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En la ciudad de La Plata no tienen buenos recuerdos de ellos.  “Todo lo que hicieron era trucho”,  señala una fuente que conoció en primera persona a uno de los productores que organizó el recital del Indio Solari en Olavarría: Marcos Peuscovich. Junto a su hermano Matías, desde 2005, están a cargo con “El Chacal Producciones”, y luego con “En Vivo SA”, de organizar los masivos shows de Solari. El maratónico ascenso de empresarios que pasaron de un pequeño bar a manejar el concierto más grande del mundo. 

 

Un reducido lugar, ubicado en La Plata, entre las calles 8 y 42, fue testigo en los ´90 del inicio de “El Chacal”, la productora que luego pegaría el salto con los mega - recitales de Solari. Martín Cabrera, por aquel entonces periodista del diario Hoy que cubría los eventos, recuerda la precariedad en la que estaban montados en esa minúscula rockería. Cuándo pasó la banda Las Pelotas, los artistas debían ir al baño por fuera del lugar, atravesando una ventana y “El Chacal” explotaba de público al límite. Marcos le pedía a la prensa que cubría que no revele la cantidad “real” de espectadores y que ´dibujen´ menos. Quiénes lo conocieron, lo describen como un “excéntrico que iba vestido de zapatos rojos”.

Siguieron con los shows, trabajando por ejemplo con Bersuit Vergarabat en su apogeo, en el Club Reconquista de La Plata, a principio de los años 2000. El club no estaba preparado para recibir bandas de rock y sin las más mínimas medidas de seguridad, como puertas de acceso precarias y sin salidas de emergencia. Aquella fecha de Bersuit fue tapa del Diario “El Día”, hablando de una jornada que podía haber terminado en tragedia. Martín Cabrera recuerda: “no teníamos modo de salir de ahí si pasaba algo”. Luego de armar la crónica de lo sucedido “Marcos se enojó conmigo”, señala el periodista, que los conoció desde sus inicios.

Llegaría en 2011 una tragedia, con la muerte de Miguel Ramírez en la actuación de La Renga en La Plata y un gran problema para “El Chacal”. El joven fallecido por una bengala fue el primer gran desastre, al menos visible, de los hermanos Peuscovich. Se arregló con 360 mil pesos de indemnización a la familia de la víctima. ¿Fallaron los controles en los accesos para evitar el ingreso de bengalas?.  Sin embargo, “the show must go on”…

 

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Luego se rebautizaron para dejar atrás la tragedia inesperada: nacía “En Vivo SA”. La misma que firmó el contrato con la municipalidad de Olavarría calculando unas 150 mil personas que ocuparían La Colmena (como llaman al sitio), la cantidad que estaba autorizada según las dimensiones del predio. Nada de eso se cumplió: nadie hasta ahora puede decir si fueron 200 mil, 300 mil o 400 mil personas que colmaron Olavarría y ese campo. El resultado es conocido: 2 muertos, heridos, vandalismo y destrozos.

Nadie habla. Eligieron el silencio. Un empleado de “En Vivo SA” cuenta off de record a Periodismo y Punto que “no va a dar opinión del tema porque ni siquiera los verdaderos responsables han dado opinión aún”. La pregunta trascendental, que no fue respondida, es quiénes son los responsables de la venta indiscriminada de alcohol, de reventar un predio con más gente de su capacidad y de no contar ni con ambulancias ni con seguridad necesaria acorde a la multitud que concurrió. En el medio del dolor post Olavarría, la justicia comienza – muy lentamente – a investigar lo que ocurrió y el ex líder de Los Redondos, tras sus comunicados y declarar ante la fiscal, volvió al ostracismo.

El camino trazado es al límite, riesgoso, que recuerda lo peor: Cromañón, una herida que marcó a toda una generación. Los empresarios tienen otros negocios, uno de ellos vinculado al turismo en Tandil, y movimientos bancarios de más de 150 mil pesos, según los registros del Banco Central, además de cheques rechazados. Más allá de eso, hay algo recurrente: la violación de las normas y el llegar a cualquier precio a un objetivo.

