desde la fecha de apertura del expediente (normalmente como consecuencia de una denuncia) hasta la decisión que le pone fin, transcurre un promedio de dos años.

La idea de un organismo administrativo especializado en esta materia es obtener pronunciamientos rápidos que pongan fin a situaciones derivadas de la mala fe o negligencia de los funcionarios, previniendo perjuicios a la administración pública. Que dos años después de la denuncia se decida si, por ejemplo, un funcionario puede detentar o no dos cargos al mismo tiempo, no parece ir en el sentido de la prevención.

En cuanto a los casos de conflictos de intereses, y según las resoluciones publicadas en la pagina web del organismo, los tiempos de los pronunciamientos suelen ser mas cortos (normalmente el procedimiento se prolonga por un período levemente inferior al año). No obstante ello, y dado que también en este caso estamos ante una actividad de prevención, la prolongación de los expedientes no deja de ser excesiva.

En ambos casos (incompatibilidades y conflictos de intereses) la Oficina Anticorrupción sólo publica los expedientes  resueltos, por lo  que sería perfectamente posible que muchos de los casos no publicados, por no haber concluido, estén demandando mas tiempo aún.

Para graficar a que punto resultan desproporcionadas las demoras, vale la pena comentar el  siguiente caso: la folletería que acompañaba la entrega de los DNI a los ciudadanos llevaba la firma y el nombre del Ministro Frigerio, con clara intención publicitaria. A partir de una denuncia fundada en la vulneración del art. 42 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Oficina Anticorrupción debió constatar si la firma y el nombre del Ministro Frigerio, presente en los folletos, constituía una autopromoción ilícita del funcionario. Así, determinó que la denuncia tenía asidero y mandó eliminar dichos folletos. Ahora bien, una operación tan sencilla, como contrastar un ejemplar del folleto con las normas legales, demoró más de siete meses.

 

Ausencia de normas adecuadas

Por otra parte, si bien ha significado un avance el dictado de los decretos de integridad y transparencia, tendientes a detectar vínculos inadecuados entre contratistas del Estado Nacional y litigantes contra la Nación, con funcionarios de la administración pública, no se entiende el motivo por el cual, similares procedimientos de detección de conflictos de intereses, no se aplican con carácter previo a la designación de funcionarios, tal como lo hacen otros países civilizados del planeta.

Pese a que existe un proyecto de ley elaborado por la Oficina Anticorrupción en el año 2003, del cual surgen regulaciones de los conflictos de interés que mejoran sensiblemente las paupérrimas regulaciones actuales sobre la materia, nada se ha hecho por impulsar la sanción de una ley en ese sentido.

 

Conclusión

La Oficina Anticorrupción  no sólo está para evitar al país cuantiosas pérdidas económicas, sino también para evitar los conflictos y la ineficiencia que la propia corrupción genera, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, es necesario que el gobierno se haga cargo de todo lo que le falta y de todo lo que no tiene. Para que pueda seguir caminando, cada vez con mayor celeridad y con mejores herramientas legales e institucionales.

José Lucas Magioncalda

Abogado

Pte. Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil

 

 

 

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