“Son voraces, capaces de cualquier cosa”, dice el periodista Martín Cabrera en un tuit luego de lo sucedido en Olavarría, en referencia a los Peuscovich. Los conoció de cerca. ¿Son realmente así o es una sucesión de hechos trágicos que no están conectados, sino producidos por diversos factores?. ¿O tiene que ver con la seguridad y el cumplimiento de las normas?. Hoy, los hombres que pasaron a comandar el “pogo más grande del mundo” están recluidos y el golpe de nokaut fue tan fuerte que no hay reacción. Sólo silencio.

 

Sebastián Turtora

 

 

 

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Tiempos difíciles. El ex - lider de Los Redondos afronta una grave enfermedad y un evento trágico.

 

 

Tras el recital del Indio Solari en Olavarría, pcia. de Buenos Aires, que dejó como saldo 2 muertos, heridos, asaltos a comercios y ataques a propiedades, ni el líder "ricotero" ni sus productores dieron la cara ante los medios o la opinión pública.  Más allá de los esquivos comunicados de Carlos  ´el Indio´ Solari, que ya se despegó de "En Vivo SA",  la productora que organizó el show, nadie parece hacerse cargo en serio de un hecho grave: dejar a miles de personas vulnerables sin ningún tipo de seguridad en un concierto multitudinario en dónde todo puede suceder. Y sucedió. Los hermanos Peuscovich, a cargo de En Vivo, se esfumaron de la tierra. Periodismo y Punto llamó a los teléfonos de sus empresas y domicilios, y se encontró con algunas sorpresas.

Marcos y Matías Peuscovich, en la mira de la justicia por ser responsables de la organización del recital de Olavarria, vienen trabajando junto a Solari en los últimos tiempos. Su vieja empresa se llamaba "El Chacal Producciones", pero cambiaron su nombre a "En Vivo", luego  de la muerte del joven por una bengala en un recital de La Renga en 2011, evento a cargo de "El Chacal".  La compañía indemnizó a la familia de la víctima por una módica suma de 360 mil pesos.

Al llamar a uno de los teléfonos de Tandil que figura a nombre de Matías Peuscovich, atiende una mujer y explica que el lugar era un conjunto de cabañas dedicada al turismo en Tandil.

-Hola, ¿podría hablar con Matías por favor?

-No está en este momento, déjeme su nombre y él lo llamará

-¿Es su vivienda particular o domicilio comercial?

-Es un complejo de cabañas...

-¿Él es dueño?

-No puedo decirle eso, sólo soy empleada

-¿Dónde puedo encontrarlo?

-No puedo darle esa información...

 

 

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Complejo "El montenegrino".

 

Efectivamente, como dice su sitio web,  El montenegrino es "un espacio ideal para disfrutar de Tandil y sus alrededores con una propuesta natural que se integra al paisaje".  El titular de su sitio web - y del negocio - es Matiás Iván Peuscovich, el hombre más buscado, junto a su hermano.

 

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Cabañas "El montenegrino", en la provincia de Buenos Aires.

 

Al llamar a otro número, un celular registrado bajo "El Chacal", atiende un hombre y al pedir hablar con Matías, pregunta - muy nervioso -, quién lo buscaba. Al explicar sobre una consulta periodística responde mágicamente que "el teléfono estaba equivocado" y corta abruptamente la comunicación. Al intentar nuevamente con el mismo celular, atiende una mujer, que pide por favor que "no llamen más".  

El hermetismo es total. Si todo fuese con el cumplimiento de la ley y "en regla", ¿por qué ocultarse como el fugitivo?. El dato, en la búsqueda, fue toparse con un emprendimiento turístico y negarse a una comunicación telefónica, con la excusa infantil de un número incorrecto. ¿Serán sus socios que intentan cubrirlo?.

Un nombre que no se mencionó hasta ahora, un socio,  es Gustavo Eduardo Zurita, que figura en la constitución y escritura de "En Vivo" y hay - o hubo - nexos comerciales con los productores del Indio Solari.  

Aunque aún la justicia está en su primer etapa de investigación sobre la culpabilidad o no de los empresarios, del mismo Intendente Galli, o del músico, ni siquiera se molestaron en ponerse en contacto con las familias de las víctimas, como lo confirmó el hermano de uno de los fallecidos, Juan Bulacio, a los medios.

Desidia, codicia y ¿corrupción? en el  ´pogo más grande del mundo´, mirado con asombro por los medios internacionales. El show ´no´ debe continuar y llegará el momento, más temprano que tarde, de las explicaciones a la sociedad,  a la justicia y a las víctimas.

 

Sebastián Turtora

 

    

 

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Impacto. Las imágenes en TV de ´La Rosadita´, dónde los empleados de Báez no paran de contar grandes cantidades de dinero.  Fuente: captura video (Canal 13).

 

El mes que viene se cumplirán 4 años de la causa conocido como “la ruta del dinero K” en la que se investiga a Lázaro Báez por encubrimiento, asociación ilícita y lavado de activos. Hace 11 meses el empresario está detenido en Ezeiza. Estas son las 5 razones por la que la investigación de Sebastián Casanello está empantanada. Los documentos judiciales.

“Olvidate, mirá con quién hablo muy seguido… ¡Con Ángelo! Mira si me van a tocar a mí”. A fines del 2015, Lázaro Báez estaba confiado en que jamás pasaría una noche privado de su libertad. No estaba preocupado por el cambio de gobierno. Ángelo era Calcaterra, el titular de IECSA, contratista con el que había participado, junto con Austral Construcciones, en UTES (Uniones Transitorias de Empresas). La causa 3017/13 había nacido en abril del 2013 luego de la investigación periodística de Jorge Lanata y su equipo en canal 13. Tras el primer informe, la diputada Elisa Carrió y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten realizaron dos denuncias por separado para investigar los hechos. La causa cayó en el juzgado Nº7 de Sebastián Casanello e involucraba, además del titular de Austral Construcciones, a Daniel Pérez Gadín y a su hijo Sebastián, al mediático Fabián Rossi, a los hijos de Lázaro Báez, César Gustavo Fernández y el piloto Walter Zanzot entre otros. Pero la ruta K estuvo plagada de baches. Repasemos algunos de ellos:

1) Un solo arrepentido. Luego de dos años y semanas de permanecer detenido en Ezeiza sin condena firme, Fariña rompió el silencio. Pocos creían en que hablaría. El fiscal Guillermo Marijuán quedó sorprendido por la cantidad de datos concretos y precisos que aportó el ex empleado de Lázaro Báez. Comprometió al empresario, a funcionarios de Vialidad Nacional, a financistas y a la ex Presidenta. Luego del extenso testimonio, el fiscal viajó al sur y comenzaron a aparecer cientos de automóviles y propiedades a nombre de Báez. Fue el show de la tasación. En mi último libro, “El negocio político de la obra pública”, Fariña explicó las razones de sus idas y vueltas: “Cuando estaba detenido mis abogados me presentaban escritos de parte de Oscar Parrilli pero mi arbitraria detención no se modificaba”. Los abogados vinculados a servicios de inteligencia que operan en las causas que comprometen al poder político afloraron en la ruta del dinero K. Los extraños sucesos de inseguridad que sufrió el ex de Jelinek colaboraron en que nadie siguiese su camino de redención.

 

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2) La invención de un único culpable. Mientras Fariña era detenido y Federico Elaskar –el titular de SGI- se desdecía en televisión, el juez centralizaba la figura del lavado de activos en el empresario de la salud, Roberto Erusalimsky. Se basaba en la compra de un campo de 5 hectáreas en Tupungato, provincia de Mendoza, gestionado por Leonardo Fariña con dinero que se sospechaba era de Báez. Poco después, era revendido en una suma considerablemente menor. Allí aparecía Erusalimsky.  Casanello sólo parecía preocupado en él. Lo embargó y procesó rápidamente a pesar de que no existían vínculos comprobables entre la obra pública y este empresario. Su abogado, Martín Orozco, sufrió todo tipo de presiones para que “entregase” a su cliente. Tres años después, las pericias contables demostraron que Erusalimsky no había lavado activos con Fariña. Sin embargo, el juez mantuvo su procesamiento. El 4 de febrero del 2015, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun pidieron la nulidad de la situación procesal del empresario mientras que confirmaban la delicada situación judicial de Carlos Molinari, el empresario que había financiado el casamiento de Fariña con la vedette Karina Jelinek. Además, le exigieron a Casanello que convocara a Báez a que explique la compra de ese campo. El 27 de octubre del mismo año, la Cámara Federal de La Plata, Sala III, le insistió a Casanello que declarase nulo el procesamiento del empresario de la salud. El fallo era lapidario. Se caía el chivo expiatorio del delito. En la única entrevista que concedió en televisión, el juez mostró sus supuestos logros ante el periodista Luis Majul: “procesé a Erusalimsky pero la Cámara lo benefició”. Ya era insostenible su quietud para investigar al titular de Austral Construcciones. Su detención tendría más que ver con el bochornoso conteo de billetes en una cueva financiera y en la pornografía de tales imágenes, que con el trabajo de la justicia.   

 

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3) El móvil. Debilitada la hipótesis del lavado de activos de Erusalimsky, Casanello se centró en que la facturación apócrifa de la usina de Juan Suris en Bahía Blanca era el delito preexistente del lavado. Los montos analizados representaban monedas para la millonaria suma de dinero que manejó Austral Construcciones. Con el cambio de gobierno y, ante la presión de la Cámara Federal, el juez se focalizó en los sobreprecios en la obra pública. Habían pasado cuatro años.

 

4) Pacto de impunidad. Semanas atrás se conoció la desgrabación de una conversación entre Ricardo Echegaray –ex titular de la AFIP- y Oscar Parrilli en el que aludían a Casanello. Su juzgado aún sigue copado por militantes de La Cámpora. El ejemplo de Sebastián “Laucha” Bringas, viejo conocido del diputado Eduardo “Wado” de Pedro, es notable. Lázaro Báez siempre intentó apartar al juez alegando supuestos encuentros en la Quinta de Olivos con la ex Presidenta de la Nación. Su defensa no pudo comprobar tales reuniones. Lo cierto es que los implicados se preguntan en qué cambió la situación de Báez en cuatro meses ya que, la última semana del 2015, Casanello dictó la falta de mérito del empresario por la compra del campo en Mendoza y 120 días después lo detuvo. Se procesó a otro empresario –Erusalimsky- por la compra de un campo. El juez tardó cuatro años en encontrar 350 propiedades de Báez. En el entorno de Báez aseguran que “a nadie le conviene que hable Lázaro, ni al gobierno anterior ni al actual por su relación con Calcaterra”. Echegaray nunca fue procesado.

 

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5) El juez. En cuatro años, la Cámara Federal le realizó severas advertencias a Casanello. Una de las medidas que impulsó fue intervenir los teléfonos de empresarios aleatorios a la causa pero no del máximo implicado. Los implicados desconfían de la integridad del juez. No es casual que los hijos de Báez hayan accedido a responder preguntas ante Claudio Bonadío pero no ante Casanello. “Difícil confiar en alguien que, hasta hace poco tiempo, sentías como propio”, explica a Periodismo y Punto un ex abogado de la familia. Mientras el Consejo de la Magistratura avanza en denuncias contra el camarista Eduardo Freiler y el juez Daniel Rafecas, Casanello duerme tranquilo. En su juzgado fueron sorteadas dos causas que comprometen al Presidente Macri: Panamá Papers y la fiesta electrónica de la Time Warp.

 

Nada es casual.

 

 

Por Luis Gasulla

@luisgasulla

Autor de “El negocio político de la obra pública” (Sudamericana)

     

 

El 29 de setiembre de 2016 se promulgó la ley de acceso a la información pública, norma fundamental a la hora de consolidar y promover avances en materia de transparencia y avanzar hacia el Gobierno abierto.

Esta nueva legislación se basa, fundamentalmente, en dos ejes: 1) obligar a los organismos públicos a utilizar las nuevas tecnologías, para transparentar de modo activo, los datos de la gestión de gobierno; 2) crear un sistema administrativo, que incluye la designación de una autoridad de aplicación en y ante el Poder Ejecutivo Nacional y otros 5 obligados a crear órganos “idénticos” a aquel (en el Poder Legislativo, el Judicial, los dos ministerios públicos y el Consejo de la Magistratura), para que los ciudadanos requieran y obtengan la información pública que deseen.

La ley estableció dos plazos que son fundamentales para su correcta implementación. En primer lugar, un plazo de 90 días, vencido en los primeros días de enero, para que las cabezas de cada poder del estado dicten la reglamentación. En segundo lugar, un plazo de un año que vencerá al comenzar el día 30 de setiembre de 2017. Momento en que se producirá entrada en vigencia de la ley.

El Presidente de la Nación dictó, el 30 de enero de 2017, el Decreto 79/2017. Dicha norma sólo está destinada a modificar el decreto del presidente Kirchner (N° 1172) que regula el acceso a la información pública desde el año 2003. El cambio introduce parte del articulado de la ley que entrará en vigencia en setiembre de este año.  

Sin embargo, eso no es una reglamentación de dicha norma, sino simplemente adelantar -decretazo mediante - su vigencia parcial. Para ese entonces (30 de setiembre del corriente año), debería haberse elegido al Director de la Agencia. Pero no tenemos convocatoria para su selección ni reglas para ella.

 

CAMBIEMOS

 Promesas de campaña. El triunfo de Cambiemos y lo que aún no cambia.

 

 

En efecto, la ley 27.275 prevé en su artículo 21, inc. d) la necesidad de reglamentación de la audiencia pública en la que se harán observaciones al candidato a ocupar la Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de aplicación que intervendrá en el ámbito de la administración pública nacional. Este aspecto esencial de la norma no ha sido reglamentado.

Dentro del plazo de 90 días (que venció hace dos meses), las restantes áreas del estado (el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura), deberían haber reglamentado y creado sus propias agencias de aplicación, según lo establece el art. 28 de la ley de acceso a la información pública. No lo han hecho.

Asimismo, no puede dejar de advertirse que la obligación de transparencia activa que se le ha impuesto a las entidades públicas, consistente en “facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros”, requiere necesariamente de reglamentación. En efecto, los aspectos técnicos necesarios para cumplir con esta elevada aspiración legal, lógicamente, no forman parte de la legislación, sino que deben definirse por la cabeza de cada poder del estado.

La transparencia ha sido una de las promesas principales del Presidente de la Nación; que se vio corroborada con la sanción de la ley de acceso a la información pública. Sin embargo, la demora en su implementación podría generar un grave daño al gobierno. Fundamentalmente, porque su mandato electoral es luchar contra la corrupción.

El mencionado retraso no es justificable, aun cuando la entrada en vigencia de la Ley 27.275 y la mayor transparencia que ello supone, podría generar algún contratiempo al propio gobierno que la implementó. Y, desde ya, lo mismo ocurriría con el resto de los jerarcas de los demás poderes y órganos de la República.  

Ante ello, el gobierno de “Cambiemos” puede optar por el temor a la transparencia, y en consecuencia demorar o tergiversar la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información. Incluso en el marco de un “pacto” con los demás morosos públicos; o ir por el bronce. Promover una transformación profunda de las estructuras de poder instituido, como lo espera la gran mayoría de los argentinos, o seguir igual, en el mismo lodo todos manoseados.  

 

 

José Lucas Magioncalda

 

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Nuestro testigo privilegiado, Fabián, cuenta que su padre comenzó a hacer negocios ya con el fallecido ex presidente Kirchner en la intendencia de Rio Gallegos. Lo primero que recuerda, porque estuvo involucrado, fue la ampliación de la primera hostería en Calafate que fue propiedad de ellos, donde su primer testaferro fue nada más y nada menos que Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina Fernández. A los efectos, creó una empresa constructora, allá por el ´89, para ampliar y remodelar 30 habitaciones de huéspedes y de uso administrativo en la hostería llamada El Kalken,  uno de los dueños posteriores, ante todo kirchnerista, y por eso muy favorecido en la actividad turística de Calafate por la ex familia presidencial, no da pistas ni responde a quién le compró esa hostería.  Está ubicada junto al hospital de la ciudad. Lo atendieron ahí a Néstor el día de su muerte.  

Fabián recuerda además la importación de unos tomógrafos móviles, que serían para el sindicato SMATA, con Néstor ya en el gobierno, pero de los que no hay ni pistas ni registros de que hayan operado en la ciudad.  En San Andrés de Giles, dice Fabián, no hay gente que conozca el vínculo que tenía su padre con los Kirchner. Su padre, José, tiene hoy 88 años, vive en la ciudad y prefiere guardar silencio. En su registro de AFIP figura como comerciante y asesor de empresas, dirección y gestión empresarial. Nunca tuvo un cargo político, su gestión empresarial debería entenderse como “operador” para SMATA, y  para Néstor.

Fabián se radicó en Calafate, cuando tenía algo más  de 20 años, para trabajar en la hostería que sería de Ofelia, la madre de Cristina. El arquitecto, según recuerda se llamaba Mariano Salleras, vive en la actualidad en un country de la provincia de Buenos Aires y es muy amigo de su padre, Don José.

Los materiales para la obra se encargaban en una ferretería en Calafate, que luego pedían al norte, y los ladrillos portantes, directamente a Rio Gallegos. Los pasajes para ir y venir de Rio Gallegos a Calafate, Fabián dice que se los proveía una empresa llamada Interlagos, que es de una de las familias que sería  dueña de la primera hostería K, luego de que la vendieran en el año 1994, a Alexis Simunovic. 

También recuerda haber acompañado a su padre muchas veces a hablar con Artuto Puriccelli.  Los recuerdos son difusos, nadie quiere ayudarle a recordar en Calafate. Si, tiene bien grabado que por aquellos días un hombre de apellido Borman,  era el conserje de la hostería y en ese momento, novio de la hermana de Cristina.

En la hostería original, mientras se remodelaba, Fabián dice haber almorzado con Néstor, “el flaco”, como le decían, Cristina y un capataz de apellido Fernández y la hermana de Cristina, Giselle.

La memoria de Fabián a veces esclarece algunas partes de la historia: “mi padre cobraba o recibía comisión del gobierno y de una empresa que traería unas turbinas para una represa hidroeléctrica, no sé bien como terminó eso. Néstor era ya gobernador, algunos de sus negocios eran lícitos, otros no, eran muy amigos, los negocios fueron durante la intendencia y en sus periodos como gobernador”. La casa que mostró Jorge Lanata en Rio Gallegos, como la primera casa importante de los Kirchner, es dónde me hacían ir a cobrar, un día discutí con el capataz de la obra y no volví más, ahí se hizo cargo mi hermano Javier”.

La bronca lo invade cuando habla, se sintió tan engañado, lo mandaron de vuelta con un sobre con seis mil ochocientos pesos de entonces, fines de los ´80, y cuándo se lo entregó a su padre no le dieron nada, es decir, su parte del trabajo. La obra se finalizó y la dueña, en teoría, esa señora que el escuchaba decir “vivía en Buenos Aires”, no la terminó de pagar.

 

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En construcción. Imagen del presunto hotel de los Kirchner a finales de los ´80. Fotografías aportadas por la fuente testimonial.

 

Fue por entonces que su hermano Javier “se hizo abogado”, porque él asegura que vio a su madre darle el dinero, en dólares, necesario para obtener el título.

“Mi madre le dio el dinero, él no sabe redactar una carta, es un cuadrado, que no sé cómo llego hasta donde está hoy, tan diferente a mi padre, culto, preparado”. Así se refiere a su hermano Javier.

Respecto de su título de abogado, en San Andrés de Giles, muchas personas sospechan de él, de Javier, incluso algunos periodistas locales, que al leer una nota anterior de este portal, donde se lo menciona como abogado, juran que no lo es. Pero eso quedara en el terreno de las especulaciones.

Lo cierto es que Javier, quién terminó la obra de la hostería después del enojo de Fabián con el capataz, figura como abogado en la provincia de Santa Cruz, con domicilio allí, y en Ramallo donde vive actualmente se lo conoce como ´el Doctor´. Incluso niega a un medio local todo vínculo con la familia Kirchner. Siempre fue amigo de Wado de Pedro, y compañero de colegio del ex arzobispo de Zarate Campana, Oscar Sarlinga.

Aunque Javier niega todo vínculo y amistad con cura alguno, Fabián recuerda que durante más de treinta años siempre fue amigo de un sacerdote que hasta dormía a veces en la casa de sus padres en San Andrés de Giles, con el que en ocasiones y ya en plena presidencia de Néstor, solía irse de viaje. Su hermano lo desmiente al decir que sus vínculos con el kirchnerismo son innegables, pero como siempre operó en las sombras, es normal que lo niegue. “Quiso ser como mi padre, un consejero, un asesor de compras para grandes obras y se quedó siendo una sombra, operando desde allí”.

El periodista de Calafate Héctor Barabino, inició una pesquisa local para dar con los antecedentes de la hostería y de los constructores. Encontró un viejo empleado de Servicios Públicos que recuerda a un tal Don José,  de las turbinas no hay noticias, y en el caso de la hostería, una fuente le relata la siguiente historia: “era de unos ´Fernández´, que se la vendieron a Alexis Simunovic y él a su vez a un tal Pedraza que tenía empresa de transporte”.

Fabián encuentra las fotos de la obra, las mira, las guarda, las vuelve a mirar, no puede creer que nadie diga con contundencia que quién no les pago esa obra eran los Kirchner, él los vio, estuvo con ellos, cobraba en la casa de Rio Gallegos. Busca en las web fotografías de la madre de Cristina Fernández, y no tiene dudas, de que si alguna vez vio “a la señora de Buenos Aires”, era ella.

Todo es hermetismo y misterio en Calafate al respecto, nadie quiere hablar, nadie quiere contar, la señora ex presidente,  sigue siendo vecina influyente en el medio, los empresarios hoteleros sus amigos-socios y todos preservan o temen por la fuente de trabajo.

Javier ya con su título de abogado, fue a litigar el pago de la deuda, que se concretó finalmente en el año ´94 después de la venta de la hostería, Fabián sospecha por un acuerdo extra judicial.

Nunca supo hasta el 2011 que se había cobrado, su padre tampoco. Javier, siempre según su hermano Fabián, se quedó con el dinero, ya que le habían firmado un poder amplio para litigar, acordar y cobrar.

¿Fue la madre de Cristina su primer testaferro?. En su lugar en mundo todo es misterio, mientras Fabián, lo asegura sin dudarlo.

La historia de Don José y Javier, podemos conocerla en profundidad en el último libro de Luis Gasulla, “El Negocio Político de la Obra Pública”, de Editorial Sudamericana, que ya está disponible en todas las librerías del país.

 

 

 

Alicia Panero

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